Brasil enfrenta cuatro desafíos estructurales que condicionan decisivamente su futuro, a menudo denominados «las cuatro C»: corporativismo, clientelismo, corrupción y criminalidad. Estos fenómenos no son nuevos en la historia brasileña, pero su persistencia y profundización han tenido efectos devastadores en el desarrollo político, social y económico del país, socavando los cimientos del interés público y relegando el bien común a un segundo plano frente a los privilegios de grupos específicos.
El primero de estos fenómenos es el corporativismo, que en el contexto brasileño se presenta de forma particularmente problemática, marcado por la prevalencia de los intereses de grupos organizados en detrimento del interés público general. Esta distorsión se manifiesta con fuerza en el sector público, donde ciertas categorías profesionales gozan de amplios privilegios institucionales que a menudo exceden los límites de lo razonable. El Poder Judicial es un buen ejemplo de este problema. Magistrados y miembros del Ministerio Público, amparados por una serie de beneficios adicionales, superan sistemáticamente el límite salarial constitucional, creando un claro desajuste con la realidad fiscal del país y comprometiendo recursos que podrían destinarse a políticas públicas esenciales.
Esta situación no se limita al Poder Judicial: los funcionarios públicos organizados en categorías influyentes logran establecer ventajas diferenciadas en relación con el resto de la sociedad, ya sea con jubilaciones especiales, estabilidad laboral sin restricciones o acceso privilegiado a la financiación de la banca estatal. Estos grupos utilizan su capacidad de movilización política para resistir las reformas estructurales necesarias, creando una rigidez presupuestaria que limita la capacidad de inversión pública en áreas críticas como la salud, la educación y la infraestructura. El resultado es un Estado que gasta desproporcionadamente en su propio mantenimiento, en detrimento de sus funciones esenciales.
El corporativismo también es evidente en el entorno empresarial brasileño. Sectores económicos específicos se benefician de exenciones y subsidios fiscales que, si bien justificados individualmente, contribuyen a un sistema tributario complejo y a menudo injusto. En lugar de apoyar una reforma tributaria integral que simplifique el sistema y lo haga más equitativo, muchas empresas prefieren preservar los beneficios sectoriales que garantizan sus márgenes, perpetuando distorsiones que perjudican la competitividad general de la economía.
El segundo fenómeno, el clientelismo, fue magistralmente identificado por Raimundo Faoro en “Os donos do poder” como una práctica política arraigada en la cultura brasileña, basada en la distribución de beneficios materiales o simbólicos destinados a construir y mantener el poder. Esta práctica sigue siendo generalizada, presente en prácticamente todos los grupos políticos, independientemente de sus ideologías declaradas. Durante décadas, el Poder Ejecutivo negoció enmiendas parlamentarias a cambio de apoyo político, institucionalizando el clientelismo como método de gobernanza. Actualmente, el Congreso, que se apropió de una parte significativa de los fondos discrecionales del Presupuesto, utiliza este mismo instrumento para fortalecer el liderazgo político y mantener las estructuras de poder.
El clientelismo ha cambiado de rumbo, pero mantiene su fuerza e influencia. En las bases electorales, esta práctica se manifiesta mediante la distribución de beneficios directos como canastas básicas de alimentos, materiales de construcción, gafas, prótesis dentales y promesas de empleo. Si bien algunos de estos beneficios satisfacen las necesidades reales de la población, su uso como moneda de cambio política compromete la calidad del debate democrático y perpetúa relaciones de dependencia que obstaculizan el desarrollo de una ciudadanía más autónoma.
El tercer fenómeno, la corrupción, se ha consolidado como un problema sistémico en Brasil. Tras los escándalos revelados por la Operación Lava Jato, se esperaba un cambio significativo, con mayor supervisión y prácticas anticorrupción más estrictas. Sin embargo, casos recientes, como los que involucran al INSS y otras instituciones, sugieren que la corrupción sigue estando generalizada en diversas esferas administrativas y políticas.
La corrupción actual se ve agravada por la complejidad de rastrear el uso de los recursos públicos, en particular debido a la fragmentación del gasto en miles de municipios, lo que dificulta el control y precaria la supervisión. Además, la sofisticación de los esquemas de corrupción ha evolucionado, utilizando instrumentos financieros y redes de relaciones más complejos que dificultan su detección por parte de los organismos de control.
