El Gobierno insiste en que judicializará la sesión del jueves en el Senado, donde se sancionaron los proyectos jubilatorios y la emergencia en discapacidad. Plantean argumentos reglamentarios y de financiamiento, que la oposición contrapone. La palabra final la tendría la Justicia.
Sobre lo reglamentario citan el artículo 32 que fija como atribución y deber del presidente de la cámara «hacer citar a sesiones ordinarias, especiales y extraordinarias» y el artículo 56 que plantea las realizaciones de labores parlamentarias -reuniones entre el presidente de la cámara y los jefes de bloque- para organizar la agenda parlamentaria. En otras palabras aseguran que la «autoconvocatoria» no existe como tal y por ende es ilegal.
En lo concreto, si bien existió el martes previo una reunión de Villarruel con los jefes de bloque previa a la sesión, como contó Clarín, la vice les transmitió que no iba a convocar ella porque no había un acuerdo por la agenda, pero les confirmó que si ellos conseguían el quórum para abrir la sesión por su cuenta bajaría a presidir. Eso fue lo que hizo, hasta que empezaron los dardos desde la Rosada y luego llegó la orden para que todos los oficialistas se retiren.
La oposición en cambio recuerda que en la sesión preparatoria de febrero el cuerpo fijó por unanimidad los días y horarios de sesiones ordinarias -miércoles y jueves a las 14 – y que la cámara ya quedó facultada para reunirse en esos días.También recuerdan que Villarruel no es siquiera senadora, es la vice, miembro del Ejecutivo, que como tal debe garantizar el funcionamiento, no puede frenar la voluntad del cuerpo -que es soberano- para sesionar. Insisten con que el Congreso tiene una autonomía institucional respaldada por el reglamento interno y la Constitución y que si el Ejecutivo impidiera su funcionamiento se estaría violando la división de poderes.
Esta lectura fue reconocida por la propia vicepresidenta Victoria Villarruel en su respuesta a Patricia Bullrich: «La sesión ordinaria del día de hoy fue estipulada en fecha y hora en la sesión preparatoria anual. Como vicepresidente cumplo con mi rol institucional el cual implica que presida las sesiones me gusten o no», sentenció Villarruel.
En el senado, por su parte, se cansaron de hacer ironías sobre Bullrich que comandó el Grupo A, en tiempos del kirchnerismo.
El otro argumento tiene que ver con lo fiscal. El oficialismo planteó que los proyectos no tienen fuentes de financiamiento. Lo dijo Milei antes de la sesión: «Tienen que explicar de dónde van a sacar los otros gastos, qué gastos van a quitar para poder financiar a esto. Si no, están violando la Ley de Administración Financiera. Con lo cual, difícilmente, si esto llegara a la Justicia, los jueces fallarían a favor de semejante dislate populista».
Pero la oposición plantea que los textos sí tienen articulados fijando siete formas de financiamiento. Plantea que parte de los fondos de la SIDE -otorgados por decreto- vaya a los jubilados; proponen que se nacionalicen los fondos de los entes cooperadores que recaudan a través de los registros automotor; que se le ponga punto final a una exención al impuesto a las Ganancias para las sociedades de garantía recíproca; que se asignen fondos que el gobierno «se ahorra desde noviembre del año pasado por la reducción de los recargos sobre los intereses de la deuda con el Fondo Monetario», entre otros puntos.
Sin embargo, desde LLA apuntan que las fuentes de financiamiento que se señalan en los proyectos no alcanzan para cubrir el total del costo fiscal que generarían. «El nivel de irresponsabilidad es superlativo. Votan leyes que no tienen fondeo y las explicaciones de como las financian NO CUBREN ni el 15% del costo. Así vienen manejando la Argentina los últimos 25 años: gastaron ilimitadamente y solo generaron pobreza», lanzó el presidente de Diputados, Martín Menem.
Antecedentes
Son pocas las veces en que la Justicia aceptó dirimir una cuestión que atañe al funcionamiento de otro poder del Estado, en este caso el Legislativo. Suelen responder que no corresponde que se expidan sobre la validez de un reglamento, que el Congreso debe ser el que mejor lo interprete.
A principio de año el ex senador entrerriano Edgardo Kueider planteó que la sesión en la que lo expulsaron era invalida porque la había presidido Villarruel, cuando debía estar al frente del Ejecutivo porque Milei estaba de viaje. En esa ocasión, los jueces le contestaron: “No corresponde a los jueces pronunciarse sobre los aspectos no reglados que atañen al funcionamiento interno de ese cuerpo, lo que implicaría una clara interferencia con las funciones que les son propias y exclusivas”.
En pandemia hubo muchas judicializaciones de sesiones y protocolos. Incluso Cristina Kirchner recurrió a la Corte Suprema para que «despeje el estado de incertidumbre» de si iban a ser consideradas válidas las leyes aprobadas bajo sistema remoto. Ahí el Supremo Tribunal planteó que el cuerpo legislativo tenía todas las atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a la manera virtual o remota de sesionar.
En cambio, cuando el kirchnerismo partió el bloque apropósito para ganar una banca más en el Consejo de la Magistratura, Luis Juez presentó un amparo y en esa ocasión la Corte Suprema hizo lugar.
La Justicia tampoco hizo lugar a los recursos presentados por el interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados , en plena pandemia, cuando denunciaban la ilegalidad de una sesión presidida por Sergio Massa. En ese caso respondieron: «No corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondiente».
