La historia es larga, más de tres décadas ya, pero podría resumirse así: un matrimonio con mucho dinero decide -en vida- repartir la herencia entre sus tres hijos. La división no es exacta sino que al hijo varón le dejan mucho más. Una vez muertos los padres, la hermana mayor denuncia la inequidad ante la Justicia, que le da la razón y condena al varón a reparar económicamente a su hermana. Disgustado con el fallo, él se queja ante la Corte Suprema. Y mientras espera el veredicto del máximo tribunal, por las dudas, se desprende de sus bienes. La Justicia acaba de imputarlo por defraudación.
«Denunciarlo no fue algo deseado, pero empezó a hacer maniobras para insolventarse, maniobras que están probadas. Por eso está imputado. Ahora debe defenderse», dice a Clarín Cristina Zuccardi, la hermana mayor en esta historia que envuelve a la familia mendocina Zuccardi, hoy famosa en el mundo por su bodega.
«Puede evidenciarse como en un espacio de tiempo acotado durante el año 2024, José Alberto Zuccardi, mediante distintos actos con apariencia lícita, logró un desequilibrio patrimonial (entre los compromisos exigibles y los medios disponibles para enfrentarlos), toda vez que hizo desaparecer maliciosamente bienes y disminuyó fraudulentamente el valor de otros, con la participación de Pedro Giovanello y con la finalidad de frustrar o dificultar el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles emergentes de la sentencia civil perjudicando los derechos crediticios de su hermana María Cristina Zuccardi», dice el Ministerio Público Fiscal.
La Justicia -esta última investigación fue de la Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos- habla de «delitos de Insolvencia Fraudulenta en concurso ideal con el delito de Defraudación en la modalidad de contrato simulado». Así, imputó como autor a José Alberto Zuccardi y como partícipe primario a Pedro Giovannello, el apoderado de la bodega.
Una historia de tres décadas
En 1992, el matrimonio formado por Emma Cartellone y Alberto Victorio Zuccardi hicieron un adelanto de herencia, y repartieron entre sus tres hijos -Cristina, José y Ema-, en partes iguales, las acciones que tenían en Cimalco S.A y Cimalco Neuquén S.A, dos empresas constructoras, y le donaron a José el 100% de La Agrícola S.A. Para compensar de alguna forma a sus hermanas, José debía entregarles mensualmente vino blanco escurrido, que no es el de mejor calidad. El 9 de febrero de 2014 murió el padre.
«Nunca estuve de acuerdo, pero esperé. Pensé que se podían arreglar las cosas de otra manera, que mi hermano iba a entender que era injusto», dice Cristina. Eso no pasó y en 2018 ella le inició una demanda: asegura que no sólo lo hizo por ella sino por sus propios hijos. Consideró que esta diferencia también los perjudicó: «Termina siendo injusto con los nietos».
Cristina Zuccardi fue legisladora y funcionaria. La demanda pasó por distintas instancias hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que no sólo condenó a José Zuccardi a compensar a su hermana con doce millones de dólares por la ilegitimidad de la herencia, sino que emitió un fallo inédito con perspectiva de género.
«La actora, por el sólo hecho de ser mujer, recibió un trato desigual en la distribución de los bienes familiares. Sus padres no consideraron que tuviera la capacidad, la aptitud, la creatividad y la tenacidad para llevar adelante la empresa familiar con mayor potencial en ese momento, cualidades todas que encontraron sólo en el hijo varón«, dice en el fallo la jueza de la Suprema Corte de Mendoza María Teresa Day.
«Al analizar con detenimiento los actos celebrados y las situaciones acaecidas en el devenir de esta historia familiar, advierto la presencia de marcados estereotipos de género en las decisiones adoptadas por el causante respecto a sus bienes, los cuales resulta necesario poner en evidencia en pos del derecho a la igualdad que reclama la recurrente», agrega Day.
«La desproporción en la distribución del patrimonio no se vincula con el amor, sino más bien con decisivos patrones socio culturales, habituales en aquella época, por los cuales se consideraba que las mujeres no podían acceder a determinados ámbitos o espacios de poder, por cuanto carecían de idoneidad para desempeñarse en ellos. El lugar de la mujer quedaba así reservado al hogar, a la atención de la familia y de los hijos, en el mejor de los casos, a estudios universitarios, pero siempre impedidas de acceder a la toma de decisiones», continúa la magistrada.
