La ola polar que afecta la región centro del país ha desnudado la insuficiencia estructural del sistema gasífero. El Gobierno extendió 24 horas más la suspensión de venta de GNC en estaciones de servicio —acumulando ya 48 horas de cortes— para priorizar el abastecimiento de hogares. Sin embargo, detrás de esta medida de emergencia se encuentra una decisión política: la paralización y cancelación de obras públicas esenciales, que ha cortado proyectos de compresión y ampliación del gasoducto, lo que complica aún más la capacidad de distribución.
La ola polar que azota buena parte del país expuso las limitaciones del sistema energético argentino. Con temperaturas bajo cero y un aumento previsible en la demanda, miles de usuarios sufrieron cortes de gas, mientras el Gobierno extendía por 48 horas la suspensión de la venta de GNC para priorizar el consumo residencial. La escena se repite cada invierno, pero este año tiene un agravante: las principales obras para aumentar la capacidad del sistema están frenadas, por decisión política del propio Ejecutivo.
Las estaciones de servicio de GNC dejaron de atender por segunda jornada consecutiva en Mar del Plata y otras ciudades del centro del país. También se reportaron interrupciones domiciliarias en barrios enteros de Mar del Plata, con más de 8.000 usuarios afectados. Empresas industriales y comercios de las zonas más castigadas recibieron órdenes de reducir su consumo al mínimo posible. La Secretaría de Energía justificó la medida señalando que las bajas temperaturas incrementaron la demanda más allá de lo previsto.
Sin embargo, lo que parece un imprevisto climático es en realidad el resultado de decisiones políticas tomadas meses atrás. Apenas asumido, el Gobierno detuvo obras estratégicas: la segunda etapa del Gasoducto Néstor Kirchner, la ampliación del Gasoducto de la Costa y dos plantas compresoras en Vaca Muerta. Estas obras habían sido diseñadas para incrementar la capacidad de transporte del gas producido en la cuenca neuquina hacia los centros de consumo del centro y norte del país. También se paralizó la construcción de los gasoductos Norte y Sur para conectar Vaca Muerta con otras regiones.
El Ejecutivo apostó a que la iniciativa privada —particularmente la ampliación que planea Transportadora Gas del Sur para 2027— supla esa demanda. Pero esa estrategia deja a la población expuesta durante los próximos inviernos a nuevos episodios de emergencia. A esto se suma la falta de previsión para importar barcos adicionales de GNL o combustibles líquidos para cubrir los picos estacionales.
La situación generó fuertes críticas de especialistas y de intendentes de las zonas más afectadas. “Si las obras no se hubieran frenado, hoy estaríamos inyectando más gas y no haría falta cortar el suministro a hogares ni a industrias”, señaló un exfuncionario de Energía. Los sindicatos de trabajadores de la energía también advirtieron que la cancelación de proyectos no solo afecta la confiabilidad del sistema, sino que destruye puestos de trabajo calificados en un sector estratégico.
Por ahora, el Gobierno no ofreció un plan concreto para revertir la parálisis. La Secretaría de Energía aseguró que “la situación está controlada”, pero no aclaró cómo piensa garantizar el abastecimiento el próximo invierno, cuando la demanda podría ser todavía mayor si las temperaturas extremas se repiten.
🔍 Mirada crítica sobre la gestión oficial
La crisis actual de abastecimiento de gas es un ejemplo más de la lógica de ajuste indiscriminado que atraviesa a toda la política oficial. Bajo el argumento de “eficiencia” y “ahorro fiscal”, el Gobierno detuvo obras que ya estaban licitadas y en ejecución, sacrificando la seguridad energética del país y dejando a millones de argentinos expuestos a interrupciones.
La decisión también contradice el propio discurso oficial de “potenciar Vaca Muerta”, ya que sin gasoductos suficientes, los yacimientos de la cuenca neuquina quedan infrautilizados. Y lo más preocupante: no hay alternativas de corto plazo para paliar la situación. El mercado interno queda a merced de la suerte climática y de la capacidad de importar gas a precios crecientes.
En lugar de fortalecer un sector estratégico para el desarrollo industrial y la calidad de vida, el Gobierno optó por desmantelar la inversión pública y trasladar toda la responsabilidad a actores privados, sin asegurar ni los plazos ni la magnitud de las obras necesarias.
