En un nuevo capítulo del extenso conflicto legal por la estatización de YPF, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de la petrolera como parte del pago a los beneficiarios del juicio que inició tras la expropiación realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La medida se da en el marco de una sentencia ya dictada contra el Estado argentino, que lo obliga a indemnizar con más de u$s16.000 millones por no haber lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) conforme al estatuto de la empresa cuando se ejecutó la estatización. El fallo puede ser apelado, pero establece un plazo de apenas 15 días para la entrega del paquete accionario, lo que acelera los tiempos y tensiona el frente judicial del Gobierno.
Juicio por YPF: un fallo «inédito» y los escenarios que se le abren a Argentina
La noticia fue difundida inicialmente por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. El experto advirtió también sobre la gravedad de la decisión: «Es absolutamente inédita. Por eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito amicus curiae en respaldo de la posición argentina. Se puede apelar, y tanto la propia jueza Preska como la Corte de Apelaciones podrían suspender los efectos de esta resolución».
En tanto, según señaló una fuente con conocimiento de la causa, sostuvo que «es imposible entregar esas acciones sin aprobación previa del Congreso». Y destacó que si el presidente Javier Milei decidiera avanzar en esa línea, no solo enfrentaría un freno institucional, «sino que generaría un problema para Burford, el fondo que litiga contra la Argentina, ya que para tomar control debería lanzar una oferta pública, algo que claramente no está dispuesto a hacer».
Es que, tal como remarcan expertos, la intención del fondo no es quedarse con YPF, sino negociar un acuerdo económico.
Maril remarcó que esta situación deja a la petrolera en una zona de fuerte inestabilidad: «Desde hoy, YPF tiene que vivir con el fantasma de que en cualquier momento una corte diga que su dueño ya no es el Estado, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford. Ese riesgo jurídico va a estar latente por mucho tiempo».
Los caminos legales que puede seguir Argentina
El escenario abre múltiples caminos legales y políticos. Según especialistas, la Argentina puede optar por apelar la orden de ejecución, alegando que el fallo aún no está firme, y que entregar las acciones ahora causaría un daño irreparable.
También puede solicitar una suspensión o stay of execution, es decir, una medida cautelar para congelar la implementación de la sentencia mientras continúa el proceso de apelación. En caso de que esa suspensión sea rechazada, el país podría recurrir directamente a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Otra alternativa sería abrir una negociación directa con Burford Capital, el fondo que compró los derechos de litigio luego de la quiebra de las empresas Petersen en España. Según diversas fuentes, Burford estaría más interesado en obtener una compensación económica que en quedarse efectivamente con las acciones de YPF. La posibilidad menos probable sería que la Argentina logre revertir el fallo completo mediante una apelación de fondo, algo que hasta ahora no ha prosperado.
Los expertos resaltan que, además, «el artículo 10 de la ley 26.741 –que habilitó la expropiación de YPF en 2012– prohíbe expresamente transferir las acciones sin la aprobación previa del Congreso».
«El proceso de negociación entra en una etapa opaca. Argentina va a apelar, pero el desenlace es incierto. Si se produce una modificación en el Board y en la política empresarial, eso podría afectar severamente el acceso a financiamiento externo. Hoy no hay garantía de que una futura conducción de la compañía respete el plan de negocios actual», explicó el analista de mercados Francisco Uriburu.
El fallo de la jueza Loretta Preska contra Argentina por YPF
La jueza Loretta Preska ordenó a la República Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación de la petrolera en 2012.
La decisión forma parte de la causa que impulsa el fondo Burford Capital, que compró los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía y IEASA (ex Enarsa), y que reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.
El citado fondo había solicitado a la jueza Preska que ordene a la República Argentina transferirles la titularidad de todas las acciones de la petrolera (incluyendo aquellas asignadas a las provincias) que fueron expropiadas en 2012. Esto, como consecuencia del incumplimiento del fallo que obliga al país abonar u$s16.100 millones.
En noviembre del 2023, la jueza Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio.
Hay que recordar además que, en marzo pasado, la misma jueza había rechazado un pedido para investigar cómo fue la nacionalización de la petrolera.
«Se concede la moción de los Demandantes. La República Argentina transferirá sus acciones clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días siguientes a la fecha de esta orden; e instruirá a BNYM a iniciar la transferencia de la participación de la República en sus acciones clase D de YPF a los Demandantes o a quienes estos designen dentro de un día hábil a partir del día en que las acciones se depositen en la cuenta», indica el fallo de la jueza.
Y agrega: «Convencida de que no es necesario presentar argumentos orales además de los documentos presentados por las partes, se deniega la solicitud de la República para presentar argumentos orales y se solicita respetuosamente al Secretario del Tribunal que concluya el presente caso».
Con esta resolución, la pulseada judicial entre Argentina y los fondos demandantes entra en su fase más crítica. El país enfrenta una cuenta millonaria que triplica el valor actual de mercado de la empresa y, al mismo tiempo, se le abre un frente legal y político que pone en juego el control accionario de su principal compañía energética.
