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YPF sigue estando en el centro de la escena política argentina, pero esta vez por sospechas sobre funcionarios ligados a la defensa de la petrolera de bandera del Estado argentino.
De acuerdo a lo que indican medios porteños, la cuestión se desencadenó por sospechas de filtración de información, incluso con sospechas de venta de datos sensibles sobre la causa que se tramita en los juzgados norteamericanos.
El procurador Santiago Castro Videla decidió avanzar con una reestructuración institucional, que implica el despido de funcionarios y una reducción de direcciones nacionales, la disolución de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado y la reasignación de competencias estratégicas.
Loretta Preska, la jueza de Nueva York al frente del juzgado que trata el caso de YPF contra Argentina.
«Estamos hablando de un organismo que maneja causas que cuestan muchos millones de dólares», deslizó un funcionario de Casa Rosada de acuerdo a lo que indica la agencia Noticias Argentinas. Según esa versión, las filtraciones habrían comprometido la estrategia judicial nacional y favorecido a los demandantes, principalmente el fondo Burford Capital.
Santiago Castro Videla asumió en febrero de 2025 al frente de la PTN, en reemplazo de Rodolfo Barra. Si bien debió apartarse formalmente del caso YPF por haber sido socio del abogado Alberto Bianchi (testigo de Burford), es quien lidera la reestructuración actual. Su designación fue apadrinada por Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei.
Desde su desembarco, la Procuración recortó su planta un 20%, redujo comitivas, limitó gastos y ahora oficializó la eliminación de estructuras jerárquicas que considera «innecesarias». Pero detrás de esta racionalización administrativa asoma el trasfondo político en el gobierno, ante un juicio que puede costar miles de millones de dólares al país.
Del litigio a la sospecha: preocupa en el Senado
El proceso judicial por la expropiación de YPF se convirtió en uno de los litigios más importantes de la historia Argentina. En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra del país y ordenó el pago de US$16.000 millones a los fondos Burford y Eton Park. Aunque el Gobierno apeló la decisión y logró una suspensión temporal, la batalla legal sigue abierta en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Este mes, la jueza neoyorkina ordenó entregar el 51% de YPF a los demandantes.
En ese contexto, las filtraciones desde dentro de la Procuración se transformaron en un determinante política. Si bien no se detallaron los archivos comprometidos, se cree que pudieron haber contenido estrategias procesales, comunicaciones confidenciales o datos internos que terminaron en manos de la parte demandante, que favorecieron el fallo en favor de los fondos demandantes.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa petrolera bandera de la Argentina que atraviesa un juicio internacional desde su estatización en 2012.
La gravedad es tal que el propio Senado analiza convocar a una sesión secreta para interpelar a los responsables. La semana pasada, en la sesión en la que se aprobaron múltiples proyectos, estaba previsto discutir el tema. Pero hacia el final fue postergada por falta de consenso entre bloques.
En esa sesión, estaba previsto aunar criterios por el fallo de Preska contra el Estado argentino. Ahora, además de una nueva fecha de la sesión secreta, los bloques buscarán citar a funcionarios y responsables de la propia YPF para obtener explicaciones.
Estados Unidos se suma al reclamo argentino
Pese al escándalo local, el Gobierno recibió una noticia positiva en el plano internacional. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos volvió a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino. El argumento principal es que el caso tiene implicancias diplomáticas y que la sentencia contra Argentina podría sentar un precedente riesgoso para otros Estados.
Este respaldo refuerza la posición del país en la apelación ante la Corte de Nueva York, aunque no elimina los riesgos ni el impacto económico si se ratifica el fallo. La defensa argentina está a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, liderado por el abogado Robert Giuffra Jr., cercano a Donald Trump y uno de los litigantes más costosos del mundo, con honorarios de hasta US$1.800 por hora.
