La Justicia Federal ordenó la «inhibición general de bienes» a los dueños de los laboratorios y las droguerías bajo sospecha en el caso del fentanilo contaminado, por el que se investigan al menos 52 muertes ocurridas en centros asistenciales de Argentina.
También tienen prohibición de salir del país, por lo tanto quedan imputados en el proceso penal que intenta determinar las responsabilidades de este episodio sanitario.
El juez Ernesto Kreplak, a cargo de la investigación, ordenó «congelar» los movimientos de dinero e inmuebles y otras propiedades de 25 personas y nueve empresas. Están en la lista los hermanos Ariel, Damián y Hernán García Furfaro, la madre de ellos, Nilda, y otros familiares directos.
También se restringe la posibilidad de movilizar fondos a personas que actuaban como directivos, directores técnicos y otros empresarios que realizaron operaciones de traspaso de acciones de las firmas sospechadas.
Las limitaciones rigen desde el 8 de julio, cuando el magistrado firmó la resolución. Se remitieron copias al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, de la Capital Federal, de la provincia de Santa Fe, a la DNRPA, los Registros Nacionales de Buques y Aeronaves y las administraciones de los clubes de campo San Diego y San Patricio.
El listado de restringidos coincide -en casi la totalidad- con las personas y los domicilios que ya fueron allanados. Hubo procedimientos en las sedes farmacéuticas a mediados de mayo y luego hace una semana. Agentes de fuerzas federales actuaron en Ramallo, San Nicolás, Rosario, CABA y barrios privados de la zona norte del Gran Buenos Aires, en busca de elementos de prueba.
A partir de la decisión de Kreplak, no podrán mover bienes: Rocío del Cielo Garay, jefa del área Ampollas del laboratorio Ramallo; Adriana Iudica, jefa de Microbiología de Ramallo; Oscar Rufinengo, empleado de la droguería Alfarma; Marcela Fernanda Vozza, esposa de Ariel García Furfaro; María Victoria García, jefa de un área técnica de Ramallo; y Olga Luisa Arena, abuela de los García Furfaro, madre de Nilda Furfaro y quien figuraba como directiva de algunas sociedades familiares.
Además, aparecen Rodolfo Antonio Lambrisciano, abogado que representaba a los «nuevos» dueños de HLB Pharma. Es que la empresa había comenzado un plan de venta y el comprador era Sebastián Daniel Nanini. A ese empresario también lo alcanzó la decisión judicial igual que a otra abogada, Andrea Silvana Chierasco que se presentó como directiva de la nueva sociedad compradora.
La nomina se completa con: Jorge Manuel Salinas, socio de Garcia Furfaro en el ex laboratorio Apolo (que explotó de manera extraña en Rosario), directivo de HLB y mencionado en la causa del tráfico de efedrina. Carolina Ansaldi, directora técnica de Ramallo; José Antonio Maiorano, director técnico de HLB; Edgardo Scafani, director de Sueros de Ramallo; y Wilson Daniel Pons, farmacéutico, ex director Técnico de Ramallo.
Otros cargos directivos de estas sociedades afectados por la decisión de Kreplak: Miriam Patricia Juarez, gestora externa de ambos laboratorios; Javier Martín Tchukram, jefe de planta, de extrema confianza de García Furfaro; Horacio Tallarico, gestor interno de los laboratorios; Víctor Boccaccio, director de microbiología de Ramallo; Dayana Astudillo, empleada de Ampollas de Ramallo; Guillermo Mariano Musante, gerente general de Ramallo; y Nilda Furfaro, madre de los García Furfaro y ex presidenta de HLB.
Más cuentas bloqueadas
También quedaron bloqueadas las cuentas y bienes de las siguientes empresas: HLB, Ramallo y Alfarma, que gerenciaban los hermanos García Furfaro; Regional Med SRL, otra droguería que operaba con los laboratorios investigados; Glamamed SRL, distribuidora que tiene sede en Saavedra, CABA y que vendía en Capital y GBA; Nueva Era Rosario SRL, droguería que vendió parte de estos lotes contaminados; Surar Farma, laboratorio que le vendió la licencia de fentanilo a HLB; y Cables Epuyen, una empresa de conectores industriales que compró Damián García, con deudas y casi sin operaciones.
El juez argumenta que en esta etapa del proceso puede suponer que el «entramado societario complejo, que abarca numerosas actividades comerciales –muchas de ellas no relacionadas entre sí- permiten suponer el despliegue de maniobras tendientes a evadir y/u ocultar posibles conductas ilícitas» por parte de los García Furfaro y sus socios o satélites.
Como se ha publicado, los García Furfaro tenían empresas de comunicaciones, caballerizas, de logística y hasta de transporte aéreo. Ariel estuvo preso por una tentativa de homicidio, en la Unidad 9 de La Plata y allí se recibió de abogado.
La medida se difundió este jueves, luego de que Clarín publicara que los contactos políticos del juez Kreplak con el kirchnerismo eran los mismos del dueño de los laboratorios implicados, Ariel García Furfaro.
Ariel García Furfaro, uno de los dueños de HLB Pharma.Según pudo averiguar Clarín, desde el 23 de mayo, todas estas personas tenían prohibición de dejar el país por su presunta responsabilidad -directa o indirecta- en el episodio que terminó con el fallecimiento de pacientes a quienes les suministraron fentanilo del laboratorio HLB Pharma.
Técnicamente, estas restricciones judiciales hacia esas personas implican que, para la Justicia, existe una sospecha sobre algún posible delito. Sin embargo, la información no se dio a conocer hasta este jueves. Ninguno de los afectados por la medida fue citado a declaración indagatoria hasta ahora.
Para avanzar en ese escalón del proceso, Kreplak debe establecer si la responsabilidad en la contaminación fue del director técnico y si el dueño del laboratorio lo sabía. Hasta el momento, está comprobado que dos lotes de fentanilo de HLB -los identificados con el número 31.202 y 31.244- estaban infectados con dos bacterias que luego terminaron en los organismos de los fallecidos.
Para establecer cómo, dónde y cuáles fueron las falencias, la Justicia secuestró los «batch record» de la producción. Es un documento detallado que registra toda la información sobre la elaboración de un lote específico de un producto farmacéutico.
Kreplak pidió el análisis de esa documentación al Cuerpo Médico Forense de la Corte. Pero 20 días después (casi a fines de mayo) en ese organismo informaron que no tenían equipos técnicos y profesionales para esa tarea. Ahora, lo estudian expertos del Malbrán, según pudo saber Clarín.
La causa se inició el 12 de mayo pasado por una presentación de ANMAT, que recibió un informe del Hospital Italiano de La Plata, donde murieron 15 pacientes. Por ahora, se investigan posibles delitos «contra la salud pública, como envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas».
AA
