Barcelona
La ciudad de Barcelona se enfrenta a cifras alarmantes de pobreza infantil, que alcanza al 40,6% de los menores de 17 años, según los datos de la tasa Arope referentes al periodo 2022-23, ocho puntos más que en el 2021-22 y también un 8% más que en el conjunto de Catalunya. Para intentar reducir estas cifras, el Ayuntamiento de Barcelona ha presentó esta mañana en el Saló de Cent su estrategia hasta 2030, una batería de acciones presupuestadas en 607 millones de euros encaminadas a promover la educación, la salud, la alimentación, el ocio y un hogar adecuado para la población infantil y juvenil.
La teniente de alcaldía Raquel Gil asume que las causas de la pobreza que atenaza a los más pequeños son estructurales, que el reto es facilitar el acceso a la vivienda además de reforzar las políticas de formación y ocupación entendiendo que sin un enfoque “holístico” poco se avanza. El plan municipal esboza las líneas de trabajo, pero sin concretar detalles. Una de las acciones más ambiciosas que lleva años desarrollando Barcelona es un fondo de 14,5 millones de euros anuales que, en el 2024, prestó ayuda de urgencia a 35.000 familias con hijos de hasta 16 años. En esta nueva etapa se amplía esta prestación a los menores con discapacidad. Uno de cada diez niños y adolescentes de la ciudad se beneficia de este apoyo económico.
Las transferencias sociales son “ineficaces e ineficientes” para reducir la pobreza
La hoja de ruta plasmada en un documento por el Ayuntamiento hace hincapié en que la pobreza infantil “es un fenómeno estructural”, que hace mucho tiempo que está estancada en valores muy elevados, muy por encima de la media de la Unión Europea, del 24,8%. Por ello se considera que “las transferencias sociales son ineficaces e ineficientes” para rebajar los índices de la tasa Arope (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Ineficaces pues la pobreza solo se reduce en un 6,8% después de contabilizar todas las transferencias sociales e ineficientes por “el déficit en el diseño de las políticas existentes, principalmente del ingreso mínimo vital (IMV) y de la renta garantizada de ciudadanía (RGC)”.
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De los cinco ejes en que se sustenta la estrategia de Barcelona, el de protección social prevé una inversión de 177 millones de euros hasta el 2030; el de educación, ocio y comunidad, 174; vivienda y espacios adecuados, 159; salud y alimentación, 61, y educación y crianza de la primera infancia, 36. El acceso a la vivienda es un escollo, aunque dicha estrategia no fija medidas concretas en este sentido, al margen de acompañar a las personas afectadas por un proceso de desahucio, que ya se hace actualmente. Otro aspecto fundamental es fomentar la ocupación.
Barcelona destina 14,5 millones de euros al año para ayuda de urgencia a 35.000 familias con hijos
La comisionada de Acció Social, Sonia Fuertes, destaca que esta estrategia culmina un trabajo compartido con la Generalitat, otras administraciones y las entidades del Tercer Sector, además de recoger la opinión de la población infantil a través de diferentes programas de participación ciudadana.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo el Govern anunció la estrategia catalana contra la pobreza infantil, que este 2025 prevé un desembolso de 700 millones de euros y la implicación de todos los departamentos de la Generalitat. Una de las prioridades reiteradas por la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, es desplegar todo el potencial del Ingreso Mínimo (IMV) con su complemento CAPI de ayuda para la infancia. Se calcula que pueden optar al mismo el 44% de los hogares con menores a cargo de Catalunya. El CAPI está integrado en el IMV, pero es posible solicitarlo de manera independiente. El umbral de ingresos para pedirlo está fijado en 3.162 euros al mes para las familias formadas por dos adultos y dos niños, y su cuantía oscila entre los 57,50 y los 115 euros mensuales.
