La Justicia se reúne este lunes para definir el futuro de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner
Este lunes al mediodía, la Cámara Federal de Casación Penal llevará a cabo una audiencia clave para definir el futuro de la modalidad de cumplimiento de la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El debate gira en torno a si la expresidenta continuará bajo arresto domiciliario en su vivienda del barrio de Constitución o si será trasladada a una unidad del Servicio Penitenciario Federal, como exigen los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, se reunirá en una audiencia oral y pública donde escuchará los argumentos tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal. La defensa insiste en que no existen elementos que justifiquen un cambio en las condiciones actuales, mientras que los fiscales sostienen que la pena debe cumplirse en una cárcel común, sin ningún tipo de excepción.
Luciani y Mola consideran que la gravedad de la condena, que implica seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, no se corresponde con un régimen domiciliario. Además, cuestionan la seguridad del domicilio actual de la exmandataria, pese a un informe oficial que lo declaró completamente adecuado. Ante esto, incluso propusieron que, si se mantiene la prisión en el hogar, se designe otro inmueble.
En cuanto al uso de la tobillera electrónica, los fiscales insisten en su obligatoriedad como parte del control judicial. No obstante, la defensa, liderada por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostiene que la vigilancia ya está garantizada por la custodia permanente de la Policía Federal y que el dispositivo sería una medida innecesaria y estigmatizante.
Los abogados remarcarán en la audiencia que Cristina Kirchner siempre cumplió con las órdenes judiciales y que no representa riesgo de fuga. También argumentan que la prisión domiciliaria no es un beneficio exclusivo, sino una medida justificada por razones de seguridad personal, especialmente tras el intento de asesinato que sufrió en 2022.
Este debate judicial no solo definirá las condiciones de cumplimiento de la condena de la exvicepresidenta, sino que también sentará un precedente en cuanto al trato que reciben las figuras políticas condenadas por causas de corrupción en el país.
