Después de las denuncias por filtración de información reservada del juicio de YPF que se lleva adelante en Nueva Yorkl, el Gobierno oficializó este jueves la aprobación de una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación que no solo establece cambios en el organigrama sino también la eliminación de organismos que hasta ahora la componían, por ejemplo, la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
Lo hizo a través del Decreto 475/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La reestructuración, así como el despido de 60 funcionarios, había sido adelantada por el gobierno este miércoles. «Responde a una mayor eficiencia del organismo», habían advertido en la Procuración del Tesoro para justificar el achicamiento en la planta que decidió el Ejecutivo, disconforme por una supuesta filtración de información en el marco del juicio por la estatización de YPF en el que los abogados del Estado intentan frenar la resolución de la jueza neoyorquina Loretta Preska de entregar el 51% de las acciones de la petrolera estatal a los demandantes.
En ese sentido, una calificada fuente gubernamental consultada por Clarín deslizó que «claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno». El Estado argentino se enfrenta en esa contienda legal contra el Fondo Burford, que compró los derechos de litigio de la quiebra de 2 empresas del grupo Petersen, de la familia Ezkenazi, que controlaba el 25% de YPF antes de la reestatización de la petrolera, que fue impulsada por la gestión de Cristina Kirchner.
En un sector del oficialismo sospechaban que la fuga de información pudo haber intentado beneficiar al fondo Burford, que encabeza la demanda contra la Argentina por la polémica estatización de YPF, en 2013.
Las novedades judiciales que provienen de Nueva York, como la decisión del Departamento de Justicia estadounidense de volver a intervenir como amicus curiae en apoyo al reclamo argentino ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, coinciden con el malestar de un sector del Ejecutivo con la estrategia defensiva oficial. Un gesto que en la gestión libertaria leen como un guiño al país.
El miércoles el gobierno adelantó sorpresivamente el anuncio -oficializado hoy en el BO- pero no hacer foco en la supuesta divulgación de información y sí en la necesidad de cambiar la estructura de la institución que, en el primer tramo del mandato de Javier Milei, condujo el jurista Rodolfo Barra. «Va a haber un achique fuerte de la Procuración», dijeron en Casa Rosada y cumplieron: hubo 60 despidos confirmados.
Los cambios no afectan a la cúpula del organismo, es decir al jefe de los abogados del Estado, Santiago María Castro Videla. El funcionario tiene nexos con el juicio de YPF ya que pertenece al estudio Bianchi, Galarce & Castro Videla que colaboró con un bufete de abogados norteamericanos que llevó el juicio en Nueva York ante la jueza Preska.
En su momento, Burford presentó al constitucionalista Alberto Bianchi -el socio de Castro Videla- y los juristas Alejandro Garro y Alfredo Rovira para que explicaran el sistema judicial argentino y el rol de YPF en la estructura del estado. En estos casos, la figura del testigo no es la un testigo ocular, como en juicios penales, si no en la de un experto que explica los alcances de la legislación argentina.
Así las cosas, este martes el Gobierno logró que la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de las acciones de YPF, informó la Procuración. En los hechos, el tribunal bloqueó temporalmente la orden de la jueza Preska, que había ordenado que Argentina entregue su 51% en YPF a los demandantes en un caso de 16.000 millones de dólares.
Qué dice el decreto publicado en el Boletín Oficial
Según se argumentó en el Decreto 475/2025, la nueva estructura organizativa del organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia “resulta indispensable por razones de gestión”.
A través de este cambio, expresó el texto, se busca “fortalecer la capacidad operativa” de la Procuración del Tesoro, así como también “dotarla de mayor agilidad y dinamismo en el cumplimiento de sus funciones y, en consecuencia, derogar, incorporar, homologar y reasignar diversos cargos”
La decisión, en específico, “tiene por objeto optimizar recursos, evitando el sostenimiento de una estructura burocrática innecesaria, lo que permitirá reducir costos y mejorar la calidad de la formación y actualización profesional de los Abogados del Estado”, agregó el documento.
A través del mismo decreto, tal como también se había adelantado, se eliminó la Escuela de Abogados del Estado, una dependencia de la Procuración del Tesoro creada “con el objetivo primordial de ser el organismo de capacitación y perfeccionamiento técnico específico de los profesionales que desarrollen su carrera administrativa en el Cuerpo de Abogados del Estado”.
“A pesar de haber cumplido con los objetivos propuestos en su norma de creación, la citada Escuela enfrenta desafíos estructurales que obstaculizan el pleno cumplimiento de sus objetivos, por lo que resulta aconsejable su disolución”, argumentó el Gobierno.
Las funciones referidas a la capacitación y perfeccionamiento de los abogados del Estado serán ejecutadas ahora por el Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP).
ES
