Sin facultades y sin aliados
Desde esta semana, el Gobierno deberá ingeniárselas y aplicar un nuevo método para gestionar sin la ortopedia de la delegación de funciones. Enfrentar una tormenta política que suma:
1) El vencimiento, este martes, de la delegación de facultades que el Congreso le cedió al Poder Ejecutivo en la ley de Bases.
2) La pérdida de apoyo de los gobernadores y de los bloques amigables a la gestión Milei.
Sin la liberalidad en el uso de los DNU para proponer reformas de fondo (algunas decorativas y otras importantes), el Gobierno enfrenta el turno electoral con una vuelta al 2023 para convivir con la principal emergencia que padecen la administración y el país: la debilidad del gobierno.
Esa emergencia se mitigó con alianzas políticas con sectores de la sociedad y del Congreso. La gracia de esos acuerdos terminó y el Gobierno vuelve quedar reducido a su escasa dimensión electoral de origen. El Gobierno nació débil y su misión era ganar poder. Objetivo no logrado. Es más débil que cuando nació.
Del Milei que le hablaba al Congreso de espaldas pasó a deslizarse por los pasillos comprando votos. En lugar de desarrollar poder, se ha convertido en un estilista de la máquina de impedir. Lo que mejor le sale es frenar lo que no le conviene.
Tenía todo para ganar poder después del cataclismo de las dos grandes coaliciones en 2023. Sus jefazos, Cristina de Kirchner y Mauricio Macri erraron en el diagnóstico y la estrategia y se quedaron afuera del juego.
El mismo error de diagnóstico y estrategia lo ha cometido Milei, que tiene hoy menos poder que cuando asumió. Ser débil no ha sido por su responsabilidad. No haber ganado poder es efectivamente su responsabilidad, o de quienes le manejan la política, mientras él arrastra su utopía contable.
El veto, más lejos
El desempeño en las elecciones provinciales realizadas este año desnudó la pequeñez que había superado en el balotaje presidencial con el apoyo del arco de lo que fue Juntos por el Cambio. Aquel 56% que hizo presidente a Javier Milei volvió a quedar, en el mejor de los casos –elecciones en CABA y en las de Salta Capital para convencionales municipales- en torno al 30%.
En las negociaciones en el Congreso para proyectos odiosos o para candidaturas en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza ha demostrado el valor real de su marca. En Buenos Aires, el sector del PRO que negocia en nombre de Macri a través de Cristian Ritondo y Diego Santilli se arriesga a precipitar una división interna que le quitará fuerza.
El armado de Ignacio Torres en Chubut, y del jorgemacrismo en CABA, abre un camino que se distancia de Milei y busca recomponer lo que fue JxC. El factor de los gobernadores unidos por primera vez en una multipartidaria acentúa más el desamparo del oficialismo en el Congreso, que esta semana amenaza con llevar a la Justicia el trámite de proyectos como el aumento de jubilaciones y de partidas a universidades, que pueden ser ley con un porcentaje de votos que bloquee el único recurso que le queda al gobierno débil: el veto.
El Senado, cabecera de playa del PJ
La batalla del peronismo en el Senado es la cabecera de playa de la campaña electoral. La negativa del Gobierno a abrir la Comisión de Presupuesto y Hacienda, para dictaminar proyectos de jubilaciones y universidades, permitió a Unión por la Patria un alarde de fuerza.
Autoconvocó a la comisión, destituyó al presidente, el mileísta Exequiel Atauche, e impuso al peronista-albertista Fernando Salino. Obtuvo una mayoría, junto a radicales y el PRO, para dictaminar. Esta semana creen tener 37 senadores para auto convocar a una sesión y aprobar esos proyectos que el Gobierno dice que quiere, pero no puede, vetar.
Si esa sesión se produce el jueves, el peronismo con esos 37 votos puede intervenir comisiones y designar al secretario Administrativo de Victoria Villarruel. El cargo está vacante desde que renunció Emilio Viramonte Olmos.
Cristina conduce desde el balcón
Esta andanada está vigilada con celo desde el balcón de San José 1111. Cristina de Kirchner no tiene pensado ceder el mando en el PJ en donde se impuso presidenta del Consejo Nacional, y a su hijo en el mismo cargo en la provincia de Buenos Aires.
