27 años del Estatuto de Roma: una mirada desde América Latina y el Caribe y con la voz de sus jueces y juezas – Agenda Estado de Derecho

17 de Julio de 2025

Entrevista

¿Qué rol tiene América Latina en la justicia penal internacional? Dos juezas y un juez de la CPI analizan retos, avances y el impacto del Estatuto de Roma a 27 años de su adopción.

El 17 de julio de 1998, 120 Estados adoptaron el Estatuto de Roma, tratado fundacional que dio vida a la Corte Penal Internacional (CPI), marcando un hito histórico en el derecho internacional al crear un tribunal permanente encargado de juzgar los crímenes más graves. A casi tres décadas de su adopción, el Estatuto —ratificado ya por 125 Estados Parte— sigue siendo una herramienta esencial en la lucha contra la impunidad y en el fortalecimiento de los sistemas de justicia nacionales, especialmente en regiones como América Latina y el Caribe.

En este especial, Agenda Estado de Derecho conversó con tres jueces que integran actualmente la CPI y que llevan consigo la riqueza y diversidad de Latinoamérica: la jueza Socorro Flores Liera (México), el juez Sergio Gerardo Ugalde Godínez (Costa Rica) y la jueza Althea Violet Alexis-Windsor (Trinidad y Tobago).

En esta conversación, tres juezas y jueces de la Corte Penal Internacional comparten una mirada íntima y reflexiva sobre la justicia penal internacional: desde los desafíos personales que implica ejercerla hasta el papel clave que puede jugar América Latina y el Caribe en su fortalecimiento. Abordan el rol transformador de las víctimas, de los puentes que aún deben tenderse entre la CPI y los sistemas judiciales nacionales, y del compromiso que exigen estos tiempos a las nuevas generaciones de juristas. Más que un balance de estos 27 años desde la adopción del Estatuto de Roma, este diálogo es una invitación a imaginar el futuro de una justicia verdaderamente global, con Latinoamérica como protagonista activa en la defensa de un orden más justo y humano.

Contenido

ACERCA DE LOS EXPERTOS (ENTREVISTADOS)

AED: Agenda Estado de Derecho

AED: ¿Cuál ha sido el mayor reto personal o profesional que ha enfrentado como juez o jueza de la Corte Penal Internacional?

Jueza Socorro Flores Liera: El mayor reto en el ejercicio de este rol se relaciona con el manejo de las expectativas y alcances de la justicia internacional, tanto a nivel interno como externo. Frecuentemente se aísla el trabajo de la institución del difícil entorno en el que opera y se atribuyen a la Corte situaciones de las que no es responsable. La CPI es una herramienta fundamental en la lucha contra la impunidad, pero no funciona en el vacío, y sin la cooperación decidida y comprometida de los Estados difícilmente logrará los resultados esperados. De la misma manera, quienes formamos parte de esta noble institución, debemos estar plenamente conscientes del impacto de nuestros trabajos y fomentar su excelencia y entendimiento en todo momento.

Juez Sergio Gerardo Ugalde Godínez: El hecho de ser perseguido y que mi libertad personal esté amenazada por cumplir con mi mandato como magistrado. Mis decisiones son todas basadas en la ley, y al cumplir con las obligaciones judiciales, uno espera el apoyo resoluto de los Estados en proteger tanto el sistema que han creado, como a los funcionarios que ellos han elegido. Creo que aún no hay suficiente conciencia sobre la importancia de brindar las condiciones de protección necesarias para las y los funcionarios electos.

Jueza Althea Violet Alexis-Windsor: El mayor reto profesional al que me he enfrentado en esta función es el balance, ya que participo tanto en procedimientos preliminares como en los juicios.

AED: ¿De qué manera su formación y trayectoria en Latinoamérica y el Caribe han influido en su trabajo como juez/jueza internacional?

Jueza SFL: Mi formación y trayectoria internacional influyen mucho en mi trabajo y debo decir que de manera positiva. La Corte aplica el Estatuto, tratados, principios y normas del derecho internacional relevantes a su mandato, incluyendo el derecho internacional humanitario, áreas de las que tengo un amplio conocimiento como resultado de mi formación profesional.

Conozco bien el Estatuto, las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes al haber participado de cerca en su negociación; estoy familiarizada con los retos que enfrentan los Estados, particularmente los países en desarrollo, para entender e incorporar disposiciones del Estatuto en sus jurisdicciones nacionales; y me he desempeñado en áreas vinculadas al derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Estoy convencida de que en la medida que la Corte se apegue a esta normatividad y contribuya con sus decisiones a aclarar vacíos y a precisar su aplicación, sus resultados serán sólidos y duraderos. Ese ha sido y seguirá siendo mi objetivo.

