El 9 de julio de 2024, en la Casa Histórica de la provincia de Tucumán, Javier Milei logró un consenso entre 18 mandatarios provinciales y miembros de su Gabinete y firmó, finalmente, el denominado Pacto de Mayo. Fue en un horario poco habitual: cerca de medianoche, pero, además, contó con un curioso pedido que sorprendió a los convocados: el dress code, los presentes debían ir vestidos con traje oscuro.
Los gobernadores que no participaron de la firma del acta fueron Axel Kicillof por la provincia de Buenos Aires, Sergio Ziliotto de la provincia de La Pampa, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Ricardo Quintela de La Rioja y Claudio Vidal por Santa Cruz, aunque este último, en realidad, no pudo estar en Tucumán por la crisis climática.
Lo cierto es que, el año pasado, la intención del Gobierno era llegar al 25 de mayo con la Ley Bases promulgada y publicada en el boletín oficial, pero la agenda se retrasó, ya que en aquel momento, las comisiones del Senado continuaban negociando modificaciones. Llegado el día, en el marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, en la provincia de Córdoba, solo hubo una visita y un acto protocolar.
Las diez políticas del pacto
Fue el responsable de la comunicación del Gobierno, Manuel Adorni, quien dio a conocer “las diez políticas refundacionales y fundamentales para devolverle la grandeza a la Nación”. En ese marco, el considerado “pacto que porta el espíritu de la libertad y la esperanza de la Revolución de Mayo y la determinación de los padres fundadores” quedó conformado de la siguiente manera:
1. La inviolabilidad de la propiedad privada.
2. El equilibrio fiscal innegociable.
3. La reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25 por ciento del Producto Bruto Interno.
4. Una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar.
5. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos promueva el comercio.
6. La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual que padecen las provincias.
7. El compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país.
8. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal.
9. Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron.
10. La apertura al comercio internacional, de manera que la Argentina vuelva a ser protagonista del mercado global.
A un año de la firma del pacto, la relación entre el Presidente Javier Milei y los jefes provinciales se empantanó. En este tiempo, el Poder Ejecutivo comenzó el proceso de privatización de rutas nacionales, eliminó la Dirección Nacional de Vialidad, paralizó alrededor de 1.400 obras de todo el país, y no cumple, según las provincias, con el esquema de distribución equitativa de los fondos que recauda.
Incluso, los gobernadores de todas las provincias, junto al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), impulsaron dos proyectos de ley. Uno propone la eliminación de todos los fondos fiduciarios que se financian con el impuesto a los combustibles líquidos para que las 24 provincias “puedan destinar esos fondos según las prioridades que cada una defina”, y el otro busca que el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) se distribuya de acuerdo con la coparticipación primaria y secundaria de la Ley 23.548.
Fin de las facultades delegadas
Otra de las malas noticias de este año para el Presidente es que vencieron las facultades delegadas que el Congreso le había otorgado mediante la sanción de la Ley Bases. Durante su vigencia, el Gobierno de Javier Milei podía modificar, por decreto y sin pasar por el Congreso, cuestiones centrales en materia administrativa, económica, financiera y energética. Con el vencimiento de ese plazo, el Ejecutivo pierde la posibilidad de avanzar unilateralmente en esos temas, ya que esas atribuciones extraordinarias habían sido conferidas de forma temporal.
