A principios de este siglo, el ámbito de Ca n’Alemany, un gran sector situado a tiro de piedra de Barcelona y el aeropuerto perteneciente a Viladecans, debía convertirse en el Parque Aeroespacial y de la Movilidad de Catalunya. Pero la crisis del ladrillo frenó el ambicioso proyecto. Ya en el año 2013, se ideó ubicar allí un outlet , inaugurado en el 2016, entre otras actividades. Casi una década después de la apertura, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha declarado nulo el acuerdo del pleno municipal del 3 de mayo del año 2014 por el cual se aprueba el proyecto de reparcelación de la modificación puntual del plan parcial urbanístico de dicho sector.
La sentencia, a la cual ha tenido acceso La Vanguardia , estima en parte un recurso de apelación presentado por una decena de propietarios minoritarios de los terrenos de Ca n’Alemany en el sentido de “anular el proyecto de reparcelación en tanto que contiene una valoración en base a un estudio de mercado que no se refiere a la fecha que es procedente”. Al mismo tiempo, desestima la “impugnación indirecta de la modificación puntual del plan”.
El Incasòl redactó un proyecto con un estudio de mercado no procedente, estima el tribunal
Fuentes jurídicas de los propietarios que litigaron contra el plan dicen que la situación “no afecta a la actividad actual de la zona”. El outlet y el resto de proyectos seguirán funcionando como hasta ahora. Se entiende que los promotores actuaron como terceras partes de buena fe. Pero la reparcelación, hecha previamente por el Incasòl, no fue correcta.
Estas mismas fuentes de los denunciantes apuntan un detalle importante. Hoy por hoy, explican que “no se pueden otorgar nuevas licencias”. Ni de obras, ni de otro tipo. El Viladecans The Style Outlets nació con la idea de ampliarse en algún momento. Esta posibilidad, aseguran los demandantes, que con la situación jurídica actual no es posible.
Desde el equipamiento comercial no se interpreta igual el fallo jurídico: “El planeamiento de aplicación, que respalda la concesión de licencias, ha sido ratificado judicialmente. Nuestras operaciones continúan con normalidad y la ampliación del outlet no debe verse afectada por la tramitación del nuevo proyecto de reparcelación en curso”, aseguran fuentes de Viladecans The Style Outlets.
Costes de urbanización millonarios
Los propietarios minoritarios sufrieron dificultades para vender sus parcelas porque, según relatan, el reparto de calificaciones les perjudicó. Por eso denunciaron. Se vieron abonados a pagar costes de urbanización e intereses de demora porque no podían afrontar las cuotas. Según documentación consultada, entre todos los denunciantes pagaron más de 4,5 millones de euros. Finalmente, algunos lograron vender y otros no. “Yo pude vender una parcela, pero a la baja, para pagar las cuotas. De momento he perdido unos 400.000 euros”, relata uno de los afectados.
En este sentido, el Ayuntamiento no se moja: “De momento, no se ha pedido ninguna nueva licencia”. Abordarán el tema si hay alguna petición.
La denuncia, que en un primer momento fue desestimada y en apelación ha sido estimada en parte por el TSJC, es contra el Ayuntamiento de Viladecans, el Consorci Urbanístic per al Desenvolupament del Parc Empresarial d’Activitats y Mobilitat y el Institut Català del Sòl (Incasòl). Este consorcio está formado en un 49% por el Consistorio y en un 51% por el Incasòl, organismo de promoción de suelo de la Generalitat de Catalunya, que a su vez también era propietario de parte de los terrenos. Actualmente, este ente se apoda DeltaBcn.
“Aceptamos y respetamos la sentencia”, explican fuentes del Ayuntamiento de Viladecans. “Volveremos a hacer el proyecto de reparcelación. Nos hemos dado un margen de dos meses para llevarlo a cabo”, abundan desde el Consistorio. Fuentes del Incasòl confirman que, efectivamente, ellos fueron los encargados de redactar la reparcelación a petición del consorcio DeltaBcn y que en los próximos meses está prevista la aprobación inicial del nuevo.
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Los propietarios minoritarios del sector impugnaron el plan urbanístico al sentirse discriminados en los usos que se les otorgaron en la reparcelación. “Nos dieron las calificaciones de suelo por aquel entonces menos atractivas, como la industrial”, recuerda uno de los afectados que prefiere no revelar su nombre. Litigaron contra el planeamiento utilizando varios argumentos. Y el TSJC les ha dado la razón en uno, un estudio de mercado realizado en una fecha antigua. En su momento, buscaron una entente económica, pero no lo lograron. “Lo lógico sería sentarse y llegar a un acuerdo”, reitera este denunciante.
