La reciente decisión del gobierno chileno de cerrar sus fronteras a la carne y reproductores proveniente de la Patagonia argentina encendió las alarmas en el sector ganadero regional. Juan Luis Uccelli, director ejecutivo de CAFROPAT —la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia—, brindó una entrevista en la que analizó el impacto de la medida, cuestionó el accionar de las autoridades nacionales y advirtió sobre un posible efecto dominó a nivel internacional.
“Desde el primer día dijimos que esto podía pasar”, comenzó Uccelli, refiriéndose a la Resolución 180/25, emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que modificaba el estatus sanitario de la barrera patagónica. “Esa resolución, que originalmente era por 90 días, se prorrogó por otros 60, hasta el 9 de agosto, porque no había respuesta de la Unión Europea ni de Chile respecto de cómo iban a reaccionar ante este cambio”, explicó.
El verdadero problema, según Uccelli, estalló con la emisión de la Resolución 460/25. Esta normativa, en sus considerandos, afirmaba que tanto la Unión Europea como Chile habían dado respuestas favorables a lo planteado por la Argentina. Sin embargo, la realidad terminó siendo muy distinta. “Nosotros pedimos las cartas oficiales, pero no las recibimos. Y después empezaron a aparecer las verdaderas respuestas de Chile”, relató.
Chile, lejos de avalar la modificación, reafirmó su decisión de restringir el ingreso de carne ovina desde la Patagonia. “El 4 de julio nos llegó una respuesta donde Chile dice claramente que sólo permitirá el ingreso de animales en pie que ya estaban en cuarentena antes de la nueva resolución. El resto, no”, sostuvo Uccelli. “O sea, ratificaron lo que ya habían dicho el 4 de junio. Pero SENASA tardó 22 días en comunicar esa respuesta”.
Esta incongruencia entre los hechos y lo que figura en los documentos oficiales genera desconfianza en el sector. “Es muy preocupante que en los considerandos de la resolución se diga que la respuesta fue favorable, cuando claramente no lo fue. ¿Favorable para qué? ¿Para cerrar el mercado o para seguir exportando?”, se preguntó.
El impacto económico de esta medida podría ser devastador. La Patagonia exporta más de 4.000 toneladas de carne ovina al año, lo que representa cerca de medio millón de dólares anuales en divisas, según Uccelli. Pero el valor económico es solo una parte del problema. “El cordero patagónico tiene una marca reconocida en Europa, y ese valor diferencial no se puede trasladar a otros mercados fácilmente”, explicó.
Si se pierde el acceso a la Unión Europea, Japón, Reino Unido y otros destinos exigentes, las consecuencias se replicarán en toda la cadena productiva. “Eso va a bajar los precios, porque en Argentina no hay un mercado que pague lo mismo que Europa. Y si baja el precio, se le paga menos al productor. Muchos van a empezar a cerrar sus rodeos”, advirtió.
Sector ovino: impacto social
Esto impactará no solo en la carne, sino también en la lana, que representa el 30% del ingreso para los productores ovinos. “La lana se exporta en su gran mayoría. Si el productor deja de criar ovinos, también se cae esa exportación”, señaló Uccelli. El sector ovino patagónico sostiene directa e indirectamente a unas 200.000 personas. Si se multiplican los puestos de trabajo por el número promedio de integrantes de cada familia, se calcula que unas 800.000 personas —aproximadamente el 30% de la población patagónica— dependen de esta actividad. “Estamos hablando de una medida que pone en riesgo la soberanía de la región. Hay muchos campos en la Patagonia donde no se puede hacer otra cosa más que ovinos. No se puede reemplazar por turismo aventura, como algunos creen”, enfatizó.
Ucelli Juan Luis vale
Juan Luis Uccelli, director ejecutivo de CAFROPAT, se mostró escéptico con las nuevas medidas del SENASA.
Uccelli fue cauto a la hora de identificar responsables, pero fue claro al señalar la falta de previsión por parte del Estado. “No hablo de culpables, hablo de responsables. SENASA, la Secretaría de Agricultura, el Ministerio de Economía. Todos sabían que esto podía pasar. Lo comunicamos por nota desde CAFROPAT en varias oportunidades”, denunció.
Además, criticó el apuro con el que se tomó la decisión final: “Nos pusimos contentos cuando se prorrogó por 60 días, porque eso indicaba que esperaban una respuesta. Pero a los 15 días emitieron la Resolución 460 sin esperar al 9 de agosto. Fue un apuro que no se entiende”. Sobre el trasfondo de la medida, Uccelli se mostró escéptico: “Obviamente debe haber intereses que presionaron para que esto sucediera. Intereses privados, no públicos. Pero no puedo afirmar quiénes son porque no los conozco”.
Finalmente, advirtió que la apertura de la barrera sanitaria podría traer otros problemas aún más graves: “¿Qué pasa si hay un brote de aftosa en Paraguay o Bolivia y se traslada a Formosa o Jujuy? ¿Qué va a pasar entonces con esta barrera debilitada? Acá no se midió el costo-beneficio real. ¿Cuánto más asado se va a vender? ¿Por cuánto tiempo bajó el precio? ¿Quién se va a quedar con la diferencia cuando vuelva a subir?”.
La entrevista con Uccelli deja una sensación amarga: la de un sector que ve cómo se debilitan décadas de trabajo y desarrollo regional por decisiones poco reflexionadas. Y lo más preocupante: lo advertido, lamentablemente, está ocurriendo.
