
Desde el Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata expresaron su profunda preocupación por la fragilidad creciente del sistema energético que afecta directamente a la ciudad y la región.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que los recientes cortes de gas y las fallas del suministro eléctrico «son la consecuencia directa de un modelo que prioriza el negocio de unos pocos por sobre los derechos de las mayorías».
En tal sentido, advirtieron que «la falta de inversión estructural por parte del Estado nacional y la desidia de las empresas privatizadas evidencian un abandono sostenido que hoy golpea con fuerza a la población trabajadora».
La conducción lucifuercista remarcó que la paralización de obras e inversiones estratégicas por parte del Estado Nacional, como el Gasoducto de la Costa Atlántica y la falta de finalización de las plantas compresoras del sistema Vaca Muerta, que duplicarían la capacidad de transporte de gas hacia esta región, agravan la crisis y limitan la operación de la Central 9 de Julio, pieza clave para la generación eléctrica local.
«Esta situación expone a Mar del Plata a un escenario crítico: sin gas para calefacción y con un sistema eléctrico precario, incapaz de soportar la demanda creciente», subrayaron.
Desde Luz y Fuerza dejaron en claro que este actual escenario es responsabilidad directa de:
• El Estado Nacional, por abandonar el financiamiento, planificación y ejecución de obras energéticas fundamentales.
• Las empresas privatizadas, por la falta de inversión en infraestructura, especialmente en zonas periféricas, dejando sin respuestas a miles de usuarios frente a cortes y bajas de tensión de luz o de presión de gas.
• El modelo privatizador heredado de los años 90, que sigue vigente y prioriza la rentabilidad empresarial antes que el acceso universal a servicios esenciales.
Por ello, exigen con urgencia:
• La reactivación del Gasoducto de la Costa Atlántica y la culminación de las plantas compresoras de Vaca Muerta.
• La repotenciación inmediata de la Central 9 de Julio, dotándola de equipamiento moderno que permita afrontar picos de consumo sin depender exclusivamente del sistema interconectado nacional.
• Inversiones reales y sostenidas en redes eléctricas, bajo control público y con participación social.
«El acceso a la energía no es un privilegio: es un derecho humano esencial. No puede haber justicia social sin acceso seguro a la luz y al gas. No puede haber desarrollo sin infraestructura al servicio del pueblo», finalizaron.
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