La lucha contra los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (TCO, por sus siglas en inglés) ha escalado a la primera línea de prioridades de seguridad nacional en Estados Unidos. Este enfoque ha ganado tracción y se ha traducido en una serie de acciones legales con implicancias significativas para empresas y ejecutivos que operan en América Latina y el Caribe. Este panorama en evolución introduce una nueva capa de complejidad y riesgo para las operaciones comerciales en la región.
Recientemente, el Departamento de Justicia de EE. UU. ha señalado que la conexión con TCO será un factor determinante en la persecución de casos bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). Esta postura se alinea con las decisiones del Departamento de Estado de EE. UU. de incluir a diez importantes grupos criminales de la región en su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
La consecuencia directa de estas designaciones es un aumento considerable de las sanciones para empresas e individuos que, intencional o inadvertidamente, proporcionen bienes, servicios o capital a miembros de estos grupos. Para muchas empresas, evitar este tipo de interacción representa un desafío monumental, dado que estas organizaciones han logrado una penetración significativa en industrias legítimas —desde la energía y la hotelería hasta la minería y los bienes raíces— y mantienen una presencia generalizada en gran parte de la región.
Para las empresas que operan en estas “zonas rojas” controladas por cárteles, la pregunta no es si el riesgo existe, sino cómo gestionarlo. Si bien algunas podrían optar por retirarse —especialmente en sectores no esenciales— otras, particularmente en industrias estratégicas como las de recursos naturales o telecomunicaciones, pueden encontrar inviable tal retirada. Entonces, ¿cómo pueden las empresas navegar este entorno cada vez más complejo?
Entendiendo las Nuevas Prioridades de Aplicación de la Ley
Si bien los riesgos asociados a operar en países con presencia de FTO no son nuevos —considerando las designaciones de larga data en Colombia o Perú— las nuevas inclusiones, que ahora afectan a países clave como México (el mayor socio comercial de EE. UU.), elevan considerablemente el nivel de preocupación.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. y la Unidad de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN) han emitido alertas instando a empresas e instituciones financieras a fortalecer sus programas de cumplimiento para mitigar el riesgo de apoyar a FTO. FinCEN, en particular, ha señalado el papel de empresas “cómplices” con sede en EE. UU. en esquemas de contrabando de petróleo vinculados a cárteles mexicanos.
Paralelamente, el Departamento de Justicia (DOJ) ha redirigido recursos hacia la persecución de cárteles y TCO, priorizando violaciones de “apoyo material” bajo la Ley Antiterrorista y Pena de Muerte Efectiva (AEDPA). Asimismo, las directrices para la aplicación de la FCPA priorizarán casos donde la conducta esté asociada a operaciones criminales de TCO, lavado de activos, o corrupción de funcionarios vinculados a estas organizaciones.
Comprendiendo el Nuevo Espectro de Riesgos
Aunque muchas empresas en países como Colombia y México ya cuentan con políticas para mitigar la interacción con TCO y cumplir con regulaciones locales (como los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, AML/CFT), es posible que los programas existentes no sean suficientes. El alcance territorial de las FTO, sus redes regionales y su infiltración en las economías locales demandan una reevaluación integral.
En muchas zonas, la extorsión y las amenazas son comunes, y sectores como la minería y la agricultura son particularmente vulnerables. Además, los cárteles participan en actividades aparentemente legales en sectores grandes y pequeños, incluyendo telecomunicaciones, logística, energía y bienes raíces (Garay-Salamanca, 2012; UNODC, 2021; Insight Crime, 2023; Banco Mundial, 2020).
El Significado de “Apoyo Material”
Las recientes designaciones de FTO conllevan un nuevo nivel de riesgo penal. La AEDPA prohíbe proporcionar o intentar proporcionar, “a sabiendas”, apoyo material o recursos a una FTO designada. Aunque “a sabiendas” no está definido de forma explícita, se espera que el DOJ interprete que la “ceguera deliberada” puede satisfacer ese estándar.
Además, la AEDPA tiene un alcance extraterritorial significativo, afectando tanto a personas y entidades estadounidenses como extranjeras. La definición de “apoyo material” en la Sección 2339B del Título 18 del Código de EE. UU. es extremadamente amplia: abarca cualquier propiedad (tangible o intangible) o servicio, incluyendo dinero, servicios financieros, capacitación, asesoría experta, alojamiento, personal, transporte, entre otros.
Esto implica que una empresa podría estar brindando “apoyo material” si realiza pagos de seguridad, contrata personal vinculado o provee servicios a un socio comercial relacionado con una FTO, siempre que alguno de sus empleados tenga conocimiento de dicha vinculación. Incluso sin intención específica de apoyar el terrorismo, basta con conocer la designación como FTO o su involucramiento en terrorismo.
Además del riesgo penal, ciudadanos estadounidenses perjudicados por actividades violentas de una FTO pueden interponer demandas civiles contra quienes hayan prestado apoyo material a la organización.
Estrategias para Navegar el Nuevo Escenario
Las empresas con programas de compliance robustos ya disponen de herramientas útiles para mitigar estos riesgos emergentes. Aquellas que operan en países como Colombia están familiarizadas con los marcos AML/CFT y con las medidas para operar en entornos complejos.
Sin embargo, cada empresa debe realizar una evaluación específica de su exposición a FTO, considerando su huella geográfica y sectorial, y actualizar sus políticas y controles internos. También deben tomarse precauciones extremas al realizar análisis de riesgo en terreno, dada la situación de seguridad en muchas zonas.
En ciertos casos, la permanencia misma en determinadas áreas podría volverse insostenible. Sin embargo, sectores estratégicos como energía, agricultura, telecomunicaciones o minería pueden enfrentar barreras estructurales para retirarse. En estos casos, resulta clave establecer un diálogo proactivo con las autoridades locales e internacionales, especialmente las estadounidenses, para anticipar incidentes, cooperar en investigaciones y documentar la diligencia debida.
El Caso Argentino: Una Realidad en Evolución
Aunque Argentina no ha sido históricamente un epicentro de las TCO más poderosas, su posición geográfica estratégica, sus amplias fronteras terrestres y su extensa línea costera la convierten en un punto potencial para rutas de tráfico ilícito y operaciones de lavado de activos.
Las empresas con operaciones o intereses en Argentina deben entender que los efectos de las designaciones de FTO no se limitan a los países con presencia evidente de estas organizaciones. La interconexión regional implica que actividades iniciadas en otros países pueden tener consecuencias económicas, financieras y legales en Argentina.
Si bien las autoridades locales han incrementado esfuerzos contra el narcotráfico y el crimen organizado, el sector privado debe adoptar una postura más activa. En particular, se recomienda extremar precauciones respecto a:
- Flujos de capital y transacciones sospechosas: Aunque las designaciones son estadounidenses, la cooperación internacional hace que los fondos asociados a FTO puedan activar alertas regulatorias en Argentina.
- Asociaciones con terceros: Verificar la trazabilidad y antecedentes de socios comerciales, distribuidores y proveedores, incluso si tienen sede local.
- Sectores vulnerables: Logística, minería, construcción, inmobiliario, agroindustria y comercio exterior son especialmente propensos a ser utilizados por redes criminales.
En este contexto, reforzar los programas de compliance en Argentina no es solo una cuestión de cumplimiento normativo interno, sino una estrategia clave para evitar sanciones extraterritoriales y proteger la continuidad del negocio.
Mag. Maira Marcos y Mag. Josefina Magyary
Equitas Consultora
