La inseguridad dejó de ser un problema policial para convertirse en un freno estructural para las economías de América Latina. Según el Podcast En Primera Plana de Radio Francia Internacional, basado en informes del BID y el Banco Mundial, los costos directos del crimen alcanzan el 3,4% del PBI regional, cifra que equivale al 78% del presupuesto educativo. La criminalidad no sólo deteriora la vida cotidiana, sino también los números de la macroeconomía.
El impacto económico es evidente en sectores como el turismo, el comercio, la construcción y la inversión extranjera. Jorge Armando Núñez, doctorando en Economía en la Université Paris Cité, sostuvo que “en zonas del Caribe, la violencia reduce el valor de las viviendas hasta en un 30% y paraliza la actividad productiva”. La criminalidad instala un efecto dominó que desarma circuitos económicos completos y refuerza la desigualdad.
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Karen Liliana Laverde, profesora de Derecho y Relaciones Internacionales, advirtió que el costo económico también se percibe en el aumento del gasto público en seguridad y defensa, así como en indemnizaciones a víctimas. “Hay empresas que deben pagar extorsiones además de impuestos, lo que encarece la actividad privada y desalienta inversiones”, explicó. La presión de la criminalidad termina expulsando al empresariado formal.
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En países como México o Colombia, la extorsión es generalizada y se traduce en violencia directa contra comerciantes y emprendedores que se niegan a pagar. “En la frontera entre Colombia y Venezuela, vimos ataques letales contra quienes no aceptaron pagar cuotas extorsivas”, relató Laverde. Esa amenaza constante genera desinversión, desempleo y una fuga de talento local que migra buscando estabilidad.
Frédéric Saliba, periodista y autor del libro Cárteles, agregó que el crimen organizado crece a la par del modelo económico neoliberal, al que calificó como el verdadero “fertilizante del narcotráfico”. “No se puede analizar el narco sin analizar la desigualdad estructural. Hay jóvenes con estudios que ganan sueldos miserables, mientras el crimen les promete autos y estatus”, sostuvo. La narco-cultura funciona como refugio simbólico y como alternativa ante la exclusión.
El informe del Banco Interamericano de Desarrollo también propone una solución: fortalecer las instituciones para romper el círculo vicioso entre pobreza y crimen. Sin embargo, esa tarea exige voluntad política para combatir la corrupción y asumir la infiltración de las mafias en los gobiernos. “No hay narcotráfico sin narcopolítica. Y sin lavar dinero, nada de esto funciona”, remarcó Saliba.
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Los países que lograron reducir la violencia, como El Salvador y Medellín, apostaron por programas comunitarios de inclusión social que ofrecieron oportunidades reales a jóvenes en riesgo. Aunque el modelo salvadoreño fue criticado por su autoritarismo, la experiencia de Medellín muestra que la prevención y la formación pueden bajar la criminalidad sin violar derechos. La iniciativa Parceritos demostró que se puede construir otro horizonte.
Una reducción del 60% en la tasa de homicidios elevaría el crecimiento anual en 0,5%, según el FMI. Eso implicaría ganancias del 5% del PBI en sólo una década. Pero lograrlo exige algo más que represión. “Hay que reconstruir el pacto social. América Latina necesita trabajo digno, justicia real y gobiernos que no le den la espalda a su gente”, concluyó Saliba. El problema es profundo, pero su costo es aún más grave si no se actúa.
Material publicado por gentileza Radio Francia Internacional
