La Junta Nacional de Drogas (JND) presentó este jueves los lineamientos de la Estrategia Nacional de Drogas 2026 – 2030. La administración convocó a la ciudadanía a realizar aportes al respecto hasta el 5 de setiembre a través de su página web oficial. Contemplando estos planteos, se elaborará la estrategia, que se presentará en noviembre, según supo El País.
En un acto que se realizó en la Torre Ejecutiva, en una sala abarrotada, y con la presencia de políticos, académicos y exjerarcas, como Daniel Radío, extitular la Secretaría Nacional de Drogas—que prefirió no hacer declaraciones— las autoridades de los organismos que integran la JND destacaron los objetivos del nuevo plan.
El titular de la JND, el prosecretario de Presidencia Jorge Díaz, puso énfasis en la “participación activa” de la sociedad civil en este plan, y el trabajo “interinstitucional, transversal y de equipo”. “De lo contrario, nos consumen los feudalismos, las políticas sectoriales que muchas veces están orientadas por las corporaciones y no por el interés en las personas. Esta estrategia está centrada en las personas”, resaltó.
Foto: Leonardo Mainé.
El plan, de 32 páginas, consta de siete lineamientos y cuenta con un centenar de medidas. Entre ellas, unificar la atención y tratamiento en drogas, con fiscalización de centros de asistencia, medidas para regular sustancias, entre ellas psicodélicos, revisar la proporcionalidad penal, fortalecer los controles frente al narcotráfico y hasta hacer un monitoreo de las aguas residuales para estimar tendencias de uso de sustancias.
“Uruguay ha asumido históricamente, con responsabilidad y perspectiva de futuro, que el uso de sustancias psicoactivas es una realidad presente en todas las sociedades y que requiere de abordajes integrales y que no puede limitarse a enfoques exclusivamente represivos ni a respuestas sanitarias fragmentadas”, plantea el documento.
En torno al alcohol, se plantea “revisar integralmente el marco normativo vigente” para “reducir los impactos negativos”; “regular el marketing y la publicidad, y sobre todo incidir en las estrategias promocionales dirigidas a adolescentes y jóvenes menores”. También “introducir mecanismos de etiquetado visible en todos los productos alcohólicos” e “incidir en las promociones comerciales (como las del tipo 2 × 1) que incentiven el uso excesivo”.
Vinculado al tabaco y otros productos, el plan buscará promover “entornos escolares y recreativos libres de humo, vapores y publicidad encubierta”, y que los sistemas de fiscalización “incorporarán criterios para monitorear y sancionar la venta, la importación y la comercialización de dispositivos electrónicos, pouches, vapeadores y productos similares, tanto en puntos físicos como en canales digitales”.
Respecto al cannabis, se va a “priorizar la eliminación de barreras que dificultan el acceso al mercado regulado de cannabis para las personas adultas, incluyendo obstáculos legales, geográficos, burocráticos, económicos y sociales”. También se va a “promover la participación activa de pequeños y medianos emprendimientos locales en la economía regulada del cannabis”, “intensificar los controles específicos de THC en el tránsito vehicular” y activar campañas que “destaquen con claridad los riesgos asociados al uso de drogas”.
Con respecto a los psicofármacos, “se impulsarán acciones para reducir la disponibilidad de psicofármacos fuera de los circuitos sanitarios”, así como “desnaturalizar la cultura del uso crónico de psicofármacos desde campañas de sensibilización”, y “ampliar las respuestas no farmacológicas en salud mental”, entre varias medidas.
En torno a las bebidas estimulantes, altamente consumidas entre los jóvenes, se busca “diseñar campañas públicas específicas que visibilicen los componentes reales de estas bebidas, desmitifiquen su supuesto aporte energizante y ofrezcan información accesible sobre sus efectos, contraindicaciones y riesgos al combinarse con otras sustancias”. Y se va a “promover un proceso progresivo de revisión de las condiciones de oferta y comercialización”.
El plan, además, plantea medidas en torno a las “sustancias psicodélicas y disociativas”, como la psilocibina, la ayahuasca, el MDMA y la ketamina, que han cobrado “relevancia en el ámbito internacional, a partir de estudios que exploran su potencial terapéutico en el tratamiento de condiciones complejas como la depresión resistente o el trastorno de estrés postraumático”.
Entre ellas, “monitorear de forma continua y rigurosa los desarrollos clínicos, regulatorios y éticos vinculados al uso terapéutico de sustancias psicodélicas y disociativas”, así como “promover la investigación nacional con estándares éticos y científicos” para una “eventual integración de estas sustancias a prácticas de salud”.
El plan también proponer analizar «la normativa y la proporcionalidad penal en delitos de tráfico ilícito«. En ese sentido, el gobierno plantea «buscar la proporcionalidad en la respuesta penal a los delitos vinculados al tráfico de drogas, priorizando medidas alternativas a la prisión, especialmente para personas sin antecedentes».
