Bajo convenio, los ministerios de Economía y Seguridad, cedieron 160 viviendas del Plan Procrear a efectivos de las Fuerzas Federales en Avellaneda. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, encabezó el acto de entrega de los hogares, entregados en el marco de un plan federal que suma 329 unidades habitacionales.
Según el Gobierno nacional, las viviendas “serán administradas de manera directa por las propias fuerzas, sin intermediarios, garantizando así su correcta asignación, uso y mantenimiento”. “Es un paso concreto para mejorar la calidad de vida de quienes día a día ponen el cuerpo por la seguridad de todos los argentinos”, aseguró la ministra.
En este contexto, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, señaló que las viviendas ya habían sido adjudicadas a 160 familias en 2023. “Cumplían con todos los requisitos que se les solicitaban. En 2024, a cuatro familias les dieron unas tarjetas donde debían depositar el pago de las cuotas, e inclusive había gente que ya pasaba a una segunda etapa del plan”, informó en comunicación con Radio Universidad.
Beneficiarios del Plan Procrear presentaron un recurso de amparo
Tras el cambio de destinatarios de los hogares, algunas de las familias que se iban a ver beneficiadas presentaron un recurso de amparo que, por el momento, no prosperó. “Más allá de eso, existe un derecho administrativo contemplado en la Ley 19.549 que habla de la relación del Estado con el derecho administrativo. Esto significa que debemos agotar todos los elementos administrativos que haya”, destacó García.
En este sentido, lamentó que solo “cuatro o cinco” familias afectadas hayan presentado el recurso de amparo. “Los beneficiarios probablemente tengan miedo. Porque quizás haya gente que esté trabajando para el Estado, pero no tienen por qué tener miedo. Les están avasallando nada más y nada menos que el derecho a la vivienda”, manifestó.
Y agregó: “Las entidades a las que les enviamos los oficios tienen diez días hábiles para respondernos, así que procederemos de acuerdo a las respuestas que recibamos. Esperemos que la ministra recapacite en su actitud, sino esto sería una estafa y un abuso de poder. Una violencia institucional sin precedentes”.
