Por el homicidio de Rafael Nahuel Salvo, el joven mapuche de 22 años, ocurrido en la ciudad de Bariloche en 2017, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la condena a los cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
En diciembre de 2023, el Tribunal Oral Federal de General Roca declaró culpables a los agentes Sergio Cavía, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García; todos por el “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa”. Ante la ratificación, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche consideraron que la Justicia “no condena precisamente a quienes asesinaron a Rafael”.
“El tema de la culpabilidad de las fuerzas de seguridad es algo que siempre se sostuvo: se trató de un asesinato. Y los culpables son los gendarmes enviados en ese momento por Patricia Bullrich”, señaló Hugo Aranea, werken de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, en comunicación con Radio Universidad.
En ese sentido, aseguró que “se trató de una violación absoluta de los derechos de los pueblos originarios” en el reclamo de la cuestión territorial. “Esto no alcanza simplemente con la culpabilidad que ahora se les imputa. Se habla de un exceso en la legítima defensa pero esto no es así, ya que ellos nunca fueron atacados ni violentados”, manifestó.
La lucha de los pueblos originarios de la Patagonia
A raíz de la ratificación de la condena a los cinco agentes, Aranea aseguró que las fuerzas de seguridad “históricamente violentan todos los derechos de los pueblos». Asimismo, señaló que «comenten asesinato tal como lo han hecho a lo largo de la historia de las fuerzas represivas contra los pueblos originarios”.
“La escalada represiva aquí en la Patagonia tomó mucha más fuerza durante el gobierno de Macri. Incluso se confirmó un comando en conjunto de las fuerzas para avanzar sobre la lucha del pueblo Mapuche Tehuelche, y sobre todo la lucha de los sectores populares y de los trabajadores que reclaman sus derechos, creando la figura del enemigo interno”, explicó.
Por último, Aranea alertó que el cumplimiento de los derechos humanos “corre riesgo”. “Eso lo vemos en la persecución que sufren nuestras mujeres en la zona cordillerana por grupos parapoliciales. Y la Justicia en esos casos nunca actúa, solo lo hace para defender los intereses de los poderosos”, cerró.
