Pablo Grillo, Alesia Abaigar y Eva Mieri: persecución y disciplinamiento político bajo el régimen de Milei en Argentina
*Emilia Trabucco
La reciente ratificación de la condena y el encarcelamiento ilegal de Cristina Fernández de Kirchner por parte de la Corte Suprema de Justicia, por decisión del Ejecutivo, como el propio presidente Milei ratificó explícitamente, no sólo reafirmó el camino de la guerra jurídica como el camino decidido por la elite de poder en Argentina, sino que inaugura una nueva etapa de régimen autoritario, esta vez, bajo una fachada democrática: “Terrorismo de Estado de baja intensidad”, como lo definió Cristina en una publicación, tras recibir al presidente Lula Da Silva en San José 1111.
Lejos de tratarse de episodios aislados, los casos que se suceden desde entonces configuran un patrón de persecución política, criminalización de la militancia y disciplinamiento de las mayorías sociales. Esta regresión democrática se expresa tanto en el uso del aparato judicial con fines persecutorios como en el avance de un modelo autoritario como último elemento de sostén de un modelo de acumulación de capital anclado en el carry trade, la fuga y el endeudamiento, definido años atrás por Eduardo Basualdo como Valorización Financiera.
Los hechos recientes inscritos en este proceso, marcan una clara aceleración de la ofensiva ¿cuál es el sentido de la democracia en la Argentina actual con un Javier Milei que se parece, cada vez más, a Alberto Fujimori?
Criminalización de la disidencia y violencia institucional
La detención de la funcionaria bonaerense Alesia Abaigar, el pasado 25 de junio, marca un punto de inflexión en la criminalización de la militancia y la disidencia política. Por una acción que no supera el nivel de una contravención municipal -arrojar bosta de caballo y colgar un pasacalle en la vereda del diputado de ultraderecha José Luis Espert, que aún resta por esclarecer- fue arrestada y trasladada a la unidad penitenciaria federal de máxima seguridad de Ezeiza.
La paradoja es la impunidad de la que goza el diputado. Espert mantiene un historial plagado de conexiones turbias con redes de narcotráfico internacional. Durante su campaña presidencial de 2019, agradeció públicamente a Federico “Fred” Machado por un “excelente vuelo” en uno de sus aviones [1]. Pocos meses después, Machado sería detenido por narcotráfico y lavado de dinero, con acusaciones de transportar más de 10 toneladas de cocaína para el poderoso Cartel de Sinaloa. Además, se supo que, para su campaña electoral de 2019, Espert manejaba una Jeep Grand Cherokee registrada a nombre de Claudio Ciccarelli, primo de Machado, vehículo que habitualmente recogía al detenido por narcotráfico, a pedido de la justicia estadounidense, en Ezeiza. Lo más preocupante es que, según el propio Ministerio de Seguridad, Espert figuraba entre los seis autorizados a conducirla, junto a empresarios cercanos al holding SOCMA, la corporación insignia de la familia Macri [2].
Estas relaciones peligrosas distan de ser meras coincidencias. Así lo entiende, desde 2021, la justicia electoral, que investiga si “Fred” Machado financió vuelos y aportó recursos a la campaña presidencial de Espert en 2019. El fiscal Ramiro González, a cargo de la fiscalía electoral en carácter de subrogante, solicitó a la jueza María Servini que avance en la pesquisa para determinar el alcance de estos aportes irregulares y sus posibles implicancias en el financiamiento político [3].
Ante la gravedad de los hechos, el ahora diputado sólo ha respondido con provocaciones públicas y discursos cargados de odio, exigiendo “cárcel o bala” para militantes kirchneristas. Este doble estándar judicial, que encarcela a militantes por un pasacalle pero blinda a Espert pese a sus vínculos con narcotráficantes, revela la funcionalidad de grandes sectores del Poder Judicial.
