El 29 de mayo, Alejandro Lyons Muskus recuperó su libertad en Florida (Estados Unidos) tras pagar una fianza de 200.000 dólares y firmar un compromiso de no abandonar el estado ni incurrir en nuevos delitos, mientras la justicia estadounidense evalúa su extradición a Colombia.
Un juez federal de Estados Unidos avaló la extradición del exgobernador de Córdoba, condenado por el saqueo de recursos públicos, aunque la decisión final depende del Departamento de Estado y la Corte Suprema de Justicia de ese país, que deben pronunciarse en los próximos días, revelaron en el periódico El Espectador.
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La defensa de Lyons ha presentado argumentos para frenar su retorno, alegando riesgos de seguridad en Colombia y el cumplimiento de más del 60 % de su condena, indicaron en el portal de información de la región Caribe Chicanoticias.
El documento judicial que respalda la extradición, fechado el 15 de mayo y firmado por el juez Edwin G. Torres, detalla que la entrega solo procederá si las autoridades estadounidenses resuelven los puntos planteados por la abogada del exgobernador, quien sostiene que su cliente enfrenta amenazas por haber sido testigo clave en el desmantelamiento del cartel de la toga.
El exmandatario, que llegó al poder con apenas 30 años gracias al apoyo de clanes políticos como los de Musa Besaile, Miguel ‘El Ñoño’ Elías y Zulema Jattin, fue protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Córdoba.
Durante su administración, entre 2012 y 2015, se desvió una suma superior a 9.000 millones de pesos de las regalías departamentales, según reportó Chicanoticias.
Lyons aceptó estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia, que en 2018 lo condenó a cinco años de prisión.Tras su condena, Lyons se refugió en Estados Unidos, donde ingresó al programa de protección de testigos por colaborar con la DEA y la Fiscalía colombiana en el caso del cartel de la toga, una red criminal que involucró a 22 altos funcionarios judiciales, incluidos magistrados, congresistas y fiscales.
Entre mayo y junio de 2017, Lyons se reunió en un centro comercial de Miami con el entonces fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno para planear una estrategia de corrupción judicial. Lo que Moreno desconocía era que Lyons grababa las conversaciones y colaboraba con las autoridades estadounidenses y colombianas, recordaron en El Espectador.
El proceso de extradición, que se ha extendido desde mayo de 2021, ha avanzado lentamente debido a las maniobras legales de la defensa de Lyons,consignaron en Chicanoticias.
Mientras tanto, el exgobernador permanece en libertad bajo fianza, a la espera de la resolución definitiva. El documento judicial de 39 páginas que avala la extradición ya está en poder de las autoridades colombianas, lo que acerca la posibilidad de que Lyons regrese al país para cumplir su condena.
Además de la condena por el desfalco de regalías, Lyons sigue vinculado a otros procesos judiciales en Colombia. En marzo de 2025, un juzgado penal de Montería lo citó como testigo clave en el juicio contra el exsecretario de Salud de Córdoba, Edwin Preciado, por el escándalo del cartel de la hemofilia.
En este caso, se desviaron 50.000 millones de pesos de los recursos destinados a la salud departamental. La investigación también salpica a la excongresista Sara Piedrahita Lyons, prima del exgobernador, quien enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por la presunta entrada de dineros ilícitos a su campaña política.
El entorno familiar y político de Lyons también ha estado marcado por procesos judiciales. Su padre, Alejandro Lyons de la Espriella, salió de prisión en noviembre de 2024 tras cumplir una condena por intentar lavar los 9.000 millones de pesos robados durante la administración de su hijo.
El exgobernador, inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta 2033, podría regresar a un escenario político y judicial muy diferente al que dejó en 2017, cuando viajó a Estados Unidos.
