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Una de las detenidas antes de ingresar al estadio.
Durante controles realizados en los alrededores del Defensores del Chaco, dos mujeres, familiares de Javier Rotela, fueron detenidas por contar con órdenes de captura.
El subcomisario Blas Espínola informó acerca de los resultados del operativo de seguridad desplegado antes de cada encuentro deportivo.
Fueron aprehendidas 16 personas que dieron positivo al alcotest. Además, un cuidacoches. También fueron detenidas tres mujeres que contaban con órdenes de captura.
Lourdes Carolina Rotela Barboza (22) y Laidy Diana Romero Rotela (19), requeridas por estafa mediante delitos informáticos.
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“Querían ingresar por el portón 10 para ver el partido, se les solicitó la cédula y dijeron que no tenían y que no sabían su número, se averiguó por el sistema de la Policía y ahí se supo”, explicó el subcomisario, en contacto con los medios.
Ambas son parientes de Armando Javier Rotela, según los intervinientes. También fue detenida Nancy Espínola, con orden de captura por violación del deber del cuidado.
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Coimas en Senave: fiscal revela el modus operandi y ruta del dinero
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Ing. Agr. Pastor Soria Melo, expresidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE). Foto: Gentileza.
Una estructura mafiosa operaba dentro del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE), cobrando coimas de hasta G. 25 millones a importadores de productos frutihortícolas.
La fiscal Yeimy Adle, en entrevista con GEN, detalló cómo el seguimiento del flujo financiero permitió llegar hasta los 11 imputados, entre ellos el extitular del ente, Pastor Soria, y el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas.
La investigación fiscal reveló una mecánica que involucraba tanto a funcionarios como a operadores externos. Se trataba de una red de extorsión que operaba desde oficinas del Estado y exigía pagos irregulares a cambio de agilizar certificados de Acreditación Fitosanitaria de Importación (AFIDI), imprescindibles para el ingreso legal de frutas y hortalizas al país.
Todo comenzó con la denuncia presentada el 4 de marzo del 2024 por Karen Leticia Leguizamón, presidenta de ASICOPACE, gremio de importadores del Mercado de Abasto. Alegó que funcionarios del SENAVE exigían hasta G. 10 millones por la emisión de cada AFIDI, cuyo costo oficial es de apenas G. 17.715.
Los importadores, con mercaderías sensibles como cebolla, papa o tomate esperando en frontera bajo riesgo de pudrición, terminaban pagando bajo presión para evitar millonarias pérdidas.
Según explicó la fiscal Adle, los importadores recibían llamadas y visitas de intermediarios, quienes conocían a detalle los trámites de los importadores consignados en la Ventanilla Única de Importación (VUI). Ofrecían “agilizar” las AFIDI a cambio de coimas que oscilaban entre G. 5 y 25 millones.
La investigación determinó que seis de los 11 imputados eran funcionarios del SENAVE, y cinco actuaban desde fuera de la institución. Algunos de estos terceros, como Ramona Arce Ramírez, recibían dinero en efectivo; otros, como Plinio Gamarra Morel, canalizaban el dinero mediante transferencias bancarias.
EL RASTRO DEL DINERO
La clave para llegar hasta la cabeza del esquema fue el seguimiento financiero. Según la fiscal, parte del dinero transferido por importadores fue rastreado hasta cuentas a nombre del entonces presidente de SENAVE, Pastor Soria, tanto en el Banco Nacional de Fomento como en una firma vinculada a su familia, SOMEL S.R.L.
“El dinero transferido por importadores pasaba por la cuenta de Plinio Gamarra y luego llegaba a cuentas del señor Pastor Soria”, explicó la fiscal Adle. “Ese circuito es el que permitió sostener la imputación por lavado de dinero”, subrayó.
La lista de imputados incluye a Pastor Emilio Soria Melo, Miguel Ángel Báez Soria, Martín Luis María Lezcano Villalba, Herminio David Batte Martínez, Juan José Lezcano Del Puerto, Sergio Rodríguez Escobar, además de los externos Roberto Cárdenas Ramírez, Víctor Leiva Cardozo, Ramona Arce Ramírez, Plinio Gamarra Morel y Eladio Figueredo.
Los delitos atribuidos son: cohecho pasivo agravado, extorsión, asociación criminal y lavado de dinero. Las medidas cautelares solicitadas incluyen prohibición de salir del país, de acercarse al SENAVE o al Mercado de Abasto, y de comunicarse con las víctimas, además de una caución real.
No se descarta que nuevos nombres surjan a medida que avance la investigación. “Si detectamos la participación de más personas, se ampliará la causa”, indicó.
Comerciantes del Abasto protestan contra la corrupción
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Karen Leguizamón, presidenta de la Asociación de Comerciantes del Abasto.
Tras el destape del caso de pedidos de coimas a comerciantes, trabajadores del Mercado de Abasto se movilizan desde temprano en protesta contra pedidos de coima para importar sus mercaderías.
La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Mercado 4, Karen Leguizamón, del gremio de importadores frutihortícolas, habló acerca de la cantidad de notificaciones que están recibiendo desde la Municipalidad, en medio de la crisis por los pedidos de coima.
“Para pedirnos coimas, notificarnos y multarnos se acuerdan del mercadero, nos piden licencia comercial, que tiene como requisito tener plano aprobado, y eso es algo que la municipalidad tiene, no nosotros”, explicó Leguizamón, en una entrevista con Gen.
Denunció que la infraestructura es deplorable en el Abasto y que necesitan reactivar las fuentes de trabajo, pero que las autoridades se dedican a cobrar coima a cambio del certificado fitosanitario.
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“10 millones es lo mínimo que solicitaban, como gremio siempre aportamos a la producción nacional, después hablan de que los sobrecostos son por los intermediarios”, lamentó.
De momento no pudieron conversar con el interventor Carlos Pereira, quien está a cargo de la administración.
La Fiscalía formuló imputación contra el titular del Senave, Pastor Soria y otras 16 personas por cohecho pasivo. Posteriormente, el funcionario fue destituido del cargo.
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Eliminan más de 648 toneladas de marihuana en Amambay
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Foto: Gentileza.
La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), en coordinación con el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), completó siete días de intensas incursiones en zonas boscosas del Departamento de Amambay, con apoyo logístico de la Policía Federal del Brasil.
Las tareas se centraron en localidades como Cadete Boquerón y Trabuco, donde se ejecutaron ingresos terrestres y aéreos para anular infraestructura y logística del narcotráfico. Las acciones cuentan con el acompañamiento de la fiscal Rossana Coronel.
Durante el operativo fueron erradicadas 208 hectáreas de cultivos de marihuana, lo que equivale a unos 624.000 kilogramos de droga en etapa de crecimiento. Además, se procedió a la destrucción de 69 campamentos narcos y la incineración de más de 24.000 kilogramos de marihuana ya procesada (picada y prensada).
Según estimaciones, la droga eliminada tendría un valor superior a 19 millones de dólares en Paraguay. Sin embargo, el lucro cesante para las estructuras criminales supera los 97 millones de dólares, considerando su valor final en el Brasil.
La serie de operaciones “Nueva Alianza” representa una estrategia conjunta y sostenida entre Paraguay y Brasil para debilitar el narcotráfico en sus bases de producción. A nivel global, no existe una iniciativa operativa de estas características que logre neutralizar tanto volumen de droga en tan corto tiempo.
Finalizada la intervención en Amambay, el equipo operativo fue desplegado en la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, Departamento de Canindeyú, donde continuarán las incursiones en áreas protegidas que están siendo utilizadas por el crimen organizado para la instalación de cultivos ilícitos.
