Un juzgado de Tarragona investiga a dos directivos del Consorci d’Aigües de Tarragona (CAT) por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para una plataforma interna de gestión empresarial, por valor de 955.000 euros, a la que concurrieron dos empresas. La elegida fue Marqués Professional Services Information Technology SL, perteneciente a un grupo que ya trabajaba para la entidad, y fue elegida sin que se siguieran escrupulosamente los procedimientos de licitación.
La empresa perdedora, una unión temporal de dos empresas del grupo PKF ATTEST, recurrió ante el Tribunal Català de Contractes (TCC), que en septiembre del 2024 dictó una sentencia que obligaba al Consorci a rectificar. En marzo del 2025, el concurso quedó anulado y se adjudicó el contrato a PKF. Pero en medio, en octubre del 2024, los hechos habían llegado a conocimiento de la fiscalía, que en abril pidió la apertura de diligencias ante los juzgados de Tarragona.
La mesa de contratación permitió a una empresa improvisar una rebaja para ganar el concurso
Ahora, estos hechos han derivado en un proceso penal, por los presuntos delitos de prevaricación y acoso laboral a un empleado, según fuentes del caso, que está siendo investigado por el juzgado de instrucción 6 de Tarragona.
La fiscalía ha analizado la participación del entonces presidente de la entidad, Joan Alginet Alilau, en la mesa de contratación, algo prohibido en la Ley de Contratos del Sector Público.
Alginet, que fue presidente de la entidad entre 2021 y noviembre de 2024, y el secretario del consejo de administración del CAT, Jesús Martín García, que es también director de los servicios jurídicos, han sido citados a declarar como investigados el 16 de septiembre. Un día antes deben comparecer, en este caso como testigos, el responsable de la oficina de contratación, Jordi Cabré Martorell, y el gerente de la institución, Josep-Xavier Pujol. Todos ellos eran miembros de la mesa de contratación del CAT; también pertenecía a este órgano la letrada, que no ha sido citada. Fuentes del CAT aseguran no tener conocimiento de la imputación, que es vox populi entre trabajadores de la entidad.
La licitación fue resuelta inicialmente el 13 de febrero del 2024 tras la apertura de la oferta económica del concurso. El contrato tenía una duración de 46 meses y consistía en la implantación y mantenimiento del sistema Business Central-ERP, un software de planificación empresarial, con 10 meses iniciales para la instalación y tres años de seguimiento. “Tenemos más de 250 clientes de esta solución y hemos llevado a cabo más de 1.000 implantaciones con un equipo de casi 100 personas”, explica una fuente de PKF.
El coste de la licitación era de 350.000 euros en la primera fase, 170.000 en mantenimiento (entre el 2025 y el 2029), 180.000 en licencias (entre 2024 y 2029) y otros 250.000 para desarrollo “de tipo variable” y “sin compromiso de consumo” entre 2025 y 2029. Es decir, la base era de 725.000 y las prórrogas, de 230.000 euros.
El Consorci se vio obligado a anular la adjudicación y presentó un contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia
Marqués presentó una oferta de 796.428 euros, pero le faltó concretar si eso incluía las prórrogas, explica el acta de la adjudicación, que también recoge que “serán excluidas de forma automática las que ofrezcan un importe superior al importe de licitación establecido en este pliego”; en aquel caso, 725.000 euros.
La mesa de contratación decidió pedir aclaraciones a Marqués, que adecuó la oferta sobre la marcha. Las licitaciones públicas se componen de tres sobres (uno con la documentación que acredita la capacidad técnica y legal del licitador, otro con la oferta técnica para el caso concreto, y un tercero con la propuesta económica), que no se pueden mezclar.
La oferta económica de PKF era de 603.433 euros. Marqués fue invitado por la mesa a aclarar su propuesta, y la redujo a 611.619, lo que sumado a la mejor puntuación obtenida en la propuesta técnica, le valía para hacerse con el contrato. El acta recoge el malestar del representante de PKF, que pidió que se confirmase “si se ha pedido a la otra licitadora la posibilidad de presentar la oferta una vez ya conoce la de la otra”, según consta en la documentación del expediente, consultada por La Vanguardia .
El acta lleva firma electrónica. Alginet, añade el acta, no asistió a la reunión, aunque existía suficiente quorum para celebrarla. Pujol ejerció la presidencia.
En su recurso ante el Tribunal Català de Contractes, PKF denunció en primer lugar que la actuación de la mesa de contratación no fue ajustada a derecho porque se permitió a Marqués “la adaptación de su oferta” una vez abierto el sobre económico. La empresa perdedora alegó también que se produjo una contaminación porque Marqués incluyó en los tres sobres unos certificados que solo deberían haber ido en el tercero.
Todas estas irregularidades fueron validadas por el TCC y son las que han llevado a la titular del juzgado de instrucción 6 de Tarragona, Milagros Nieto, a la apertura de una investigación y a imputar a esos dos directivos.
Tras la resolución del TCC, el Consorci revirtió la contratación, pero interpuso un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Marqués hizo lo mismo por su lado. PKF ha confirmado a La Vanguardia que está personada en ambos litigios.
Fundado en 1985
Una estructura clave
El CAT es una entidad de derecho público creada en 1985 e integrada por la Generalitat, 70 ayuntamientos y 27 empresas industriales. Se encarga de captar, tratar y distribuir agua potable del río Ebro a los consorciados. Tiene un presupuesto anual de 48,8 millones de euros y es clave en la economía de la zona pero, en escala, de todo el estado; del Consorci forman parte compañías como Repsol, Ercros, Iqoxe, Carburos Metálicos, Cargill o Basf, además de los regantes de ambas riberas del río. Anualmente redistribuye unos 75 hectómetros cúbicos de agua a sus asociados. El consejo de administración está compuesto por dos representantes de la Generalitat (además del actual presidente, Marc Brunet, nombrado por el departamento de Territori), que son Xavier Villacampa y Xavier de la Fuente; los alcaldes de Tarragona, Rubén Viñuales, y Reus, Sandra Guaita; dos vocales de las comunidades de regantes, Antonio Almudéver y Domingo Alcalá; dos de la industria, que hoy son los de Repsol, Javier Sancho, y Ercros, Marc Fargas; también forman parte de este órgano Josep-Xavier Pujol y Jesús Martín, como gerente y secretario respectivamente.