El cuarto fenómeno que determina el futuro de Brasil es el crimen organizado. Este no solo prospera, sino que se ha expandido significativamente, aprovechando las debilidades institucionales causadas por los otros tres factores. El Estado brasileño, debilitado por el corporativismo, el clientelismo y la corrupción, lucha por implementar una política coherente y eficaz para combatir el crimen organizado. Amplias zonas del país, especialmente en las afueras de las grandes ciudades y en las regiones fronterizas, enfrentan la importante presencia de organizaciones criminales que ejercen control territorial y social.
Esta realidad crea un preocupante paralelismo de poder, donde los grupos criminales asumen funciones típicas del Estado, como la seguridad, la asistencia social e incluso la mediación de conflictos. La infiltración del crimen organizado en la política representa una amenaza adicional para la democracia brasileña.
Casos documentados de financiamiento electoral ilícito e influencia directa o indirecta en cargos públicos demuestran cómo esta infiltración puede comprometer la integridad de las instituciones democráticas y distorsionar el proceso político en beneficio de intereses criminales.
El Estado brasileño enfrenta limitaciones estructurales y de capacidad para combatir eficazmente el crimen organizado. La fragmentación de las fuerzas de seguridad entre las diferentes esferas de gobierno dificulta la coordinación necesaria para enfrentar eficazmente al crimen organizado. La falta de una policía nacional especializada en seguridad pública, en un momento de creciente complejidad de la delincuencia, ejemplifica estas limitaciones. La fragmentación de las fuerzas de seguridad entre las diferentes esferas de gobierno dificulta la coordinación necesaria para enfrentar a las organizaciones criminales que operan a nivel nacional e incluso internacional.
La persistencia de las «cuatro C» también refleja aspectos de la cultura política y social brasileña que merecen reflexión. Parte de la sociedad demuestra una excesiva tolerancia hacia prácticas que deberían ser rechazadas, ya sea por desconocimiento de sus efectos, porque se benefician directa o indirectamente de ellas, o por resignación ante la aparente imposibilidad de cambio.
En el ámbito intelectual y académico, a veces existe reticencia a abordar temas como la seguridad pública con la debida seriedad, prefiriendo análisis que, aunque sofisticados, pueden no captar adecuadamente la urgencia de los problemas que enfrenta la población. Los medios de comunicación, a su vez, no siempre ofrecen una cobertura equilibrada que permita a la sociedad comprender plenamente las implicaciones de los privilegios corporativos o los costos del clientelismo.
El establishment económico está dividido entre quienes se benefician directa o indirectamente de los sistemas clientelistas y corporativos y quienes se mantienen al margen del proceso de toma de decisiones políticas. Esta fragmentación dificulta la formación del consenso necesario para reformas estructurales que beneficien a la sociedad en su conjunto.
Superar estos desafíos requiere un reconocimiento honesto de su existencia y complejidad, seguido de un esfuerzo coordinado de los diferentes sectores de la sociedad. No se trata de problemas que se puedan resolver con decretos o cambios superficiales, sino de cuestiones estructurales que exigen persistencia, coraje político y un compromiso genuino con el interés público.
El futuro de Brasil depende de la capacidad de sus instituciones y de la sociedad para afrontar estos cuatro fenómenos de forma simultánea y coordinada. Esto implica reformas en el Estado, el fortalecimiento de las instituciones de control, la mejora de los mecanismos democráticos y, fundamentalmente, un cambio cultural que priorice el bien común sobre los intereses privados.
La tarea es compleja, pero no imposible. Otros países han enfrentado desafíos similares y los han superado con reformas persistentes y cambios graduales en las prácticas políticas y sociales. Brasil cuenta con los recursos humanos, institucionales y económicos necesarios para esta transformación. Lo que falta es el interés y la voluntad política y social para llevarla a cabo de forma consistente y duradera.
-El autor, Murillo de Aragão es abogado, máster en ciencias políticas y doctor en sociología; este artículo fue publicado en Cojuntura Económicadel Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas.
