Tras la sanción en el Senado, Milei anunció que vetará el aumento a jubilaciones y la emergencia en discapacidad, por su impacto fiscal.
Durante un acto en la Bolsa de Comercio, el presidente Javier Milei confirmó este jueves que vetará la ley que otorga un aumento a jubilaciones y la que declara la emergencia en discapacidad, ambas aprobadas por amplia mayoría en el Senado. La decisión, dijo, responde al compromiso del Gobierno con el superávit fiscal y calificó las leyes como “irresponsables” desde el punto de vista económico.
Las declaraciones del mandatario llegaron horas después de que la Cámara Alta sancionara los proyectos impulsados por la oposición, que garantizan partidas presupuestarias para prestadores y pensiones por discapacidad, y mejoras para los haberes jubilatorios.
“Vamos a vetar. Y si el Congreso insiste, lo vamos a judicializar. Si la Justicia actúa rápido, el daño será mínimo”, expresó Milei ante un auditorio de empresarios.
Milei endurece el tono con el Senado
Visiblemente molesto, el Presidente calificó lo ocurrido en el Congreso como un intento desesperado de la oposición: “Lo que pasó hoy es un acto de desesperación porque saben que en octubre vamos a arrasar”, lanzó, en referencia a las elecciones legislativas de ese mes.
Y agregó: “Nada de lo que pasa en el Senado nos sorprende. Esto ya lo sabíamos. Si eventualmente logran derribar el veto, revertiremos la medida el 11 de diciembre”, fecha en que culmina el actual período de sesiones.
Las leyes sancionadas y el impacto fiscal
La ley de emergencia por discapacidad garantiza fondos hasta 2027 para prestadores de salud, pensiones y talleres protegidos. Según estimaciones del Congreso, tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI.
En paralelo, la ampliación del gasto en jubilaciones y la prórroga de la moratoria previsional también generaron resistencia en el Ejecutivo, que busca sostener el ajuste fiscal como eje de su plan económico.
Milei ratificó que su política de equilibrio presupuestario es “permanente” y anticipó que no dará marcha atrás con su programa económico, incluso si se generan fricciones con el Congreso o el Poder Judicial.
