“La forma de que no haya cegueras en las posturas es que formemos parte de las comisiones”. María Montenegro, presidenta de la Asociación Civil Unidos por Nuestra Tierra de Salta Forestal, indicó que de esta manera solicitaron a los legisladores del departamento Anta que los pequeños productores rurales que residen dentro de la amplia extensión de esta empresa estatal participen de la discusión del proyecto de ley que envió el gobernador Gustavo Sáenz.
En las más de 300 mil hectáreas de Salta Forestal hoy residen poseedores que vienen de antaño y además la explotan empresas agropecuarias extensivas, a las que el Estado salteño les concesionó grandes extensiones a cambio de un canon. Desde hace años se viene cuestionando la falta de regularización de la tenencia de la tierra por parte del campesinado, y las deficiencias en el cobro del canon.
Ahora, la iniciativa del Ejecutivo plantea la regularización dominial de los poseedores que desde siempre viven en ese territorio. Pero también abre la puerta a renegociaciones con las nuevas concesionarias, las empresas CRESUD y Anta del Plata, que explotan parte de estas tierras. En este caso, el proyecto permite a las empresas devolver a la provincia las hectáreas concesionadas que estén sin producir. Y a su vez, se dispara la posibilidad de otorgar lotes de hasta cuatro mil hectáreas a privados para que las exploten.
La novedad del proyecto de ley llegó a los poseedores por los medios de comunicación y luego, por legisladores de la zona. “Desconocíamos el contenido”, contó Montenegro tras narrar que obtuvieron más información por legisladores que se comunicaron con ellos. Aplaudió que el gobierno tome la iniciativa de la regularización dominial, pero cuestionó las formas, porque no hubo comunicacón con los habitantes y porque no se previó que pudieran ser parte de la discusión sobre estas tierras.
“No hay que desconocer que para que existan nuevas concesiones tiene que haber un ordenamiento territorial. Una cosa implica la otra”, afirmó la puestera.
Montenegro diferenció, no obstante, lo ocurrido “décadas anteriores cuando nos enterábamos por jueces de Paz cuando (el ahora senador nacional y ex gobernador, Juan Carlos) Romero hizo la concesión a (Alfredo) Olmedo (padre, con su empresa Ecodesarrollo), y a Cervera”.
Asimismo, entendió que se debe trabajar también en la reglamentación de la nueva ley, en caso de que se apruebe, como se prevé, porque el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, y aclarar puntos como los que tienen que ver con la potestad que tendría Salta Forestal SA (la empresa creada por el gobierno provincial para administrar las tierras) para otorgar concesiones. “¿Bajo qué condiciones darían las tierras?”, es una de las dudas que manifestó. Es que entre los puesteros y puesteras genera desconfianza el hecho de que ni siquiera conozcan al directorio actual encabezado por el ex presidente de la Sociedad Rural Salteña, Ignacio Lupión.
Montenegro también cuestionó el límite de las mil hectáreas para puesteros y puesteras, y la pretendida reubicación en el paraje La Bomba, dado que “ni siquiera tiene infraestructura” para recibir a quienes tomen esa posibilidad.
Entendió que son muchas las falencias que deben ser revisadas por los referentes de los 103 puesteros y puesteras que residen en Salta Forestal. Montenegro representa a unos trece puestos a través de la asociación que preside. Estas cuestiones fueron manifestadas a los legisladores anteños en un reunión que mantuvieron este miércoles, pero en la que faltaron actores como los directores de Salta Forestal o funcionarios del Ministerio de la Producción de la provincia, señaló la puestera.
Una larga y dolorosa historia
“A mí me tocó estar y ser la secretaria de Acción Social (de la Municipalidad de Joaquín V. González) en un momento donde con topadoras en los extremos y cadenas en el medio pasaban y arrasaban con las casas y con los animales de la gente que era expulsada de sus campos”, relató en la última sesión de la Cámara Alta salteña la senadora por Anta, Alejandra Navarro, al recordar el sufrimiento que vivieron muchos habitantes de las tierras de Salta Forestal cuando fueron concesionadas en el gobierno de Romero.
“Tenemos una historia muy dolorosa de Salta Forestal”, siguió, recordando a las campesinas y campesinos expulsados a los centros urbanos de ese departamento como Joaquín V. González, Las Lajitas o Quebrachal. Llegaban a las zonas urbanas “sin saber qué iban a hacer porque lo único que sabían hacer era cuidar a sus animales. Y se iban a vivir debajo de los plásticos, debajo de las lonas”, reseñó.
La senadora contó que recordó todo esto en una visita al Centro 25 de Junio, ubicado en Salta Forestal, que cumplió 50 años el 25 de junio y que “se llama así porque un 25 de junio sacó su primera hornada de carbón hacia Altos Hornos Zapla”. En su creación, en 1974 por el gobierno de Miguel Ragone (gobernador desaparecido por la última dictadura), Salta Forestal había sido pensada para hacer un aprovechamiento integral del monte, con producción de carbón, durmientes y postes.
El 25 de junio la senadora Navarro fue junto a los tres diputados por su departamento, los legisladores electos, y los secretarios legislativos del Senado y de Diputados, con el propósito de hablar con los poseedores y escuchar las demandas que hicieron.
“Creo que necesitamos tiempo no solamente para discutirlo al proyecto, sino también para socializarlo”, dijo Navarro en el Senado al poner foco sobre la historia que arrastran las tierras fiscales.
Solicitó también que en las comisiones que se conformen en la Cámara de Diputados, por donde ingresó el proyecto del Ejecutivo, también se convoque a los senadores para se r parte de las discusiones y también a los puesteros. Además, y sobre todo, pidió que este intercambio se tome el tiempo necesario para tener el mejor proyecto de ley.
Inicialmente el proyecto de ley del Ejecutivo había sido incluido como primer punto a tratar en la sesión del martes último, 24 de junio, de la Cámara de Diputados. Pero como enseguida surgieron voces, incluso dentro del mismo oficialismo, reclamando una discusión más profunda y la modificación del proyecto, su tratamiento en el pleno quedó demorado.
En el Senado hubo unanimidad en la necesidad de acompañar la postura de Navarro.
Un mea culpa
En la última sesión del Senado también se expresó el senador provincial por Cachi, Walter Wayar, quien fue vicegobernador de Juan Carlos Romero. “El proyecto pergeñado en el gobierno del que formé parte fue equivoco, erróneo, pernicioso, y perjudicial”, dijo.
Afirmó que después reconoce que fue un error porque cuando entregaron las tierras a la explotación privada ni se vio ni se hizo nada por los puesteros y puesteras que vivían en estas tierras y merecían la titularidad de las tierras.
“Priorizamos lo que a veces nos nubla la vista y nos hace ver el árbol y no el bosque”, afirmó Wayar al reconocer que en ese momento optaron por el supuesto cambio y progreso con creación de puestos de trabajo, lo que “no pasó», porque «los inversores no invertían, no se respetaba a la gente, no se pagaban los canon, tengo entendido, hay que investigar bien”.
En esta línea Wayar coincidió en que es necesario analizar el nuevo proyecto de ley y “que no nos metan un elefante en un bazar”, por lo que se debe tomar el tiempo necesario para el análisis y sacar el mejor proyecto. Y dijo que para esto, como presidente de la Comisión de Agricultra del Senado, será importante contar con la visión de la senadora Navarro, conocedora de la situación en Salta Forestal.