En el caso de Alesia Abaigar, Eva Mieri y otros cuatro militantes, la orden de detención fue dictada por la jueza Sandra Arroyo Salgado y ejecutada en un operativo desproporcionado de la Policía Federal, bajo el mando de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El despliegue incluyó allanamientos nocturnos y detenciones violentas ocurridas el miércoles 2 de julio, entre las cuales se destaca la de la concejala quilmeña y referente feminista de La Cámpora, Eva Mieri.
El perfil de la jueza Arroyo Salgado merece especial atención. Funcionaria judicial desde hace décadas, su carrera se ha consolidado como una auténtica jueza del poder. En febrero de 2016, poco de un mes después de asumir Mauricio Macri la presidencia, prestó a sus hijas para montar una escenografía mediática que ayudó a reafirmar la hipótesis del homicidio de Alberto Nisman, su ex esposo, y ocultar el evidente suicidio del fiscal, en lo que muchos consideraron una estrategia para justificar el hostigamiento judicial en múltiples causas a diferentes actores del kirchnerismo [4].
Años más tarde, rompería con el macrismo para convertirse en una pieza clave del andamiaje judicial del mileismo. Su nombre volvió a ocupar el centro de la escena cuando en febrero de 2024 se prestó, en el programa de televisión del vocero extragubernamental Luis Majul, a una operación de disciplinamiento contra los diputados Nicolás Massot y Emilio Monzó [5]. En todos estos episodios, Arroyo Salgado actuó no como una magistrada independiente, sino como parte de una arquitectura de poder mafiosa que se ha llevado puesta la palabra “Justicia”.
Por supuesto, el hecho se inscribe en una escalada represiva avalada desde el más alto nivel del Estado. La ministra Patricia Bullrich y el propio presidente Javier Milei promovieron públicamente estas detenciones como ejemplos de “orden”. Sin embargo, lo que se evidencia es el uso del aparato judicial y policial como herramienta de persecución ideológica y política.
A este caso se suman otras expresiones de violencia institucional, como el intento de encubrimiento en la actuación de Gendarmería Nacional tras el ataque al fotógrafo Pablo Grillo durante una marcha de jubilados y jubiladas. En el informe realizado por la fuerza de seguridad, el disparo que casi le cuesta la vida al reportero fue catalogado como un hecho «fortuito» y la responsabilidad recayó sobre la víctima “por ponerse en la línea de disparo”. Mientras, el gendarme que disparó sigue en funciones y no ha sido siquiera llamado a indagatoria.
Del mismo modo, la prisión preventiva dictada contra el dirigente mapuche Facundo Jones Huala, acusado por apología del crimen y asociación ilícita en relación con una organización denominada RAM, cuya existencia es altamente cuestionada, incluso por amplios sectores de las comunidades indígenas, muestra cómo se fabrican enemigos internos para justificar el despliegue punitivo contra sectores históricamente marginados, como nuestros pueblos originarios. La criminalización de la identidad mapuche forma parte de una lógica estatal que refuerza el racismo estructural y habilita el uso de la violencia estatal. En estos casos, generalmente, el Estado se pone al servicio del despojo de tierras, en beneficio de la producción agroforestal, el mercado inmobiliario y el negocio turístico.
No pueden mencionarse estos casos, por supuesto, sin tener en cuenta una de las grandes deudas de la democracia argentina y uno de los primeros hitos de esta estrategia de disciplinamiento: la detención ilegal de Milagro Sala, referenta de la organización Tupac Amaru, desde enero de 2016.
