Al Gobierno le esperan meses de turbulencia hasta las elecciones de octubre porque, desde el Congreso, la oposición buscará avanzar con una lista de proyectos que podrían complicar los planes económicos de la administración de Javier Milei como también generarle algún costo político.
Tal como informó Clarín, en la Casa Rosada son conscientes de que el kirchnerismo va a aprovechar el escenario de Diputados y el Senado para hacer temblar el superávit fiscal que tanto protege el Presidente. La tendencia se acentuó después de que la justicia ratificara la condena a Cristina Kirchner por el caso Vialidad.
Este martes, el peronismo dio la primera señal en el Senado al forzar una comisión presidida por el oficialismo para avanzar con el aumento de las jubilaciones, que prevé una suba de 16,4% del ingreso mensual para quienes perciben el haber mínimo y de 7,2% para los que cobran más.
El oficialismo quiere dilatar los tiempos manteniendo cerrada la comisión de Presupuesto, por donde debe pasar la propuesta, pero la oposición se prepara para dar batalla y tendría los avales para forzar el dictamen que permitiría llegar con el tema hasta el recinto.
El aumento para los jubilados tiene un costo equivalente a 0,7% del PBI, y Javier Milei ya anticipó que si lo aprueba el Senado lo vetará. Pero la incógnita es si tendrá el tercio que supo conseguir en Diputados para ratificar la decisión de la Casa Rosada, ya que se necesita el aval de una de las dos cámaras para dejarlo firme.
Otro de los temas que genera tensión con el Gobierno tiene que ver con la declaración de la emergencia en discapacidad que según la Oficina del Presupuesto del Congreso tendrá un costo fiscal de entre 0.22 y 0.42 puntos del PBI.
Esta iniciativa, al igual que el aumento a los jubilados, ya tiene media sanción de Diputados, y la oposición no K en el Senado ya exigió que se convoque el plenario de comisiones para este jueves con la intención de sacar dictamen, según se desprende de la nota presentada con las firmas de los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, junto a Guadalupe Tagliaferri (PRO), Alejandra Vigo (Unidad Federal).
En paralelo, los radicales díscolos consiguieron este miércoles en el recinto de Diputados emplazar el tratamiento en comisión de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia de salud pediátrica para que saque despacho y vaya al recinto en las próximas semanas. Un medida que apunta a atender la demanda de los trabajadores del hospital Garrahan.
Por ahora se negocia la posibilidad de convocar a una sesión para la primera semana de agosto, aunque todo es en potencial porque el clima en la Cámara Baja no es el ideal y las negociaciones son cada vez más tensas entre los mismos sectores de la oposición.
La agenda opositora también incluye propuestas para declarar la promoción en salud mental y financiamiento para las pymes, que los radicales díscolos buscan fogonear con el apoyo del kirchnerismo y los bloques federales.
A esto se suma la presión de los diputados de Córdoba que responden al gobernador Martín Llaryora y del santafesino Oscar Mirabella para ir por una baja o eliminación de las retenciones al campo. Esta jugada va a contramano de lo decidido por el Gobierno que volvió a subir las retenciones para la soja y el maíz a 33% y 12%, respectivamente.
Para completar el combo, los gobernadores ya bajaron línea en el Senado para avanzar con un proyecto para hacer coparticipable el impuesto a los combustibles líquidos y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambas iniciativas cuentan con el respaldo de todas las provincias.
Si avanza la propuesta, que ya tiene la firma de los cuatro senadores de Convicción Federal, marcará un quiebre en la relación del Gobierno con las gobernadores, que hasta aquí inclinaron la balanza a favor del oficialismo en la votación de leyes clave como la Ley Bases.
En este sentido, los gobernadores advirtieron que si no hay acuerdo por los ATN y el impuesto a los combustibles, el proyecto saldrá en ambas cámaras con los dos tercios sin margen para que pueda ser vetado por Milei.
A eso se suma la controversia generada por el fallo de la justicia de Estados Unidos que ordena el pago por el juicio relacionado con la expropiación de YPF.
Lousteau reclamó una declaración del Congreso para advertir que una Jueza en Estados Unidos «no puede exigir que otro país modifique una ley porque ella dictó una sentencia”. Su compañero de bloque, Maximiliano Abad, avanzó con la presentación de un proyecto de declaración en el Senado, en defensa del interés argentino ante el fallo del tribunal de Nueva York.
En rigor pide que se ratifique la inmunidad soberana que se desprende del artículo 10 de la Ley 26.741, que regula la expropiación de acciones de YPF S.A. Algo similar transmitió Miguel Angel Pichetto en Diputados.
Otro de los temas que genera preocupación en la Casa Rosada es la comisión investigadora del escándalo de la cripto Libra que Encuentro Federal y los radicales díscolos buscan mantener activa en Diputados. Incluso, durante la sesión de este miércoles, Martín Menem volvió a bloquear la ofensiva de la oposición al no habilitar una moción que proponía la modificación de la ley que creó la comisión.
Al no llegar a un acuerdo para la designación de autoridades, la comisión no tiene forma de volver a reunirse en lo inmediato y, por eso, se exploran opciones para reactivar la investigación que involucra al Presidente por haber promocionado el memecoin que alcanzó picos importantes en su cotización para caer en horas y provocar pérdidas millonarias.
