Diario HOY | ¿Qué sucede con los paquetes de FedEx en Paraguay?: titular de la DNIT responde

Desde hace varias semanas, varios clientes que realizaron compras del exterior denuncian tener dificultades para retirar sus respectivos paquetes a través la empresa FedEx.

En un comunicado enviado a varios usuarios el pasado mes de junio, la firma manifestó que “debido a razones regulatorias ajenas a su voluntad”, sus servicios de importación y exportación se encuentran suspendidos temporalmente.

Dicha situación afecta las operaciones internacionales desde y hacia Paraguay, por lo que no podrán procesar nuevos envíos internacionales, señala el texto.

El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, fue consultado respecto a este tema y señaló que la compañía internacional de logística debe un monto considerable al Fisco.

La deuda en cuestión asciende a más de USD 4 millones y fue aplicada a raíz de una sanción por “contrabando”, confirmó Orué en entrevista con la 1020 AM. “Eso ya está firme”.

Los representantes de FedEX en Paraguay (en este caso, la Compañía Panamericana de Servicios S.A.) recurrieron a la justicia ordinaria por este caso y la Corte Suprema de Justicia confirmó la resolución a favor del Estado Paraguayo, indicó.

“Hasta que no paguen el momento adeudado, no podrán operar en el país y no podrán hacer despachos”, enfatizó el titular de la DNIT.

A la fecha, cerca de 160 paquetes permanecen varados y sin poder ser retirados por sus propietarios a raíz de este inconveniente.

Se trata de Robert Alter, quien se encargará de seguir avanzando en el compromiso del fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y Paraguay.

Rob Alter comenzó su misión en Paraguay como ministro consejero, asumiendo ahora las funciones de Encargado de Negocios en la Embajada de EE.UU.

Recientemente, se desempeñó como director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley en la Embajada en San José, Costa Rica. Anteriormente, fue subdirector de política y director interino de la Oficina de Planificación y Coordinación de Políticas en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en Washington, D.C.

En etapas anteriores de su carrera diplomática, Rob prestó servicios como subdirector político en la Embajada de EE.UU. en Buenos Aires; fue funcionario principal a cargo de los asuntos de Colombia en Washington; funcionario económico en la Embajada en Caracas; asistente del Secretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental; asistente especial del Embajador y funcionario consular en la Embajada en París; y funcionario económico en la Embajada en Bagdad. Entre otros logros destacados, apoyó los esfuerzos de EE.UU. para ayudar al gobierno colombiano a alcanzar su acuerdo de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Antes de incorporarse al servicio diplomático, Rob trabajó como secretario de juzgado en el Tribunal de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de Florida y como abogado litigante en un bufete de abogados con sede en Cleveland. Nacido y criado en Youngstown, Ohio, posee una Licenciatura en Historia de la Universidad de Ohio State, un Doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame, y una Maestría en Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown. Habla español y francés.

La Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, grupo conformado por numerosos afectados por esta mega estafa, realizó este martes una manifestación pacífica frente al Palacio de Justicia de Asunción.

Con pancartas y carteles, las víctimas —entre las que se encuentran docentes, funcionarios públicos, enfermeros y jubilados, entre otros— exigen a las autoridades judiciales alguna solución a sus reclamos.

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Aprovecharon la ocasión para solicitar vía nota una audiencia con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, a fin de abrir un canal de diálogo y plantearles una serie de inquietudes y pedidos de manera formal.

Los manifestantes representan a las miles de víctimas de esta rosca mafiosa, que involucra a jueces, funcionarios judiciales, abogados y hasta casas de créditos y empresas de cobranza, quienes utilizaron pagarés sin retirar para ejecutar embargos salariales.

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Exigen una respuesta inmediata a sus reclamos, sobre todo para frenar los descuentos compulsivos que sufren mes a mes, además de un severo castigo a los responsables y una investigación transparente. A la par, plantean la creación de un tribunal especializado para atender sus casos.

La Coordinadora de Víctimas convocó a una nueva manifestación para el 21 de julio, teniendo nuevamente como punto de convocatoria la sede del Poder Judicial.

En la tarde de este martes se reportó un atentado con arma de fuego en la Colonia Yvy Morotî de la ciudad de Nueva Toledo.

Los datos preliminares señalan que se trató de un intento de feminicidio, el cual tuvo como blanco a Sany Paola Cabrera Cabrera, de 24 años, siendo el autor su expareja, Derlis Alfredo Báez Iglesias, de 36 años.

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Según relató a Universo 970 AM el Crio. Juan Medina, esta mujer se encontraba vendiendo ropas en la comunidad indígena, en compañía de su hermana menor y una amiga, cuando fueron interceptadas por Báez, quien llegó a bordo de una motocicleta.

Sin mediar palabras, este sujeto abrió fuego contra las tres mujeres, quienes recibieron varios impactos de bala en diversas partes del cuerpo.

El hecho dejó como víctima colateral a Mirna Soledad Caballero Pereira, de 17 años, hermana de Sany Cabrera, quien falleció de un disparo en la cabeza. Por su parte, María del Rosario Brítez Duarte, de 58 años, quedó en grave estado.

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Cabrera también quedó gravemente herida y fue trasladada junto a su amiga al Hospital Distrital de Yhû para recibir atención médica. En estos momentos, ambas se encuentran entre la vida y la muerte.

Luego del ataque, Báez decidió darse a la fuga y refugiarse en su lugar de trabajo, un establecimiento ganadero de la zona, donde finalmente se autoeliminó de un balazo, según confirmó el agente policial.