El poder detrás del poder: internas en el Círculo Rojo
La restauración conservadora que impulsa el gobierno de Javier Milei se asienta en una reconfiguración dentro del bloque de poder. El viejo Círculo Rojo ahora vive una interna, donde el grupo de los “analógicos”, conformado por figuras como el expresidente Mauricio Macri y los empresarios Eduardo Eurnekian (Corporación América, Paolo Rocca (Grupo Techint) y Luis Pagani (Arcor), están presenciando el enriquecimiento sin límites y el encumbramiento político de los “digitales”, con personajes ahora signados por el anarcocapitalismo como Marcos Galperín (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Alejandro Oxenford (DeRemate.com y OLX), y Eduardo Elsztain (IRSA). La alianza entre sectores de la aristocracia financiera y tecnológica, y la derecha neofascista, redefine el campo de fuerzas dominante en el mundo, y Argentina no es la excepción.
Este poder no necesita mediaciones democráticas. El autodefinido núcleo neorreaccionario (NRX) de Silicon Valley, con Peter Thiel, Curtis Yarvin o el propio Elon Musk, reniegan públicamente de la democracia y prefieren la administración algorítmica de la vida, el disciplinamiento económico a través del empobrecimiento y el hambre planificado por tecnócratas de la gran banca angloamericana, y la judicialización, la violencia y la represión de toda forma de organización popular de la resistencia a su proyecto “transhumanista”.
Por eso, tienen claro que, en la centralidad de su actuación política, deben estructurarse las denominadas “milicias digitales”, agrupaciones que funcionan como brazos de hostigamiento, persecución y disciplinamiento político en redes sociales. En el caso argentino, estas milicias, con una abierta simbología fascista, funcionan al mando del “super asesor” Santiago Caputo bajo el nombre de “Las Fuerzas del Cielo”. Su función es amedrentar, hostigar y censurar toda voz disidente, convirtiendo el espacio digital en un campo de batalla donde se naturaliza el odio, se propaga la mentira, se legitima la violencia, y se dinamita la posibilidad del debate democrático, todo bajo el beneplácito de plataformas como X, con algoritmos que abiertamente inclinan la cancha para amplificar el discurso fascista.
Una democracia a lo Fujimori
Llegamos así a una encrucijada histórica. ¿Qué entiende hoy la sociedad argentina por democracia? ¿Un mero mecanismo de selección de élites para legitimar el saqueo económico? ¿O una práctica social y política de organización colectiva para conquistar derechos, construir igualdad y distribuir poder (político) y valor (económico)?
La democracia no puede reducirse al derecho al voto, menos si se ejerce bajo coerción, miedo, o manipulación. No hay democracia con proscripción política, hostigamiento planificado, y violencia institucional permanente, sin libertad de expresión, con una justicia como guardia pretoriana del poder, sin igualdad ante la ley y sin respeto a la protesta social. Mucho menos puede haber democracia cuando se encarcela a mujeres militantes y se absuelve a los que disparan a matar contra aquel que se manifiesta.
Argentina vive una democracia similar a la del Perú fujimorista. Una democracia suspendida bajo un terrorismo de Estado de baja intensidad. La valorización financiera se sostiene con la más dura e infame violencia represiva e institucional. La diferencia entre el Alberto Fujimori de 1992 y el Javier Milei de 2025 es que, al menos, el primero tuvo la honestidad de darse un autogolpe para anunciar la suspensión del Estado de Derecho.
Esto no lo decimos como un simple ejercicio de retórica.
La militancia popular debe estar más unida y solidaria que nunca, preparada para dar todos los combates que sean necesarios, mientras que la dirigencia debe ser facilitadora de la lucha, corriendo el centro de atención de quién maneja la “lapicera” en la conformación de las listas. El combate ya no es sólo electoral, y así lo atestiguan los casos emblemáticos del último tiempo: Pablo Grillo, Alesia Abaigar y Eva Mieri.
Cristina Kirchner lo anticipó: “no vienen por mí, vienen por ustedes”. El desafío de la militancia popular, de conjunto, hoy más que nunca, es defender el sentido profundo de la democracia como proyecto colectivo de justicia, participación y soberanía popular.
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https://www.elpatagonico.com/los-vinculos-espert-el-narcotrafico-n5973979
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