Le puso la tobillera al partido y lo embarca, mientras pueda, en su destino judicial. Su conducta resignifica el contenido del art. 18º de la Constitución cuando dice que “el domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados”. Ese derecho blinda el género de los “Che Milei” que salen de su cuenta en redes.
El mismo artículo proclama que “las cárceles de la Nación -en este caso San José 1111- serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice”.
El operativo rehabilitación
Cristina entiende que la tobillera es para mortificarla y construye el perfil de la perseguida política por un “terrorismo de estado de baja intensidad”. Es el argumento para ejercer la resistencia civil y programar la vuelta. El blanco de esa operación es llevar a una revisión de su condena en la accesoria de inhabilitación que cuestione la proporcionalidad entre la perpetuidad de la inhabilitación y los 6 años de prisión.
El juego que hace entre la defensa política como víctima del lawfare, y el acatamiento pacífico de la condena -no se fugó ni se asiló para evitar sus efectos- le complica un camino que le permitiría en tres años reclamar que le suspendan la inhabilitación, fecha que caería en junio de 2028.
El artículo 20º del Código Penal dice que “el condenado a inhabilitación especial puede ser rehabilitado, transcurrida la mitad del plazo de ella, o cinco años cuando la pena fuere perpetua, si se ha comportado correctamente, ha remediado su incompetencia o no es de temer que incurra en nuevos abusos y, además, ha reparado los daños en la medida de lo posible”.
No hace mucho Cristina para comportarse correctamente (dos fiscales le cuestionan la prisión domiciliaria), aunque esto sea algo altamente ambiguo y opinable -lo que es bueno para algunos, no lo es para otros-.
Lo de “remediar su incompetencia” no dice mucho, porque en su oficio en el peronismo Cristina es competente, aunque no lo fuera gobernando. Nadie puede probar que hará nuevos abusos y lo de “reparar los daños” está en curso: es el reclamo de un resarcimiento a los condenados en la causa Vialidad.
El poder a los fiscales
El país será otro desde el martes con un Gobierno débil y arrinconado por el desafío de los sectores que hasta ahora lo habían apoyado en los territorios -los gobernadores- y en el Congreso. Es un problema para los dos años que le quedan de mandato y frente a la novedad institucional más importante del año, que puede cambiar aún más las cosas.
Desde el próximo 11 de agosto regirá en la justicia federal de la Capital -el santuario de Comodoro Py- el nuevo sistema acusatorio de instrucción de las causas. Tiene una altísima complejidad en su funcionamiento y se debate en algunos pasillos si realmente el Gobierno puede llegar a postergar el comienzo de este sistema, que crea un nuevo poder en la Argentina, el poder de los fiscales.
El sistema acusatorio reduce, en cambio, el poder de los jueces, que actuarán como magistrados de garantías. Dicho en lenguaje orillero, ahora el que podrá pisar una causa y dormirla será el fiscal, no el juez. Los jueces federales de CABA se despidieron del sistema esta semana en una cumbre en Salta, provincia donde debutó, y que ya se aplica en Tucumán, Santa Fe y Mendoza.
Convivieron durante dos días todos los jueces de Comodoro Py, salvo María Servini y Daniel Rafecas (retenido por una actividad académica en Alemania). Estaban Ariel Lijo, a quien se lo identifica como el jefe político de los federales y crítico del nuevo sistema, y también el camarista Mariano Llorens, sindicado como el más entusiasmado por el cambio.
Los jueces se despiden del poder
Lijo admitió en una de las mesas que se armaron para empaparse del funcionamiento del sistema que ya se aplica, y dicen que con éxito, en Salta, que la principal dificultad es el cambio cultural que significa.
Trató de limitar el efecto de la novedad: “El 70% de los casos -dijo-, ya se resuelven dentro del Ministerio Público mediante salidas alternativas. Solo el 4% llega a juicio, y apenas el 1% termina en condena”.
Escuchaban, entre otros, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, Alejandro Catania, María Eugenia Capuchetti, Marcelo Martínez de Giorgi, Julián Ercolini y Eduardo Farah.
