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sábado, julio 19, 2025

La Justicia suspendió el cierre de Vialidad Nacional y el Gobierno anunció que apelará

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Hace diez días, mediante el decreto 461/2025, el Presidente de la Nación, Javier Milei, disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo encargado de la planificación, el mantenimiento y la ejecución de la red de rutas del territorio argentino. Ahora, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió la decisión del Ejecutivo.

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El documento, que lleva la firma de la jueza federal Martina Forns, establece que el Poder Ejecutivo no puede avanzar con “reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas a la Dirección Nacional de Vialidad”. En ese sentido, la magistrada precisó que la vigencia de esta medida es “por el término de seis meses”.

Uno de los fundamentos de la resolución recuerda que el organismo es “una entidad autárquica de derecho público, con personalidad para actuar privada y públicamente conforme a las disposiciones del decreto ley que le dio origen, y a lo que establezcan las leyes generales de la Nación”, además de que “la relación laboral del personal se rige por la Ley de Contrato de Trabajo y el régimen de los trabajadores de la Dirección Nacional de Vialidad”.

El planteo del Gobierno sobre Vialidad

Como era de esperar, desde Casa Rosada expresaron que apelarán al fallo judicial. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni en su cuenta de X (antes Twitter): “El Gobierno apelará la suspensión del decreto que determina la disolución de Vialidad Nacional. Fin”.

Para el Gobierno, las actividades que realiza la Dirección Nacional de Vialidad “no se ajustan a las necesidades actuales de gestión, lo que se ve reflejado en la falta de agilidad en la ejecución de proyectos y en los altos costos operativos que debe afrontar el Estado”. De ese modo, señalaron que la disolución “es conveniente para optimizar el uso de los recursos públicos y preservar las funciones sustantivas del Estado dentro de un esquema de gestión más moderno y profesionalizado”.

Redacción

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