El retrovisor es el arma más utilizada en política. También el eufemismo, eso de acusar a alguien de “faltar a la verdad” cuando en realidad se le quiere llamar mentiroso. En la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona se ha echado mano hoy de ese sutil y contundente arte de echar la mirada hacia atrás para reprochar errores del presente. Ha sucedido durante el agrio debate sobre Pi i Margall, una calle reformada de arriba abajo entre junio de 2022 y noviembre de 2023 y que este verano verá cómo todo la calzada se vuelve a pavimentar, con un gasto público de un millón de euros, por un error de cálculo en la elección del material. La oposición ha reclamado responsabilidades políticas al gobierno de Jaume Collboni, pero la teniente de alcalde del PSC Laia Bonet ha sido contundente: todo es culpa de Barcelona en Comú, partido que en el mandato anterior encargó el proyecto y que ahora se defiende señalando a la empresa que ejecutó las obras.
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Este es uno de esos asuntos en los que los partidos de la oposición suelen mojar pan con gran entusiasmo. Recuerden: esta arteria que une Gràcia con Horta-Guinardó se inauguró por todo lo alto en diciembre de 2023, y año y medio después, el tronco central, con unas piedras que fueron colocadas una a una, presenta un aspecto insólito, lleno de socavones y baches, amén de la desaparición de la pintura en los pasos de peatones y en el carril bici. Estos son los hechos objetivos; a partir de aquí, el reparto de culpas y la interpretación de lo que ha sucedido en estos meses va por barrios.
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Ana Jiménez
Bonet, responsable municipal de Urbanismo, ha pedido disculpas a los vecinos “en nombre de la institución” por las seis semanas de obras que serán necesarias para cambiar todo el suelo. Se colocará un “aglomerado asfáltico con piedras de granito” que sí podrá soportar el peso de los autobuses de TMB y de los vehículos pesados que operan en la zona, muchos de ellos, en el mercado de la Estrella, sito en la misma Pi i Margall.
Lo que hay es una obsesión del PSC por deslegitimar nuestro modelo de ciudad”
Janet SanzPresidenta del grupo municipal de Barcelona en Comú
Precisamente la presencia de estos autos de grandes dimensiones parece ser la piedra filosofal de la polémica. Según Bonet, en el mandato anterior, con Janet Sanz (Barcelona en Comú) liderando la cartera de Urbanismo, el PSC impuso el paso de los autobuses, algo que, según Bonet, no estaba contemplado de inicio. Así fue, pero el proyecto no se modificó, siempre según la versión de los socialistas, con lo que el pavimento se quedó con las piedras que se han demostrado insuficientes para soportar el paso constante de los autobuses. “La señora Sanz -ha apostillado la concejala del PSC- todavía no pedido disculpas, ni ha rectificado ni ha asumido el error”. A su modo de ver, BComú no cumplió su parte del “acuerdo político”.
Laia Bonet y Jaume Collboni, en diciembre de 2023, en la inauguración de la reforma de Pi i Margall
Laura Guerrero / Ayuntamiento de Barcelona
Lucía Martín, por parte de los comuns, ha saltado al cuello de Bonet y la ha acusado de mentir. También de governar de cara a la galería: “Esto es una cortina de humo; su problema es que después de dos años no tienen nada que explicar sobre su acción de gobierno”. BComú apunta directamente a la empresa adjudicataria de la obra, a la que reclama que se haga “responsable de los desperfectos”, habida cuenta de que la entrega del proyecto abre una garantía de dos años.
En conversación con este diario, la líder de BComú, Janet Sanz, niega categóricamente que el proyecto inicial no contemplara el paso del bus, y recuerda que la misma técnica urbanística es la que se está aplicando en la Rambla, donde también pasan y pasarán autobuses. Sanz avanza su intención de pedir “explicaciones técnicas a BIMSA”, la empresa pública municipal encargada de gestionar el proyecto, de manera que se puedan aclarar “las causas reales del problema con el pavimento”. “Lo que hay es una obsesión del PSC por deslegitimar nuestro modelo de ciudad”, señala, antes de recordar que todas las calles requieren mantenimiento y que, quizás, antes de levantar toda la calzada, “estaría bien aclarar qué ha pasado e intervenir solo donde sea realmente necesario”.
Una pareja camina por uno de los pasos de peatones, ya medio borrados, de la calle de Pi i Margall
Ana Jiménez
Desde Junts, la concejala Carme Lleó, que en el mandato anterior ejercía de consejera del distrito de Gràcia y conoce bien el tema, ha recordado que su formación ya advirtió en su momento sobre la elección de las piedras. “No nos diga que esto no es responsabilidad suya, ustedes también formaban parte del gobierno”, le ha recordado a la teniente de alcalde de Urbanismo.
“No nos diga que esto no es responsabilidad suya, ustedes también formaban parte del gobierno”
Carme LleóConcejala de Junts per Barcelona
Rosa Suriñach (ERC) ha hablado de un “caso de total frustración vecinal”, ha lamentado que se elijan “soluciones antiguas como es el asfalto” y ha recordado que repavimentar la calle es un contrasentido, ya que generará emisiones contaminantes cuando el objetivo último de la pacificación era precisamente el contrario. “Aceptamos sus disculpas, pero exigimos responsabilidades”, ha zanjado la edila republicana. Juan Milián (PP) se ha sumado a la petición de responsabilidades y ha afeado al gobierno su modelo de urbanismo “improvisado y mal ejecutado”. Por último, Liberto Senderos (Vox) ha hablado de “despropósito” y se ha preguntado si alguien realmente se miró el proyecto antes de llevarlo a cabo.
Si no hay contraorden, las obras de reasfaltado empezarán a mediados de julio y terminarán a finales de agosto. La fiesta, cerca de un millón de euros, se paga con dinero público. Pero si alguien piensa que la refriega política ha terminado, sin duda se equivoca. Retrovisor y eufemismos.
