Los asesinatos de personas LGBTI+ persisten en América Latina como una forma de violencia estructural, sostenida por la impunidad y fuera de las prioridades de los gobiernos. En este artículo, la abogada Karen Anaya Cortez, secretaria técnica de la Red Sin Violencia LGBTI+, analiza los patrones detrás de estos crímenes, el abandono institucional que enfrentan las víctimas y las acciones urgentes que los Estados deben implementar para frenar una violencia sistemática.
Por: Karen Anaya Cortez – Ojo Público / Coautores: María Paula Spagnoletti y Cristian Prieto Ávila, de la Red Sin Violencia LGBTI.
Cada 24 horas, al menos una persona LGBTI+ es asesinada en América Latina, una región donde expresarse, amar o simplemente existir fuera de los mandatos sociales del género y la sexualidad sigue costando la vida.
La violencia que enfrentan las personas LGBTI+ no son hechos aislados: son estructurales, una realidad que se repite año tras año y que muchos estados aún invisibilizan. Así lo confirma el sistema regional de información de la Red Sin Violencia LGBTI, que en 2024 documentó 361 homicidios en diez países, lo que equivale a una persona asesinada por día en la región.
Colombia concentró casi la mitad de los casos (175), seguida por México (80), Guatemala (36) y Honduras (28). En el caso de Perú, se registraron ocho asesinatos. Solo en los primeros meses del año 2025 ya se han contabilizado al menos 96 crímenes más en la región.
Sin refugio frente a la desprotección
En 2024, al menos 22 víctimas de homicidio ejercían el trabajo sexual: 21 eran mujeres trans y un hombre trans. La falta de derechos, la precarización y la criminalización siguen exponiéndoles a múltiples y sistemáticas formas de violencia.
También se registraron 21 asesinatos de personas LGBTI+ defensoras de derechos humanos y liderazgos comunitarios. Su visibilidad y voz política bastaron para convertirlas en blanco. Asimismo, ocho víctimas eran migrantes, cuatro de ellas venezolanas.
Colombia concentró casi la mitad de los casos (175), seguida por México (80), Guatemala (36) y Honduras (28).
Lamentablemente, más de la mitad de las víctimas, con información conocida, eran jóvenes entre 21 y 35 años. La mayoría de los homicidios ocurrieron en espacios públicos 1 (39% de los casos), seguidos por domicilios particulares (16%), dando cuenta de que ningún espacio es seguro.
Además, las investigaciones revelan realidades que exigen acción: De los 139 agresores identificados en los casos documentados por la Red Sin Violencia LGBTI, el 87 % son hombres, lo que refleja un patrón de violencia profundamente vinculado con los sistemas del machismo.
Pese a la gravedad de los crímenes, la impunidad sigue siendo la norma: de los 361 homicidios registrados en 2024, solo nueve personas han recibido una sentencia condenatoria. Este dato revela fallas estructurales en los sistemas de justicia, que no logran investigar ni sancionar adecuadamente la violencia letal contra las personas LGBTI+.
En varios de estos asesinatos se documentaron actos de extrema crueldad, como tortura, mutilaciones y violencia sexual. Estos niveles de brutalidad refuerzan el carácter de crímenes que están motivados por el prejuicio y operan como una amenaza simbólica hacia otras personas de la diversidad sexual y de género.
Por otro lado, al menos 32 homicidios estuvieron vinculados a redes criminales o grupos armados, lo que evidencia una peligrosa intersección entre el crimen organizado y la violencia por prejuicio.
En varios de estos asesinatos se documentaron actos de extrema crueldad, como tortura, mutilaciones y violencia sexual.
Asimismo, en el 30% del total de los casos, se utilizó un arma de fuego, principalmente cuando las víctimas fueron mujeres trans. A nivel regional, el uso de armas de fuego fue mayor en Ecuador (65% de sus casos), Perú (63%), y en Guatemala y Honduras 50%. Esto revela la letalidad del entorno en el que muchas personas LGBTI+ intentan sobrevivir.
En Perú también persiste la violencia
En 2024, se documentaron ocho homicidios de personas LGBTIQ+ en Perú. Cuatro eran hombres gay, tres mujeres trans y una mujer lesbiana. Cinco de los asesinatos ocurrieron en Lima. En cinco casos se utilizó arma de fuego, y en solo cuatro se identificó a los presuntos agresores.
