Legisladores del bloque Unión por la Patria, encabezados por Leopoldo Moreau, presentaron una denuncia ante la Comisión Bicameral de Inteligencia y la Justicia Federal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Alegan que las requisas y registros de identidad a miles de militantes que viajaban en micros desde el interior hacia una movilización de apoyo a Cristina Kirchner vulneran la Ley de Inteligencia (25.520), al recolectar datos sobre opiniones políticas sin orden judicial.
Se reportaron operativos de requisa en rutas, accesos a CABA y estaciones de trenes donde la Policía Federal y otras fuerzas federales frenaron vehículos, requisaron micros, tomaron fotografías de DNI y copiaron listas de pasajeros. Varios ciudadanos fueron demorados por señalar su destino o filiación política .
Desde el CELS advirtieron que estas tácticas representan “una práctica ilegal que busca inhibir la manifestación” y sentaron un precedente alarmante en cuanto a la criminalización de la protesta social. Según Moreau, es un paso más hacia una «deriva autoritaria» que utiliza el monitoreo masivo para amedrentar a quienes desafían al poder.
Críticas:
- Monitoreo político disfrazado de seguridad: La denuncia sugiere que el objetivo no es prevenir delitos, sino construir una base de datos que permita identificar y sancionar a ciudadanos según su militancia o intención de movilizarse.
- Violación de derechos civiles: El artículo 4° de la Ley de Inteligencia prohíbe la obtención de datos personales por opiniones políticas; estos procedimientos cuestionan el equilibrio entre seguridad y libertad de expresión.
- Efecto disuasorio: Más allá de lo legal, estos operativos tienen un claro efecto multiplicador sobre el miedo ciudadano, enviando un mensaje potente: la movilización puede tener un costo personal.
Lo que se presentó como un operativo de seguridad se transforma en una estrategia de control político: el uso de requisas y registros masivos puede funcionar como un mecanismo de disuasión político encubierto. La discusión central es clara: ¿Queremos un Estado que garantice libertades o uno que legitime prácticas propias de un control social bajo el pretexto de la protección?
