La jueza Martina Forns frenó por seis meses la disolución del organismo. El Ejecutivo sostiene que el cierre generaría un ahorro de USD 100 millones anuales y cuestiona el fallo que habilitó la cautelar sindical.
El Gobierno nacional confirmó este jueves que apelará la decisión judicial que suspendió el decreto que ordenaba el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad, tras una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA).
La medida judicial fue dispuesta por la jueza federal Martina Forns, quien hizo lugar a una cautelar que frena la disolución del organismo por seis meses, al considerar que existe riesgo de «daño inminente e irreparable» para el personal y el funcionamiento del ente.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó la apelación a través de redes sociales: “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional”.
Las razones del fallo
En su resolución, la magistrada remarcó que la Ley Bases no otorgó facultades al Ejecutivo para cerrar un ente autárquico como Vialidad Nacional, que fue creado por ley hace más de 90 años. También advirtió que el decreto 461/2025 podría provocar:
Traslados forzosos
Desvinculaciones encubiertas
Vaciamiento funcional del organismo
Además, el artículo 32 del decreto fue cuestionado por condicionar la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, violando convenios colectivos de trabajo y derechos constitucionales. “Toda disposición que altere estas garantías es nula de nulidad absoluta”, sostiene el fallo.
La posición del Gobierno
El Ejecutivo había oficializado el cierre de Vialidad Nacional el pasado 8 de julio, junto con la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de más de 9.000 kilómetros de rutas a privados. Según Adorni, la medida forma parte de un “proceso de desburocratización” del Estado y generaría un ahorro estimado de USD 100 millones anuales.
Además, justificó el cierre en antecedentes de corrupción como la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No se construyeron las rutas y la plata se la quedaban igual”, denunció el vocero.
Las funciones del organismo serían asumidas por la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, además de dos unidades del Ministerio de Economía.
Rechazo sindical y camino judicial
El amparo fue presentado por SEVINA, que también envió un petitorio a gobernadores y legisladores para frenar el cierre. En paralelo, otro recurso del Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina fue remitido al fuero Contencioso Administrativo Federal, luego de que la Justicia laboral se declarara incompetente.
Mientras continúa la batalla judicial, el Congreso debate iniciativas de gobernadores que buscan reactivar la obra pública federal y mantener con vida el organismo vial.
