En medio de un contexto de ajuste y recorte presupuestario, el Banco de la Nación Argentina abrió una licitación pública (CDS 1273/2025) para contratar una empresa que organice una campaña de promoción itinerante por el interior del país. El objetivo declarado: sumar comercios a la plataforma de cobros +Pagos, promover el uso de la billetera digital BNA+, emitir tarjetas de crédito y brindar «educación financiera» a través de actividades recreativas.
Aunque a primera vista la iniciativa podría parecer positiva, surgen múltiples interrogantes en torno al uso de los fondos públicos, la transparencia del proceso y los verdaderos resultados de estas acciones. Según el aviso oficial publicado este 2 de julio en la Tercera Sección del Boletín Oficial, el banco busca una agencia que se encargue del despliegue de eventos, logística, contenidos, animación y hasta propuestas para “toda la familia”.
¿Cuánto cuesta una acción así?
Aunque el monto aún no se detalla, este tipo de campañas suelen implicar costos millonarios en producción, personal, traslados, escenografía, materiales promocionales y cobertura mediática. Y mientras miles de argentinos enfrentan dificultades económicas, se recortan subsidios o se congelan sueldos en sectores clave, esta apuesta por el marketing bancario resulta, al menos, polémica.
¿Qué se promueve realmente?
El pliego técnico menciona como prioridades la captación de usuarios para +Pagos, la entrega de tarjetas de crédito y la promoción de Tienda BNA+, una plataforma comercial digital del banco. Lejos de enfocarse exclusivamente en la inclusión financiera, parece una campaña de captación de clientes con lógica de mercado, pero financiada con recursos públicos.
Riesgos: tercerización, propaganda y bajo impacto
La decisión de contratar una empresa privada para llevar adelante tareas que podrían articularse desde el propio Estado refuerza la lógica de tercerización en organismos públicos. A su vez, no se descarta que estas acciones sirvan como herramientas de propaganda institucional o partidaria, especialmente si se llevan a cabo en localidades seleccionadas sin criterios claros.
Además, este tipo de campañas —aunque vistosas— muchas veces carecen de evaluación posterior. ¿Cuántos comercios se sumaron realmente? ¿Se midió el impacto educativo? ¿Hubo un cambio concreto en el acceso financiero de las personas?
¿Estamos ante una política pública de inclusión financiera o frente a un nuevo episodio de puesta en escena con recursos del Estado?
El plazo para presentar ofertas cierra el 23 de julio. Mientras tanto, quedan abiertos los interrogantes sobre los verdaderos beneficiarios de esta iniciativa: ¿las comunidades del interior o las empresas de marketing?
