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Esta semana estoy participando en la IV Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo en Sevilla, una instancia clave para repensar el contrato financiero global y enfrentar los desafíos que amenazan nuestro futuro compartido. Aquí se está debatiendo sobre impuestos globales, reforma del sistema financiero internacional y nuevos mecanismos de cooperación. El mundo vive hoy una “policrisis” que combina estancamiento económico, retroceso democrático, desigualdad estructural, crisis climática y creciente desafección social. Y América Latina, lejos de ser una excepción, es probablemente un caso paradigmático.
En este contexto, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son actores centrales: acompañan a las comunidades más vulnerables, innovan en políticas públicas, promueven el diálogo democrático y sostienen redes de contención frente al debilitamiento estatal. Personalmente, lo conozco bien: hace casi 20 años que habito este espacio y hoy me toca liderar a uno de los principales think tanks de América Latina, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC). Pero hay un gran desafío: la mayor parte de la sociedad civil lo hace con un retroceso alarmante de la cooperación internacional que no ha sido suplido (ni se proyecta que lo sea) por los Estados ni por el sector privado.
Esta tensión entre creciente necesidad y menguante apoyo no es casual. Expresa una tendencia más amplia: el modelo de desarrollo vigente desde la posguerra, que articulaba crecimiento económico con cooperación multilateral y derechos sociales, ya no da respuestas suficientes para la mayor parte de la población. Los logros de las últimas décadas como la reducción de la pobreza, la expansión educativa, o las mejoras en salud son innegables. Pero también lo son sus límites: concentración de la riqueza, desregulación financiera, falta de mecanismos vinculantes en temas cruciales como el cambio climático y la evasión fiscal.
Hoy, más que nunca, necesitamos un nuevo paradigma que ponga a la vida en el centro. Un modelo que recupere el sentido de propósito colectivo, que priorice el bienestar humano y planetario. Para ello, es clave repensar no solo cómo se financia el desarrollo, sino para qué, con qué propósito y con qué valores.
Tengo la fortuna de integrar una potente red de pensamiento: el Panel Internacional para el Progreso Social. Desde allí sostenemos que no alcanza con discutir nuevas métricas o instrumentos financieros. Necesitamos revalorizar el papel de la ciudadanía (tanto nacional como global) como motor de legitimidad y también de acción.
Esto implica construir una noción de ciudadanía global que combine derechos civiles (como la libertad de movimiento o el acceso a la justicia), derechos políticos (como la participación real en las instituciones multilaterales) y derechos sociales (como la redistribución equitativa de recursos y la protección frente a las crisis).
Pero estos debates no pueden quedar en el plano abstracto. Necesitamos un compromiso concreto con la financiación de iniciativas locales, con marcos normativos que protejan el espacio cívico, y con plataformas de articulación que nos permitan incidir en las decisiones globales.
En el rediseño del financiamiento para el desarrollo, es urgente convocar al sector privado con una corresponsabilidad activa. No se trata solo de filantropía, ni de responsabilidad social empresarial, sino de comprender que los problemas complejos que enfrentamos no admiten soluciones simples ni unilaterales. Requieren respuestas articuladas, integrales y sostenidas en el tiempo.
Fortalecer el financiamiento para el desarrollo requiere también revisar el multilateralismo: no para desecharlo, como proponen algunas voces que niegan toda idea de un “nosotros” global, sino para dotarlo de eficacia, legitimidad y capacidad real de acción ante los desafíos compartidos.
En Sevilla, una y otra vez, estamos escuchando que el cambio es urgente. Pero el cambio no vendrá solo. Requiere de decisiones políticas valientes, de nuevos pactos fiscales a nivel global, y de una comprensión profunda de que, sin actores sociales fuertes, el desarrollo no será ni efectivo ni inclusivo ni sostenible.
América Latina, en particular, tiene mucho para aportar a este nuevo paradigma. Nuestra historia de luchas por los derechos sociales, nuestra capacidad de innovación comunitaria, y nuestra resiliencia ante crisis sucesivas son activos valiosos. Pero para que ese potencial se traduzca en resultados, hace falta voluntad política, recursos adecuados y un compromiso compartido.
Reimaginar el desarrollo no es un lujo intelectual. Es una necesidad práctica. Es elegir, en tiempos inciertos, el camino difícil por sobre la inercia cómoda del status quo. Es afirmar que el futuro no se improvisa: se construye, con brújula y con compromiso. Y en esa construcción, las voces de América Latina (y de su sociedad civil) deben ser escuchadas, financiadas y empoderadas.