Juez SGUG: No tengo ninguna duda de que en la región de América Latina y el Caribe hay tan buenos profesionales en el área del derecho internacional como los hay en Europa u otras regiones del mundo. Más aún, nuestra región es posiblemente la región que tiene una mayor observancia del derecho internacional, y la que con frecuencia resuelve sus disputas por los mecanismos del derecho internacional. Costa Rica ha sido un claro ejemplo de que no es necesario tener ejércitos para defender la soberanía y la integridad territorial de los Estados. Mantener y reafirmar principios fundamentales es lo que me ha formado como profesional en el derecho internacional.

Jueza AVAW: La tolerancia y el respeto por la diferencia es uno de los valores clave de Trinidad y Tobago, tal y como queda plasmado en el Himno Nacional.  Como jueza internacional, he comprobado que este valor me ha sido de gran utilidad en un entorno multicultural, multiétnico, multireligioso y con diversas tradiciones jurídicas.

AED: A 27 años de la adopción del Estatuto de Roma, ¿qué considera usted que ha sido el mayor aporte de la Corte Penal Internacional al derecho internacional y a la lucha contra la impunidad?

Jueza SFL: Los mayores aportes son, en mi opinión, la creación misma de la Corte como institución permanente y la consolidación del principio de la responsabilidad penal del individuo por la comisión de los crímenes definidos en el Estatuto. Se dice fácil y quizás hoy en día (pese a los retos) los conceptos están más normalizados, pero acordar la creación de la Corte requirió de décadas de trabajo y también de superar enormes reticencias derivadas de la aplicación de dobles estándares en la lucha contra la impunidad. Con sus defectos y virtudes, el Estatuto establece sin ambages el deber de los Estados de enjuiciar y sancionar a los perpetradores de crímenes graves y de entregarlos a la CPI en los casos en los que no tengan la capacidad o voluntad de hacerlo. En estas premisas descansa el Estatuto y es indispensable que sigan siendo aplicadas con rigor.

Hay muchas otras aportaciones, ya que la negociación del Estatuto debió de romper muchos tabúes, pero me limito a señalar las anteriores porque considero que, en un ambiente como el que vive hoy el mundo, no debemos restar valor a estos grandes logros y debemos preservarlos y consolidarlos.

Juez SGUG: El Estatuto de Roma fue adoptado hace más de un cuarto de siglo como la personificación de la aspiración de la humanidad de castigar la perpetración de conductas humanas atroces y de proporcionar una medida de reparación a las víctimas. La pregunta es, ¿ha logrado sus objetivos?

En resumen, sí y no. Sí, porque el sistema existe, y se ha enfrentado y se enfrenta a situaciones terribles que están teniendo lugar en todo el mundo. No, porque su alcance es limitado y a menudo está sujeto a fuerzas políticas extraordinarias que escapan a su control.

Lo cierto es que la justicia penal internacional hoy en día no es perfecta, pero esto no la hace menos importante. Existe, y eso, para la humanidad, tiene un valor extraordinario. Pero no basta con existir, también tiene que estar viva, debe sentirse, y para que se sienta es indispensable la cooperación y el respaldo resoluto de los Estados. Sin este respaldo, la Corte no podrá cumplir cabalmente con su mandato.

Jueza AVAW: En mi opinión, el mayor aporte de la Corte Penal Internacional al derecho internacional es haber posicionado el derecho penal internacional no como una rama híbrida del derecho internacional público, sino como una disciplina jurídica distinta. En relación con la lucha contra la impunidad, siempre es conmovedor leer y ver cómo comunidades muy diversas en distintas partes del mundo ven a la CPI como un lugar donde se hará justicia, incluso en circunstancias cargadas de complejidades políticas. Esto es fundamental para que la lucha contra la impunidad continúe.

AED: Desde su experiencia judicial, ¿cómo valora la participación y el rol de las víctimas dentro del proceso penal internacional? ¿Qué avances ha habido y qué queda pendiente?

Jueza SFL: Las víctimas son el motor de la creación del Estatuto, como lo recoge su preámbulo al reconocer su sufrimiento y la necesidad de sancionar a los perpetradores de atrocidades inimaginables. Las organizaciones de víctimas hicieron enormes aportes en el camino a la Conferencia de Roma y lo siguen haciendo hoy en día. Gracias a esas aportaciones, el sistema de participación y el diseño de programas de reparación ha evolucionado de manera positiva.

