En un nuevo capítulo de la ofensiva política-judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, abogados conocidos por su militancia en defensa de represores de la dictadura se presentaron ante el Tribunal Oral Federal 2 con un objetivo claro: evitar que la expresidenta acceda al beneficio de la prisión domiciliaria.
Guillermo Jesús Fanego, José María Soaje Pinto, Pedro Pablo Pusineri y Elena Rita Genise actuaron en nombre de la asociación “Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica”, un colectivo que desde hace años intenta legitimar los crímenes del terrorismo de Estado. En esta oportunidad, pidieron al tribunal ser reconocidos como “amigos del tribunal” y, en la misma línea que los fiscales Luciani y Mola, exigieron que CFK sea encarcelada.
Lo que escandaliza es que estos abogados, que insisten con otorgar domiciliaria a represores mayores de 70 años, ahora sostienen que ese mismo derecho no le corresponde a la exmandataria. Incluso llegaron a argumentar que el encuentro de Cristina con referentes históricos de los derechos humanos, como Adolfo Pérez Esquivel y Taty Almeida, representa una amenaza a la “seguridad de la Nación”.
Mientras aseguran que se violan los “principios pro homine” para con sus defendidos, omiten que cientos de represores están hoy en sus casas: 498 en prisión domiciliaria, otros 76 en la llamada “cárcel VIP” de Campo de Mayo y apenas 38 en penitenciarías comunes, según datos oficiales.
La ONG que lideran nació tras el intento fallido de aplicar el 2×1 a represores en 2017. Desde entonces, han intentado instalar la idea de que los juicios de lesa humanidad son una persecución política. Denunciaron a organismos como el Equipo Argentino de Antropología Forense y hasta cuestionaron a la CIDH y al fiscal que investigó torturas en Malvinas.
La presentación contra CFK no es casual: se da luego de que la Corte Suprema dejara firme una condena en su contra y se viralizara un brindis celebratorio de Cecilia Pando. Ahora, sus aliados jurídicos redoblan la apuesta y buscan sellar con cárcel una venganza política largamente deseada.
Esta nueva avanzada revive el fantasma de un país dividido entre quienes reclaman justicia y quienes siguen justificando lo injustificable.
