El fiscal Ramiro González pidió al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para reactivar la causa por irregularidades en la expropiación de YPF en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner y además investigar por qué durante la gestión de Alberto Fernández se limitó el proceso llamado “Discovery” en la justicia de Nueva York para determinar si hubo corrupción en estas operaciones.
González pidió a Lijo, quien según la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió tiene “cajoneada” la causa desde el 2012, investigar si el ex secretario legal y técnico de la Presidencia de Alberto Fernández, Carlos Zannini, limitó adrede el proceso de Discovery que había iniciado el gobierno de Mauricio Macri para tapar eventuales casos de corrupción.
El ex procurador general del Tesoro de Macri, Bernardo Saravia Frías, había declarado que esa decisión de Zannini evitó que en la causa de la jueza de Nueva York, Loretta Preska, eventualmente se aplicara lo que se llama la teoría del Árbol Envenenado, es decir que si el caso del ingreso del grupo Eskenazi en el 2006 a YPF y luego el no pago del 25 por ciento de las acciones en el 2012 a esa empresa fue irregular, la compra que hizo el Fondo Burford estaba toda viciada de nulidad.
El fiscal González, que en estos años presentó 10 requerimientos fiscales, hizo ese pedido luego de que Preska ordenó al gobierno de Javier Milei que le entregue el 51 por ciento de las acciones de YPF a Burford por los 16 mil millones de dólares que se supone la Argentina le debe a ese fondo buitre. En la causa de Lijo están imputados, Zannini, el ex viceministro de Economía y actual gobernador Axel Kicillof y la mano derecha de Julio De Vido, Roberto Baratta, entre otros,
El un nuevo requerimiento de instrucción al que accedió Clarín. El fiscal González Ramiro González, fue presentado en la causa nº 3518/06 caratulada “Infracción ley 22.415, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación contra la administración pública”.
Se trata de la causa que en 2006 se abrió por una denuncia de Carrió, la diputada Paula Oliveto y a la que se sumaron luego otras denuncias. En principio, Carrió denunció el vaciamiento de YPF por parte del grupo español Repsol y luego cuestionó el acuerdo para el pago de 6 mil millones de dólares que Kicillof firmó con la empresa española que fue posterior a la polémica expropiación de 2012 por la forma en que se hizo.
El fiscal pidió a Lijo, que ha pedido largos peritajes sin hasta ahora indagar, procesar o sobreseer a nadie las siguientes medidas probatorias:
– Incorporar la certificación oportunamente sugerida por esta Fiscalía –mediante dictamen de fecha 06/12/24- respecto a los hechos puestos en conocimiento por la Dra. Dibo, relativos a la actuación del ex Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, relacionado con el supuesto desistimiento de un proceso de Discovery que oportunamente habría solicitado su antecesor, Bernardo Saravia Frías en el marco del proceso judicial iniciado por el fondo Buford Capital contra el Estado Nacional que se desarrolla en la Corte del Segundo Distrito de Nueva York de los Estados Unidos de América. Saravia Frías fue procurador de Mauricio Macri.
.- Se reitere oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores,Comercio Internacional y Culto a efectos de que detalle el estado de trámite del exhorto librado al Reino de España el 12 de febrero de 2019 (sobre la forma en que Burford compró la quiebra de las empresas de Eskenazi en ese país). Sin perjuicio de ello, y atento al tiempo transcurrido, se evalúe la posibilidad de reiterar el pedido de información al referido Estado. En 2016, Clarín reveló que el administrador español de la quiebra propuso un acuerdo al gobierno de Cristina y no se sabe por qué también lo rechazó lo que permitió el ingreso del grupo Burford.
– Se urja con la conclusión de los puntos pendientes de la pericia oportunamente dispuesta por relativos al Proceso de Valuación de la Compañía (YPF) a efectos de la sanción de la ley que ratifica el Convenio de solución amigable y avenimiento de expropiación celebrado entre la República Argentina, representada por el ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Repsol S.A…, Repsol Capital S.L. y Repsol Butano S.A., suscripto el 27 de febrero de 2014.
– Con relación a ese punto, oportunamente se solicitó se realice un análisis comparativo entre las valuaciones parciales realizadas por el Tribunal de Tasaciones de la Nación al 12 de diciembre de 2013 y la valuación final que fuera realizada el 17 de febrero de 2014 e informe si las mencionadas valuaciones fueron acordes a la normativa vigente (en especial la Ley de Expropiaciones n° 21499 y la Res. TTN 10.2. Carrió cuestionó el valor que el gobierno de Cristina puso a YPF para pagarle a Repsol y evitar que iniciara un juicio en el CIADI.
– También preguntó por los criterios de valuación utilizados por el Tribunal de Tasación y si fueron incluidos los intereses ya capitalizados del bono Discount 2033 y los pasivos ambientales y contingentes.
– La forma de valuación de los pasivos ambientales y si fueron usados como referencia para ello únicamente los balances de la compañía, o si se utilizaron otros parámetros objetivos de valuación. Kicillof había dicho que le iba a ser pagar a Repsol por la contaminación ambiental que provocó en Argentina.
-Si al momento de establecer el monto indemnizatorio fueron tenidas en cuenta las demandas iniciadas contra la compañía, especialmente considerando aquellos procesos en los que la cláusula sexta dos (6.2.iii) del mencionado convenio, garantiza indemnidad a Repsol en caso de un resultado adverso.
– La influencia en el valor de la indemnización del precio de las acciones de YPF, y si en el monto indemnizatorio se deberían haber tenido en cuenta el valor de las acciones a la fecha de la expropiación, o a la fecha de la valuación.
– Si coincide con el monto indemnizatorio calculado por el Tribunal de Tasaciones. Utilizando los criterios contables vigentes y toda otra norma de pertinencia, que se efectúe una valuación de le empresa YPF, al momento del ingreso del grupo Petersen en el año 2008, al momento de la expropiación y al momento de la celebración del convenio.
– Se incorpore el fallo dictado por la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, mediante el cual ordenó al Estado Nacional la entrega del 51% de las acciones que posee en la firma YPF a efectos de afrontar el pago de US$ 16 mil millones de indemnización al fondo Burford y otros demandantes.
– Se solicite a la Procuración del Tesoro de la Nación, se sirva informar si al día de la fecha se efectuaron presentaciones respecto al fallo referido en el punto anterior, y en su caso, remita copia de las mismas.
Mirá también
Mirá también
YPF: el Gobierno estudia pedir a la Corte una acción declarativa de certeza frente al fallo de la jueza Loretta Preska
Con esta serie de medidas de prueba, el fiscal Ramiro González intenta que el juez Lijo -quien fue candidato al gobierno a la Corte- tome alguna decisión de fondo en esta causa iniciada en el 2012, pero con un antecedentes del 2006, que aún no entró en una etapa de definiciones y que podría haber ayudado a la Argentina en su juicio en Nueva York.