Las historias detrás de estas cifras revelan diversos patrones de riesgo. Entre las víctimas hubo una persona indígena, joven y defensora de derechos humanos; una mujer trans que ejercía el trabajo sexual; y tres hombres gay vinculados al mundo artístico. Trayectorias distintas, territorios distintos, pero un mismo blanco: quienes viven en la intersección de múltiples formas de exclusión.
En 2024, se documentaron ocho homicidios de personas LGBTIQ+ en Perú.
Un caso emblemático perpetrado durante 2024 es el de Jazmín, conocida como “La Charapa”: mujer trans, trabajadora sexual, asesinada en Lima Norte tras negarse a pagar extorsiones. El presunto autor intelectual está en prisión preventiva. Su historia muestra cómo la criminalización, la falta de protección estatal y la violencia letal se entrelazan.
Aunque existen avances institucionales, como la inclusión de variables de orientación sexual e identidad de género en las fichas del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer, los registros oficiales siguen siendo parciales.
Desde 2017, el Ministerio Público cuenta con herramientas informáticas para registrar denuncias de personas LGBTI+, pero en la práctica muchos operadores no ingresan esta información.El resultado: un subregistro que perpetúa el silencio e impide el diseño de políticas de prevención más efectivas.
Avances ante una demanda histórica
A pesar del panorama, hay señales que abren la posibilidad de un cambio. En Colombia, se creó un Grupo Nacional de Trabajo especializado en investigar violencias por orientación sexual e identidad de género en la Fiscalía de la Nación.
En 2024, en México, la Suprema Corte de Justicia reconoció por primera vez que una mujer trans puede ser considerada víctima de feminicidio. En Ecuador, también destaca el caso de Angie Brigitte Muñoz, donde por primera vez el asesinato de una mujer trans fue investigado y condenado como feminicidio. Estos precedentes marcan el rumbo en la región y obligan a repensar cómo actúa la justicia frente a los crímenes de mujeres trans.
En 2024, en México, la Suprema Corte de Justicia reconoció que una mujer trans puede ser considerada víctima de feminicidio.
Asimismo, la Red Sin Violencia LGBTI+ trabaja junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), con el acompañamiento de fiscales de la región, en la construcción de un Protocolo Modelo de Investigación Penal para muertes violentas de personas LGBTI+ o percibidas como tales. Un paso necesario para enfrentar la impunidad a partir de la colaboración multiactor.
Recomendaciones urgentes
Desde la Red Sin Violencia LGBTI+ se plantean cinco acciones urgentes para los gobiernos de América Latina y el Caribe:
Incorporar enfoques de género y diversidad sexual en las políticas de seguridad ciudadana y prevención de homicidios, reconociendo los riesgos específicos que enfrentan las personas LGBTI+.
- Crear sistemas de registro de violencias con datos desagregados, personal capacitado y recursos suficientes para documentar adecuadamente estos crímenes.
- Establecer mecanismos de alerta en medios de comunicación, con un enfoque pedagógico y no sensacionalista.
- Implementar protocolos y unidades de investigación criminal especializadas que aseguren respuestas libres de prejuicio y discriminación.
- Promover acciones de memoria colectiva que reconozcan las vidas, luchas y aportes de las personas LGBTI+ víctimas de violencia letal.
Registro de homicidios
La Red Sin Violencia LGBTI+ es una articulación de organizaciones LGBTI+ de 10 países de la región. Desde 2016, sostiene el único sistema regional de información sobre homicidios contra personas LGBTI+ en América Latina y el Caribe.
El esfuerzo de documentar estos crímenes se realiza desde los territorios, con una metodología compartida que incluye monitoreo de medios y redes sociales, testimonios de familiares, amistades y redes comunitarias, así como el análisis contextual y de fuentes estatales en los países donde es posible.
Referencias
(1) Incluyendo espacios abiertos, calles, transporte público, campo o baldío y playas y ríos.
(2) Características Criminológicas de las Muertes Dolosas de Personas LGTB en el Perú 2012-2021
(3) La dinámica de la violencia por prejuicio: Homicidios de personas LGBT+ en México, 2024
(4) Conformada por las organizaciones Colombia Diversa, Red Lésbica Cattrachas, Lambda, Letra S, ADESPROC Libertad, Fundación Pakta, Lifs, TRANSSA, entre otras no mencionadas por razones de seguridad.