Al mismo tiempo, es importante recordar que el Estatuto es el primer instrumento internacional en materia penal que reconoce el derecho de las víctimas a participar en los procedimientos, a presentar sus opiniones, a contar con representación legal y a recibir reparaciones, siempre teniendo en cuenta los derechos del acusado. Poner en marcha todo este entramado de derechos en una institución pionera, que conoce de crímenes que involucran a miles de víctimas, conlleva enormes retos. Estos retos se han ido abordando con seriedad y, por ejemplo, hoy el sistema de participación está bien desarrollado y afianzado en la jurisprudencia de la Corte para asegurar que las víctimas participen desde las primeras etapas de los procedimientos y puedan presentar sus opiniones. Durante los juicios, las salas competentes emiten en sus órdenes de conducción de procedimientos mecanismos para facilitar esa participación, incluyendo la posibilidad de que sus representantes legales presenten pruebas o formulen preguntas a testigos de las partes.

Pero un área que requiere aún de mayor trabajo está en las reparaciones. La Corte ha desarrollado principios sólidos que incluyen la consulta y participación directa de las víctimas en el diseño de programas de reparación, y el Fondo Fiduciario para las Víctimas realiza un trabajo muy profesional. Sin embargo, las limitaciones inherentes a un sistema basado en la responsabilidad penal del convicto y un vínculo entre su conducta y el daño, aunado a la escasez de recursos, hace que el manejo de expectativas se convierta en un enorme reto. Como conclusión diría que la CPI es una institución joven que seguirá trabajando para fortalecer sus procedimientos, con apego a su mandato y responsabilidades frente a las víctimas.

Juez SGUG: Una de las características que hacen de la Corte Penal Internacional un sistema de justicia penal internacional único es la participación de las víctimas en los procedimientos. Esto significa que la justicia en este sistema no opera en el vacío, es decir, no es un fin en sí misma. La justicia opera para dar un grado de reparación a la persona humana, a las víctimas. Es por ellas y para ellas que existe el sistema, y esto debería ser siempre una prioridad transversal en todos los sistemas de justicia. En este sentido buscamos no sólo su participación en el proceso, pero también que el proceso se enfoque en la verdad real de los hechos. No obstante, aún falta trabajar más para que la justicia y la reparación que reciben las víctimas sea tangible. De ahí que es fundamental respaldar y dar suficiente contenido económico al Fondo de Víctimas, con el fin de darle mayor materialidad a la reparación que debe darse como resultado del proceso penal.

Jueza AVAW: Habiendo trabajado en derecho penal, tanto a nivel nacional como internacional, durante casi 30 años, siempre me generó una inquietud personal y profesional que las víctimas no tuvieran un papel más destacado en el proceso judicial. En la CPI, a las víctimas se les ha otorgado un rol mucho más central. Esto es importante porque su participación aporta humanidad y refleja no solo las consecuencias jurídicas, sino también los efectos sociales devastadores de las violaciones al derecho penal internacional. Esto representa un avance. El sistema adoptado, conocido como el sistema ABC de participación de víctimas, es sencillo y claro. Nuevamente, esto es un avance. ¿Qué falta por hacer? En mi opinión, más de lo mismo: más acceso a información, más apoyo continuo a las víctimas y asegurar su representación adecuada.

AED: América Latina y el Caribe han mostrado un firme compromiso con el Estatuto de Roma ¿Qué papel cree que puede jugar la región en el fortalecimiento del sistema de justicia penal internacional?

Jueza SFL: El Estatuto ha sido ratificado por la gran mayoría de los países de la región, lo que es gratificante y demuestra su enorme compromiso con la erradicación de la impunidad por la comisión de los crímenes más graves de trascendencia internacional. La voz de la región es relevante y sus aportaciones al trabajo de la Asamblea de Estados Partes reflejan convicción con el fortalecimiento de la CPI.

Hay muchas formas en las que la región puede seguir contribuyendo al fortalecimiento de la justicia penal internacional, pero quisiera aprovechar este espacio para mencionar algunas que, en mi opinión, generan beneficios tanto a la Corte como a los sistemas penales nacionales. Me refiero a la suscripción de acuerdos con la Corte para fortalecer la cooperación, por ejemplo, para recibir a personas condenadas, para proteger testigos, para facilitar la toma de testimonios en su territorio, etc. Pero además, resultaría de gran valor la suscripción de acuerdos para fortalecer las capacidades de investigación y enjuiciamiento de sus propios órganos nacionales y fomentar así la aplicación del principio de complementariedad. Esto implica un mayor diálogo a nivel técnico entre el Estado interesado y la Secretaría de la Corte que contribuya a la capacitación de investigadores y/o juzgadores y a la tipificación de los crímenes en la legislación nacional, entre otras.

Juez SGUG: La región puede continuar aportando al sistema buenas ideas, seguir cooperando con la Corte Penal Internacional, y defender los principios y valores que sustentan el Estatuto de Roma.

