Una importante incautación tuvo lugar en la cárcel de Bouwer luego de una denuncia anónima que alertó sobre actividades ilícitas en el interior de uno de los pabellones.
El procedimiento fue llevado a cabo en la madrugada del miércoles por efectivos de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles, quienes, tras una orden judicial, allanaron un pabellón de la unidad penitenciaria, con resultados que sorprendieron a las autoridades.
El operativo fue ordenado por la fiscalía del Distrito 1, Turno 3, a cargo del fiscal José Mana, luego de que un interno del establecimiento realizara una denuncia anónima. El recluso manifestó que en uno de los pabellones se utilizaban teléfonos celulares para coordinar actividades ilícitas, además de la presencia de armas blancas y drogas dentro de las celdas.
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Como resultado del allanamiento, la fiscalía informó el secuestro de 39 teléfonos celulares de diversas marcas y modelos, que presuntamente eran utilizados por los internos para comunicarse con el exterior y continuar con actividades delictivas.
Junto a los celulares, se encontraron 17 chips, 11 plaquetas de cargadores, varias fichas y cables USB, 10 baterías de litio, nueve fuentes de alimentación y nueve auriculares.
Las supuestas actividades ilícitas dentro de la prisión, aparentemente ligadas con maniobras de estafa a la ciudadanía a través de llamadas y mensajes por celular, no fue el único objetivo que persiguió Mana durante el operativo que ordenó este miércoles.
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Además del material electrónico, los agentes encontraron siete armas blancas, entre ellas puntas y facas de fabricación casera.
Los investigadores especulan con que estos instrumentos son comúnmente empleadas en riñas internas o como herramientas de intimidación.
A la vez, la fiscalía también secuestró aproximadamente 200 gramos de picadura de marihuana y 100 gramos de cocaína, lo que refuerza la sospecha de que dentro del pabellón operaba una red de distribución de estupefacientes.
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El procedimiento fue supervisado por personal especializado de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), quienes trabajaron en conjunto con las brigadas civiles para garantizar una intervención segura y eficaz.
Todos los elementos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Fiscal, en el marco de la causa que ahora investiga los delitos de tenencia de estupefacientes, facilitación de medios para la comunicación delictiva y portación de armas blancas dentro de un establecimiento penitenciario.
El comisario Walter Casas, de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía, destacó la importancia de la colaboración entre las distintas unidades operativas y remarcó que “la información proporcionada de manera anónima fue clave para desarticular una organización interna que violaba sistemáticamente las normas de seguridad del penal”.
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Fuentes cercanas a la investigación indicaron que se están analizando los celulares incautados para determinar con qué frecuencia eran utilizados, a quiénes llamaban los internos y si existe una red de complicidad tanto dentro como fuera del penal.
No se descarta que nuevos allanamientos se realicen en los próximos días y que se tomen medidas disciplinarias o judiciales contra los internos implicados.
Desde el Servicio Penitenciario de Córdoba no brindaron declaraciones oficiales al respecto, aunque trascendió que los procedimientos de vigilancia y requisas dentro de la cárcel son regulares.
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Sin embargo, los investigadores creen que el hallazgo de semejante cantidad de dispositivos, drogas y armas puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles y revisar las condiciones de reclusión para evitar que las cárceles sigan siendo núcleos de operación delictiva.
