En los últimos días, el Presidente Javier Milei acusó a los legisladores de “querer romper todo” y volvió a plantear su intención de vetar todas las normas “que afecten el equilibrio fiscal”, la base por la cual se estructura la política económica del Gobierno. Así, el jefe de Estado sumó una nueva polémica. En un acto en la Bolsa de Comercio aseguró: “Vamos a vetar y, si el veto se cae, lo vamos a judicializar”. De ese modo, El1 repasó qué quiere decir la frase y las repercusiones que hubo al respecto.
Primero, vale recordar que no es la primera vez que el Gobierno desliza la posibilidad de acudir a la Justicia. Tras la segunda Marcha Federal Universitaria, desde Casa Rosada habían señalado que si el Congreso no respaldaba el veto presidencial, la administración nacional evaluaría judicializar el tema. De hecho, el pasado 23 de agosto, días antes de que el Presidente firmara el veto a la movilidad jubilatoria, el portavoz presidencial Manuel Adorni había asegurado que “estaba en análisis” ir a la Justicia.
Veto presidencial
Como ya comentó este medio, el Artículo 83 de la Constitución Nacional faculta al Poder Ejecutivo a “desechar en el todo o en parte un proyecto”. En caso de un veto parcial, el Presidente puede promulgar y publicar en el Boletín Oficial la parte que no vetó. Si lo desecha en forma total, el documento regresará a su cámara de origen para discutirse nuevamente. En tanto, si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones del año en curso.
Ahora, hay una particularidad, y es lo que sucedió en 2024: 87 diputados (de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y el Movimiento de Integración y Desarrollo, entre otros) apoyaron el veto presidencial contra la ley que modificaba la fórmula de movilidad jubilatoria, la cual había sido aprobada con más de dos tercios en el Senado y en la Cámara de Diputados. Luego del respaldo, fueron agasajados por el Presidente, quien los calificó como “héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales”.
Sin embargo, este año Milei enfrenta un escenario de tensiones políticas con la mayoría de los gobernadores, que ya están tomando distancia, por ende con los legisladores que a ellos responden. De este modo, hay una preocupación central: que no alcancen los porotos en ninguna de las cámaras legislativas para respaldar sus vetos. ¿Qué es lo que quiere vetar el Presidente hoy?: seis iniciativas. Tres de ellas, ya son ley: el aumento excepcional y de emergencia para los jubilados (junto con la actualización del bono a 110.000 pesos), la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
Pronunciamientos sobre «judicializar» un veto
Lo cierto es que hubo pronunciamientos al respecto. Entre ellos, estuvo el del diputado nacional de Unión por la Patria, Daniel Arroyo, quien en comunicación con Radio Universidad, aseguró: “No hay razón para ‘judicializar’ y no veo cómo porque nosotros hicimos doce reuniones con instituciones y familias, aprobamos el proyecto en cuatro comisiones, fuimos dos veces al recinto para aprobarlo y fue al Senado y se votó por unanimidad”. “Iría a la Justicia por algo que se hizo con todo el procedimiento y la lógica”, sentenció.
Pero hay otro punto: para el Gobierno nacional, las leyes que obtuvieron sanción definitiva en la sesión del Senado “son ilegítimas” porque, según considera, la convocatoria a sesión no se ajustó al reglamento. “El Gobierno no va a dar por válida la sesión, la va a judicializar”, aseguró el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos. Así, distintos especialistas decidieron aportar sus conocimientos.
En sus redes, el abogado constitucionalista Félix Lonigro expuso: “La sesión del Senado es válida. Los días y horarios de las sesiones ordinarias se acuerdan en la sesión preparatoria que el Senado celebra los 24 de febrero de cada año. Si su presidente no las convoca formalmente, el cuerpo puede autoconvocarse”. Así, se abre una nueva polémica, ya que si Milei veta las normas, estaría legitimando la sesión que, consideró, era inválida.
