La jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, dictaminó que la Argentina debe transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, como parte del pago de la sentencia que obliga al país a pagar US$16.100 millones.
La resolución establece que las acciones deben ser depositadas en una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York en un plazo no mayor a 14 días desde la orden judicial. Posteriormente, BNYM tiene un día hábil para transferir los intereses de propiedad a los demandantes o sus designados.
Esta orden se enmarca en la presentación judicial de los fondos demandantes para cobrar el monto fijado en la condena, que permanece sin pago. La jueza Preska ya había exigido a principios de 2025 que Argentina informe sobre sus activos, incluyendo oro y acciones de empresas estatales.
Contexto y apelación
La expropiación de YPF ocurrió en 2012 durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. La Justicia estadounidense mantiene firme la condena y continúa con las medidas para asegurar su cumplimiento.
Aunque el país aún tiene la opción de apelar, en marzo de este año Preska rechazó el pedido para revisar los términos de la nacionalización de la petrolera, dejando firme el proceso de ejecución.
El fallo abre un nuevo capítulo en el litigio internacional que genera preocupación sobre la cesión de activos estratégicos estatales y su impacto económico y político.
