La fiscalía acusó a dos mujeres y un hombre por comercializar estupefacientes desde dos casas en el barrio La Meseta, a menos de 150 metros de establecimientos educativos. Movieron más de $90 millones en billeteras virtuales.
Tres personas fueron imputadas por la fiscal Eugenia Titanti por tenencia y comercialización de estupefacientes en el barrio La Meseta de Añelo, en pleno corazón de Vaca Muerta.
Los puntos de venta funcionaban en dos viviendas ubicadas a 100 y 150 metros de una escuela primaria y un instituto técnico, lo que agrava la situación penal de los acusados.
La investigación estuvo a cargo de la División Antinarcóticos de la Policía del Neuquén y se desarrolló entre abril y junio de este año.
En la audiencia, Titanti detalló que D.S.O, Y.A.I y R.M.S vendían cocaína y marihuana desde sus domicilios, coordinadamente, con pagos en efectivo o billeteras virtuales.
Movimientos millonarios
Según reveló la fiscalía, los imputados manejaban importantes sumas de dinero sin tener actividad laboral registrada en Añelo:
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D.S.O recibió $47 millones entre enero y abril de 2025 y acumuló $85 millones entre 2024 y 2025 a través de billeteras virtuales.
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R.M.S. recibió $9 millones en el mismo período.
Además, contaban con cuatro vehículos, utilizados para abastecerse de droga desde otras localidades.
Los allanamientos
Los tres fueron detenidos el 18 de junio, durante allanamientos simultáneos en los que se secuestraron:
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12 gramos de cocaína
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14 gramos de marihuana
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Postnet, celulares, cámaras, balanzas de precisión
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Dinero en efectivo
Según la investigación, los compradores eran atendidos en la puerta de las casas y, en ocasiones, derivados entre ambos domicilios. La fiscalía calificó el hecho como comercio de estupefacientes agravado por la participación de tres personas, en calidad de coautores.
Prisión domiciliaria y restricciones
El juez de garantías Juan Guaita convalidó los cargos y dispuso prisión domiciliaria para los tres imputados, pero en domicilios distintos a los allanados, que deberán ser previamente verificados. Además, se les prohibió cualquier contacto entre ellos o con testigos.
“Estamos frente a un claro riesgo de fuga y de reiteración del delito”, sostuvo la fiscal Titanti, quien también resaltó la falta de arraigo laboral de los acusados y su capacidad económica.
