En 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, Obras Sanitarias de la Nación (OSN) fue concesionada al consorcio privado Aguas Argentinas, liderado por Suez, bajo una promesa de mejora en calidad e infraestructura. Sin embargo, la experiencia terminó mal: aumentos tarifarios de hasta el 88 %, incumplimientos en inversiones (sólo se ejecutó entre el 19 % y 57 % de lo comprometido), mala prestación del servicio y contaminación de napas y ríos . En 2006, el Estado rescató AySA, estatizándola con un 90 % de acciones y 10 % para trabajadores .
Qué anunció el Gobierno hoy
- Se iniciará la privatización del 90 % de AySA, a través de licitación nacional e internacional, y una Oferta Pública Inicial (IPO).
- El 10 % restante seguirá siendo de los empleados, dentro del programa de propiedad participada .
- Según el vocero Manuel Adorni, desde 2006 hasta 2023 se destinaron unos USD 13.400 millones desde el Tesoro, con infraestructuras deterioradas, doble plantilla laboral y morosidad crecida del 4 % al 16 %.
- Se señala que solo USD 200 millones de los USD 4.800 millones gastados en el periodo reciente fueron destinados a obras, muchas concentradas en municipios ligados con la gestión anterior .
Crítica a la medida
- Historia que no fue superada
Privatizar AySA vuelve a tropezar con el mismo error de los años ’90: entregar un servicio esencial a privados sin suficientes garantías de inversión real ni protección social. Los antecedentes muestran que aumentó la tarifa y empeoró la calidad. - Argumentos insuficientes
Si bien la empresa tuvo desequilibrios financieros, la solución no pasa necesariamente por privatizar. Se podrían mejorar controles, eficiencia operativa, regulación tarifaria y negociaciones públicas–privadas que no impliquen la pérdida de control estatal. - Riesgo de tarifazos y falta de inversión social
El servicio de agua es un derecho humano básico. Convertirlo en un negocio puede derivar en aumentos tarifarios y en una cobertura desigual, afectando especialmente a barrios vulnerables donde la rentabilidad es menor. - Débil participación ciudadana
El proceso anunciado carece de auditorías independientes, participación efectiva de usuarios y mecanismos claros para garantizar calidad y acceso universal. La supervisión de la CNV es insuficiente sin contrapartes sociales sólidas.
La intención de modernizar AySA no puede sustentarse solo en la idea de reducir el peso estatal. Dada la historia reciente, la privatización total del agua representa un riesgo significativo para los usuarios y para la calidad del servicio. Antes de avanzar, debería garantizarse una regulación fuerte, supervisión ciudadana, protección de los sectores más vulnerables y una planificación clara de inversiones –aprendiendo de los errores del pasado.