Sus colegas del fuero apostaron en favor de la candidatura de Lijo a Suprema Corte porque era un seguro que postergaría el nuevo sistema en CABA sine die. Vigilaban in situ funcionarios del ministerio de Justicia como Sebastián Amerio (secretario de Justicia), María Florencia Zicavo (jefa de Gabinete de Mariano Cúneo Libarona) y Alberto Nanzer (Subsecretario de Política Criminal).
Como era en Salta, apareció en un zoom el exsenador Rodolfo Urtubey, uno de los impulsores del sistema mientras ocupaba la banca. Presidió la Bicameral que vigilaba su instauración y pudo ser el Procurador de la Nación cuando gobernaban Cristina de Kirchner o Mauricio Macri. Nunca ocurrió.
No hay plata, pero hay plata
Todos los presidentes postergaron el sistema, porque no quisieron (o no pudieron, como Alberto Fernández) poner a un Procurador propio, figura que pasa a ser el hombre más importante del sistema, junto a los jueces de la Suprema Corte.
El actual interino, Eduardo Casal, reclama junto a los fiscales, reformas y cambios para el éxito del sistema. Si no funciona, las críticas recaerán sobre ellos. Carlos Guberman, el señor No de la secretaría de Hacienda, dijo que no hay plata y, encima, les pidió que recorten un 2,5% de lo que ya tienen.
Casal ilustra la necesidad material en que, en una causa, la traducción de un documento implica un gasto equivalente al 25% del presupuesto anual no asignado a sueldos del organismo. Y no es que no haya plata, porque la justicia ha incautado más de 500 inmuebles, más de 3.000 vehículos, embarcaciones, millones de dólares en cripto activos, otros tantos en depósitos bancarios en diferentes partes del mundo, o en billeteras virtuales, participaciones en sociedades comerciales, así como embargos.
“A modo de ejemplo -le dijo al ministro Cúneo en una nota de queja- en algún caso han alcanzado los U$S 1.100.000.000» (brillan los ojos de Toto). Cúneo Libarona empuja para imponer la fecha del 11 de agosto y cobrar alguna vez el mérito de haber terminado con el súper poder de los jueces. Quizás no miden lo que puede ocurrir con el poder de los fiscales.
El nuevo sistema descarga la instrucción en los fiscales, a quienes se le conceden facilidades para allanar con la sola autorización por whatsapp de un juez, cerrar litigios negociando “a la americana” con los defensores, sin llegar a juicio. Se limita el secreto de las causas y se convierte todo en público.
El nuevo sistema se aplicará en causas fechadas a partir el 11 de agosto, con alguna excepción. La Casación dispuso que la causa del exjuez de Rosario Marcelo Bailaque se tramitase según el nuevo sistema. Esa sería la razón por la cual renunció al cargo, antes de que el Consejo de la Magistratura lo destituyese.
¿Temió por su destino en un nuevo sistema cuyos responsables, los fiscales, están forzados a demostraría su eficacia? Mejor renunciar y minimizar los riesgos. Donde se ha aplicado este nuevo sistema ha estrechado las relaciones de los fiscales con las fuerzas de seguridad. Antes era un privilegio de los jueces.
El recordado Norberto Oyarbide salvó el puesto en el juicio político que se le instruyó en 2001 porque las fuerzas de seguridad salieron en su defensa. Era «propia ropa». Desde ya mejorará la buena relación de los fiscales con los medios, al tener más liberalidad para informar sin temor a prejuzgar, una restricción que limita a los jueces.
Un bombón para los comunicadores que buscan construir audiencia creando protagonistas estridentes. Para reescribir el Martín Fierro: “Hacete amigo del *fiscal*; /No le des de qué quejarse…/ Pues siempre es bueno tener/ Palenque ande ir a rascarse.”
El nuevo sistema prevé además una mejora de los sueldos. Los jueces de garantías y los fiscales pasan a cobrar como camaristas. Un fiscal de primera instancia puede alcanzar un protagonismo estelar porque quien inicia la causa puede llevarla hasta la Suprema Corte. El objetivo es darle más transparencia y rapidez a la Justicia.
Un fiscal podrá descartar causas insignificantes o donde los perpetradores hayan sufrido algún daño. Es un sistema más garantista que dará protagonismo a los abogados. Por ejemplo, favorece la libertad durante el proceso, y limita las prisiones preventivas, que quedan restringidas a temores ciertos de fuga o entorpecimiento.
