Los primeros meses de 1975 fueron de una tensa calma en el terreno de la lucha de clases. La dureza represiva, en permanente ascenso, impuso cierta cautela a la clase trabajadora a las hora la conflictividad. Sin embargo, las condiciones de la economía alimentaban el malestar social. Desde finales de 1973, el mundo asistía a la llamada crisis del petróleo, que empujaba las tendencias inflacionarias a escala global y desembocó en una recesión abierta. Ese crítico escenario golpeaba sobre la estructura atrasada y dependiente del capitalismo argentino.
Julio de 1974 marcó un momento especialmente crítico, cuando el mercado europeo se cerró a la exportación de carnes argentinas. El país sufría la escasez de dólares, lo que alentaba las tendencias inflacionarias y a la devaluación. El constante desbarajuste de los precios caotizaba el conjunto de las variables económicas. La clase capitalista se entregaba a un lobby furioso por sus intereses, al tiempo que motorizaba la especulación sin vergüenza alguna.
Mostrando que la represión no había cerrado el ciclo abierto con el Cordobazo, la bronca obrera encontró canales para salir a la superficie. En los primeros meses de aquel 1975 crítico, una masiva ola de ausentismo invadió el país, alcanzando al 20 % de la clase trabajadora: uno de cada cinco asalariados faltó a sus labores.
En ese torrente de malestar debía navegar la burocracia sindical peronista. Enfrentada a la rebeldía permanente que anidaba en amplios sectores de la base obrera, tenía, también, cuentas pendientes con la nueva fracción política que, tras el fallecimiento de Perón, encabezaba el Poder Ejecutivo. Isabel y López Rega, junto a su séquito, apostaban por una política que doblegara al conjunto de la clase trabajadora. Más allá de sus diferencias internas, ambas fracciones encontraban un punto de unidad en la ofensiva contra la vanguardia obrera.
El fin del Pacto Social
Creación de Gelbard y Perón, el Pacto Social había buscado impedir la radicalización obrera limitando la lucha por salarios, al congelar la negociación paritaria por dos años. El endurecimiento del Código Penal y la Triple A conformaban parte del andamiaje represivo, tanto estatal como para-estatal, destinado a sostener esa política.
En el marco de aquella crisis, estaba pasando a la historia. Desde el 1° de marzo de 1975 retornó la negociación paritaria. Alfredo Gómez Morales, viejo funcionario peronista y nuevo titular del Ministerio de Economía, estableció el 1° de junio como fecha tope para arribar a acuerdos.
En ese escenario, la fracción de Isabel y López Rega intentó una política de shock, apostando a nivelar los ingresos salariales a la baja, al tiempo que se corregían los desequilibrios de la balanza comercial [1]. La decisión implicó una suerte de traición a las conducciones sindicales. Una tentativa de rebalanceo de las relaciones al interior del peronismo, en detrimento de la burocracia que aún dirigía a la mayoría de la clase trabajadora.
El 26 de mayo se celebró un acuerdo general que establecía un 38 % de aumento salarial. El 31 de mayo, Gómez Morales dejó el cargo de ministro. Lo sucedió, 48 horas más tarde, Celestino Rodrigo, quien tres días después lanzó un brutal ataque sobre las condiciones de vida de las masas. El hombre pasaría a la historia dándole nombre a un tipo de ajuste marcado por su carácter violento: el Rodrigazo. A la devaluación de la moneda se unían aumentos siderales en múltiples áreas: la nafta subió un 172%; las tarifas de autotransporte, 100%; de subte, 150%; del ferrocarril urbano, un 80%. Además, el pan pasó de $400 a $680 y la manteca de $4.350 a $8.200.
Rebelión en las calles: las jornadas de junio y julio de 1975
Roto el Pacto Social desde arriba, la respuesta desde abajo se constituyó a través de un poderoso ciclo de movilizaciones, que se extendió a lo largo de más de un mes, abarcando las principales concentraciones obreras y populares del país. Un proceso huelguístico iniciado en Córdoba y que se extendió nacionalmente, llegando a imponer la convocatoria a la primera huelga general contra un gobierno peronista, el 7 y 8 de julio de 1975.
Aquel enorme espectáculo de acción directa dejó a las conducciones sindicales oficiales casi como simples espectadoras. A lo largo de casi cuatro semanas, la iniciativa partió desde las bases, en cada fábrica o lugar de trabajo. En ese proceso global se constituyeron y cobraron vital importancia las Coordinadoras Interfabriles, que se concentraron esencialmente en el conurbano bonaerense. Expresando profundas tendencias a la autoorganización, éstas habilitaron un proceso de unidad entre distintas fracciones obreras, superando el marco de cada gremio o sector.
Ese enorme proceso de movilización fue una respuesta a la intransigencia estatal. Apostando estratégicamente a derrotar a la clase obrera, el Gobierno de Isabel y López Rega se negó durante semanas a aplicar la Ley 14.250, homologando los acuerdos paritarios cerrados entre empresas y trabajadores. Esa negativa oficial hizo ascender el proceso de movilización. Al mismo tiempo, acorraló a la burocracia sindical, obligándola a salir de un lugar de negociación que no la conducía a ningún lado.
El 27 de junio, en el marco de un paro convocado en el Área Metropolitana de Buenos Aires, una masiva protesta reclamó a gritos la renuncia de Rodrigo y López Rega. La movilización marcó un punto de quiebre. Hasta ese momento, mediante diversas modalidades, la tónica general había sido esencialmente reivindicativa, económica. Aquel día mutó a enfrentamiento político con el Gobierno; a un desafío mucho más profundo al poder capitalista [2].
Las Coordinadoras Interfabriles hicieron entonces su acto de presentación; se constituyeron en vehículo organizativo de amplios sectores de la clase trabajadora. El proceso de huelga y movilización redobló en potencia. Los siguientes diez días escenificaron el violento contraste entre una clase obrera masivamente movilizada y un poder que solo atinaba a mantener las apariencias. El conurbano se convirtió en gigantesco teatro de lucha: masivos contingentes obreros intentando ingresar a la capital del país; un Gobierno que resistía a fuerza de enormes operativos represivos. Se trataba de impedir que esa rebeldía obrera llegara al centro del poder político.
El llamado a la huelga general del 7 y 8 de julio nació de ese gigantesco dilema. Brazo social del peronismo gobernante, la burocracia sindical se jugaba, también, su propia existencia. Cerrar la crisis implicaba, necesariamente, que rodarán cabezas. Atada a esa contradicción, la CGT eligió que la guillotina cayera sobre los odiados ministros Rodrigo y López Rega. El paro nacional fue contundente. La clase trabajadora paralizó el país en toda su extensión. Derrotada, Isabel Perón homologó de inmediato los acuerdos paritarios. Rodrigo y López Rega pasaron al basurero de la historia nacional. El Gobierno, herido por la fuerza obrera, se convirtió en rehén de la dirigencia sindical. Antonio Cafiero, nombre mítico del peronismo, devino expresión política de ese poder, cuando ascendió al cargo de ministro de Economía.
