Ivonne Salamanca, madre sola de 37 años con dos hijas y un hijo que aterrizaron en Barcelona desde Bogotá en plena pandemia de la covid, encaja en el perfil mayoritario de personas atendidas por la Fundació Habitatge Social. Esta entidad vinculada a Càritas alerta de que el aumento de la familias monoparentales que precisan un techo es el cambio más relevante que han detectado en sus 35 años de historia. Este grupo ya representa más del 39% del total de beneficiarios que acceden a una vivienda de alquiler a precio social de dicha fundación, por primera vez por delante de las parejas con hijos, el 38%. Habitatge Social reivindica ayudas específicas para estas familias a través de una mayor oferta de viviendas de protección oficial, dándoles más puntos en los baremos de adjudicación y con líneas de aval que faciliten el paso del alquiler social al mercado privado.
“Llegué a Barcelona con mis dos hijas, que ahora tienen nueve y diez años; mi hijo, de 22; mi madre, y mi hermano menor. Quiero ofrecerles más oportunidades. Primero nos instalamos en un piso ocupado, en total éramos 22 personas”, relata Ivonne recordando sus primeros pasos en Barcelona. Desde mayo del 2023, Ivonne y los suyos residen en un piso que le ha proporcionado Habitatge Social por el que paga un renta simbólica de 25 euros más gastos. Sin tener todavía el permiso de residencia hace trabajos por horas de lo que le sale, limpiando casas, cuidando a niños y a ancianos y paseando perros.
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Antes de que Ivonne y sus hijos accedieran a su actual vivienda pasaron por cuatro pisos ocupados
“Yo me quedé embarazada a los 16 años y tuve que dejar la escuela y ponerme a trabajar, mi sueño es que mis hijas y mi hijo acaben los estudios”, comenta junto al ventilador que refresca su hogar una tórrida mañana de julio. El mayor finaliza ahora su formación, un grado superior de Administración y Finanzas.
El contrato de alquiler que firmó con Habitatge Social es de tres años y está sujeto a que siga un plan de trabajo para encarrilar su autonomía y estabilidad. Esta fundación, que gestiona un parque de viviendas en régimen de alquiler temporal a un precio social, proporcionó un techo seguro en el 2024 a 473 familias en riesgo de exclusión, 61 más que en el 2019. Durante este periodo las monoparentales han aumentado un 3% y las parejas con hijos han bajado cinco puntos. El periodo medio de estancia en los pisos de Habitatge Social es de 5,6 años; en el 2024, un total de 28 familias encarrilaron su autonomía.
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La “temporalidad” de este recurso se alarga por la dificultad de encontrar un alquiler asequible. “Tenemos ciudadanos que tienen empleos fijos pero que no pueden pagar los precios que se piden”, apuntan fuentes de la fundación, que cobra a los inquilinos mensualidades que varían en función de sus ingresos, la mayoría oscilan entre los 150 y los 300 euros.
Antes de que Ivonne accediera a su actual hogar pasó por cuatro pisos ocupados, el ya citado, y otros tres. Relata que pagaron entrada y unos 600 euros mensuales creyendo que el arrendador era el legítimo propietario. Pero no. La búsqueda desesperada de vivienda propicia la proliferación de delincuentes que rompen cerraduras y se apropian de miles de viviendas.