Jueza AVAW: La región, sin duda, ha demostrado un firme compromiso, pero este puede fortalecerse aún más mediante la aceptación universal del Estatuto de Roma por parte de todos los Estados del Caribe y América Latina.

AED: ¿Qué oportunidades ve para una mayor articulación entre la CPI y los sistemas de justicia de América Latina y el Caribe?

Jueza SFL: Las oportunidades son enormes y estoy convencida de que aprovecharlas genera enormes beneficios para los países de la región y para la CPI. En general, se conoce poco de la región y de sus esfuerzos y retos para erradicar la impunidad. La ubicación geográfica y el idioma dificultan una mayor interacción, pero no son insalvables y solo requieren de planeación y voluntad.

Juez SGUG: Creo que la actual Presidencia de la Corte ya viene impulsando esfuerzos de acercamiento con la región, entre ellos un seminario regional que se realizará en Chile en octubre.  Además, mantenemos una colaboración constante con el ámbito académico de la región, y los países de América Latina ya lideran varios procesos dentro de la Asamblea de los Estados Partes, incluyendo facilitaciones clave como las de Gobernanza y Presupuesto. Actualmente, la región aporta tres magistradas y un magistrado a la Corte. Creo que América Latina hace todo lo posible por apoyar a la CPI, y la Corte valora profundamente ese compromiso.

Jueza AVAW: Aunque los Estados del Caribe y América Latina conocen el Estatuto de Roma, considero que aún se puede hacer más trabajo con las ONG y las organizaciones de base para asegurar una mejor articulación entre la CPI y los pueblos de la región. Por ello, la realización de simposios con gremios jurídicos locales y otros actores clave es fundamental en este sentido.

AED: ¿Qué le diría a las nuevas generaciones de juristas y defensores de derechos humanos sobre la relevancia del Estatuto de Roma y la necesidad de seguir defendiéndolo?

Jueza SFL: Ha sido para mí muy grato el conocer a través de los programas de voluntariado y los concursos de simulación judicial en español a una gran cantidad de jóvenes interesados y comprometidos con el trabajo de la CPI. No tengo duda del enorme talento que existe y de que la erradicación de la impunidad está firmemente arraigada en las mentes y corazones de las nuevas generaciones. Al mismo tiempo, estoy consciente de que los retos que enfrenta la justicia internacional y las enormes expectativas que se colocan en instituciones como la CPI pueden generar desánimo y frustración. Aconsejaría a las nuevas generaciones no dejarse caer en la desesperanza y mantener su compromiso y confianza en la Corte Penal Internacional. Hay muchas formas de contribuir desde nuestras respectivas trincheras a la justicia internacional. Yo, desde la mía, seguiré haciéndolo con compromiso sin titubeos.

Juez SGUG: Que si dejamos que este sistema deje de operar, que quienes no quieren que la Corte Penal Internacional siga trabajando logren tener éxito de evitar su relevancia, quienes pierden son las personas beneficiarias del sistema. Por eso, hay que continuar con su fortalecimiento y no dudar por un segundo de apoyarlo. Si este sistema se pierde, se pierde para siempre, pues no habrá otro igual. Por lo tanto,  nuestro deber es continuar defendiéndolo.

Jueza AVAW: El derecho penal internacional y, por extensión, la Corte Penal Internacional son una expresión de la conciencia internacional de la absoluta necesidad de luchar contra la impunidad. Demuestra claramente que todos importamos y que todos tenemos una contribución por hacer que debe ser escuchada. Esto es tan importante ahora como lo fue hace 27 años. No deben detenerse. De hecho, la nueva generación de juristas y defensores de los derechos humanos debería tener la intención de aceptar y pasar el testigo de la defensa del Estatuto de Roma.

AED: Si tuviera que resumir en una frase la vigencia del Estatuto de Roma hoy, 27 años después de su adopción, ¿cuál sería?

Jueza SFL: La adopción del Estatuto dotó al mundo de una herramienta fundamental e irremplazable en la lucha contra la impunidad que debemos valorar y proteger.

Juez SGUG: Decididos, a los efectos de la consecución de sus fines y en el interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.

Jueza AVAW: La impunidad y la paz no pueden coexistir: la impunidad engendra más conflictos.

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Citación académica sugerida: 27 años del Estatuto de Roma: una mirada desde América Latina y el Caribe y con la voz de sus jueces y juezas. Agenda Estado de Derecho. 2025/07/17. Disponible en:  https://agendaestadodederecho.com/27-anos-del-estatuto-de-roma-la-voz-de-sus-jueces-y-juezas/

ACERCA DEL EQUIPO AUTOR

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O’Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho – ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.