27-06-2025 Dicen que, de 45 millones ofrecidos por el empresario a 30 años de uso; el gobierno firmó por 15 millones, pero -llamativamente- por la misma cantidad de años. Desde el gobierno de Barrera adelantaron que enviarán la documentación que están solicitando.
«Dos expedientes extraviados, siete pedidos de informes elevados al Intendente y nunca contestados, falta total de documentación respaldatoria del proceso licitatorio y titular de la concesión en el Concejo Deliberante, son algunas de las aristas de la relación entre el municipio y la Concesión de la terminal de Ómnibus de Villa Gesell», señala una gacetilla del bloque radical.
«En el medio, una Terminal que fue votada por una inversión de 45 millones a 30 años de concesión, pero que el Municipio achico a un tercio la inversión, pero no tocó el periodo de concesión a la proporción indicada», continua señalando.
La Terminal fue posible gracias a la adhesión del Municipio, durante el gobierno de Jorge Rodriguez Erneta, mediante Ordenanza 2227 del año 2009, a la Ley 13810 de iniciativa privada. La siguiente ordenanza, 2228 declaró en su artículo 1 de Interés Público a la obra de la terminal, de acuerdo al expediente 8488/09 (por 45 millones de pesos de inversión); en su artículo 2 designa a Néstor Emilio Otero como iniciador y en el artículo 3 autoriza al departamento ejecutivo a realizar el llamado a licitación pública para el “proyecto de obra, operación, explotación comercial y administración de la nueva Terminal de Omnibus de media y larga distancia..” contemplando un plazo de concesión de 30 años, la realización de un estudio de Impacto Ambiental y un régimen de penalidades.
Cabe destacar que el desaparecido expediente 8488/09 se inicia con una nota del entonces intendente Jorge Rodríguez Erneta fechada el 22 de abril de 2009, mediante el cual eleva el expediente del Departamento Ejecutivo 255/09 para declarar de interés público la obra e iniciador de la propuesta al señor Néstor Emilio Otero, y solicita facultar al DEM para realizar el llamado a licitación pública.
Según el expediente HCD D-8488/09, a folio 13 el oferente se compromete a un plazo de construcción de 36 meses, pero con una terminal operativa a los 24 meses. Así las cosas. La terminal debió estar terminada y en funciones en el año 2012. Se puso en funciones en el 2017.
La oferta edilicia incluyó , según folio 25, en la propuesta votada a 42 locales comerciales, 3 áreas gastronómicas, 32 boleterías, 45 plataformas de embarque, torre de control y otros accesorios.
En cuanto al valor aprobado para la obra por el concejo, aparece en la foja 35 del extraviado expediente: $ 45.525.700 es la inversión total ofertada por el iniciador.
Si bien esos fueron los parámetros del oferente, el Departamento Ejecutivo de aquel entonces aprobó la licitación por un tercio de lo votado: de 45 millones se aprobaron 15, según ordenanza 2228, pero se mantuvo insólitamente el plazo de explotación de 30 años, en beneficio de Otero, un empresario que por entonces ya se lo mencionaba como vinculado a favores del kirchnerismo.
El bloque radical presentó la semana pasada, un reclamo: información sobre la polémica concesión. Dicen que «allí están las pruebas de que la reducción a un tercio entre la oferta realizada y la aprobada no tuvo el correspondiente correlato con el plazo de explotación, que proporcionalmente debería ser de 10 años».
Para el radicalismo algo está claro: si la obra hubiere cumplido los plazo debería haber estado terminada en el 2012, por lo que el vencimiento de la concesión ya estará operado.
Desde el Departamento Ejecutivo actual adelantaron que, cuando le llegue el pedido de informe, enviarán la información requerida por los concejales de oposición.