Y resalta: «No debe pensarse que la situación era distinta en este caso por tratarse de empresarios y, especialmente, de una empresa de familia. Por el contrario, en el ámbito empresarial es donde más se constatan situaciones en las cuales se impide a las mujeres acceder a cargos de dirección y decisión«.
Parte de la bodega, cerca de Cordillera de Los Andes. Foto Cecilia Profetico Piedra Infinita Gravascal 2018 vino 100 puntos. Zuccardi Finca Piedra Infinita 2018, 99 puntos. Zuccardi Aluvional Gualtallary 2018, 98 puntos.El fallo detalla los montos en disputa: el valor de mercado de La Agrícola al momento de la muerte del padre fue estimado en U$S 104.630.874, mientras que el de Cimalco SA se estableció en U$S 6.349.556 y el de Cimalco Neuquén SA en U$S 6.802.507. Los hijos, además, recibieron donaciones por U$S 1.743.809,44. El total del patrimonio más las donaciones suma U$S 119.526.746,40.
Según los cómputos del tribunal, Cristina Zuccardi recibió U$S 7.868.143,62, mientras que su hermano José U$S 94.767.461,86. Finalmente, el fallo -que también lleva las firmas de los jueces Pedro Llorente y Omar Palermo- condena a José a pagarle a Cristina «U$S 12.002.827,72, más sus intereses desde la interposición de la demanda, hasta su efectivo pago”.
José no acuerda con el tribunal en que las empresas deban ser cotizadas al momento de la muerte de su padre, sino cuando fueron repartidas. E insiste en que fue él quien hizo crecer la empresa. También planteó que este fallo puede ser un antecedente que complique las herencias y los negocios de muchas otras familias. No aceptó el fallo del tribunal de Mendoza y presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
«Actos maliciosos»
José Zuccardi al recibir un premio por la bodega. «Mientras se desarrolló el proceso judicial contra José Zuccardi y con posterioridad al dictado de la sentencia, este realizó una serie de actos maliciosos con el fin de hacer desaparecer bienes de su patrimonio y disminuir el valor en relación a otros, todo a los efectos de frustrar el cumplimiento de las correspondientes obligaciones civiles con relación a Cristina Zuccardi, con la participación del Sr. Pedro Giovanello, persona de confianza de José Alberto Zuccardi», dice ahora la Justicia en la imputación.
Y los detalla: «José Alberto Zuccardi, el día 02 de agosto de 2024, transfirió el 69,88% de sus acciones de La Agrícola SA al Sr. Pedro Giovannello como Agente Fiduciario del Fideicomiso Familia Zuccardi. Desprendiéndose así José Alberto Zuccardi de un valiosísimo activo perteneciente a su patrimonio con la participación necesaria de Pedro Giovanello».
«El 27 de agosto de 2024, José Alberto Zuccardi por derecho propio y en calidad de presidente de La Agrícola SA hipotecó seis inmuebles de su propiedad (…) Menoscabando, José Alberto Zuccardi, fraudulentamente de este modo el valor de los inmuebles de su propiedad para garantir deudas actuales y futuras de terceras personas».
«Para fecha 13 de setiembre de 2024, se presenta ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial) un contrato de cesión suscripto el 25 de abril de 2024, donde José Alberto Zuccardi cede gratuitamente 112 marcas de su propiedad, valuadas en 40 millones de dólares, a la empresa Viña Santa Julia S.A. representada por Pedro Giovanello (…) Haciendo desaparecer así José Alberto Zuccardi de su patrimonio 40 millones de dólares con la participación necesaria de Pedro Giovanello».
«Una burla»
«Era una burla todo lo que estaba haciendo. Una burla a mí, y al sistema judicial –asegura Cristina-. Vivimos en un estado de derecho. Debe acatar lo que la Justicia dice. A pesar de todo el costo personal que significó para mí revolver de nuevo toda la historia, denunciarlo fue algo necesario. Esta injusticia debería resolverse en esta generación«. Una vez más, Cristina habla de las viejas desigualdades de género y del impacto que aún tiene en los hijos y los nietos.
El delito de defraudación por insolvencia fraudulenta contempla penas de prisión de hasta seis años. Los imputados José Zuccardi y Giovannello pagaron una fianza de diez mil dólares. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aún no se expidió sobre el tema.
