En medio de crecientes tensiones con el sector agropecuario, el Gobierno nacional confirmó que a partir del 1 de julio volverán a regir las retenciones plenas a las exportaciones de granos, que habían sido reducidas de manera transitoria en enero.
A través del decreto 439/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se establece que la soja volverá a tributar un 33 % de derechos de exportación, mientras que el maíz, girasol y sorgo pasarán nuevamente a una alícuota del 12 %. Hasta ahora, esos productos pagaban entre un 9,5 % y un 26 % gracias a un esquema de incentivo lanzado a comienzos de año.
La medida pone fin al régimen temporario que regía desde enero, cuando el Ejecutivo había dispuesto una baja de retenciones por 180 días para promover el ingreso de divisas y acelerar la liquidación del sector.
El presidente Javier Milei ya había anticipado en abril que la rebaja impositiva era excepcional. “Liquiden ahora, porque en julio se termina”, advirtió en su momento. El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó esa postura en conferencia de prensa, asegurando que el esquema inicial nunca había sido derogado de forma permanente.
Las entidades rurales manifestaron rápidamente su rechazo. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) calificó la decisión como “un golpe a la producción” y advirtió sobre las consecuencias para el interior del país.“Esto desalienta la inversión, la siembra y el empleo rural. Nos retrotrae a un esquema que no dio resultados y que afecta la competitividad del agro”, expresó la entidad en un comunicado.
Además, durante el mes de junio se registró un récord en la declaración de ventas al exterior por parte del sector, en una clara señal de anticipación al aumento de las alícuotas.
Qué productos se verán afectados
- Soja: vuelve del 26 % al 33 %
- Maíz, girasol y sorgo: del 9,5 % al 12 %
- Trigo y cebada: se mantendrán en el 9,5 %
La medida busca recaudar cerca de 900 millones de dólares adicionales, en un contexto de necesidad fiscal del Gobierno, que apunta a sostener el superávit y cumplir con las metas pactadas con el FMI.
Sin embargo, desde el campo advierten que el nuevo esquema puede frenar el ritmo de exportaciones, generar una menor intención de siembra y profundizar la brecha entre el sector productivo y la Casa Rosada.
