Un escándalo judicial sacude a la política de Jujuy y destapó que una cuantiosa caja de recaudación de la Justicia estaría siendo utilizada en beneficio del Ejecutivo de la provincia: se trata del Juzgado Contravencional 1, cuyo titular quedó imputado por posible desvío de más de 500 millones de pesos hacia el Estado provincial. La confesión de un policía retirado, la punta del ovillo que develó mecanismos que denuncian ahora también centrales sindicales locales.
«Mirá, tenés una multa de 800 mil pesos pero vos ibas al juzgado contravencional y arreglabas por 500 mil pesos y te liberaban el vehículo», declaró en las últimas horas el policía retirado Cristian Vargas, a la prensa jujeña. Él es parte de la denuncia contra el Juzgado Contravencional 1 de Jujuy que decantó en una investigación por malversación de fondos. Hasta el martes, ese juzgado estaba bajo la tutela del juez Matías Ustárez Carrillo, que presentó su renuncia ante el Gobierno en medio de las acusaciones.
En las últimas horas, el fiscal Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), imputó a Ustárez Carrillo por incumplimiento de los deberes como funcionario público. El relato de la denuncia de Vargas se encuadra en esa línea, que ahora la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) también señalan: el juzgado de Ustárez Carrillo habría estado sobre-recaudando y utilizando sus fondos en beneficio del Poder Ejecutivo.
El caso comenzó en septiembre de 2024, cuando se inició una investigación en la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública (UFECI) luego de la apertura de un celular en el que se encontraron vestigios de actividades ilícitas en la cadena de funciones del organigrama del Juzgado Contravencional 1.
«Todos sabemos desde que dieron el poder al Juzgado Contravencional del controlado de estampillas y de formar la unidad digital, que es el Fondo Especial de Seguridad (FES), para que el gobierno controle eso. Sabemos que hay muchísimo dinero recaudado por los numerosos trámites que realizamos toda la población, muchos eventos que también se realizan los fines de semana, sabemos que la recaudación es millonaria. Y todo eso realizaba el control, el Gobierno, a través del FES», comentó Vargas en las últimas horas, en diálogo con Radio 2.
Sin embargo, de otro rubro del que se encarga el juzgado en cuestión es del establecimiento, cumplimiento y cobro de multas. Continúa el relato de Vargas: «Hablamos de todo tipo de multas que se hacen en los diversos controles que se realizan no sólo los fines de semana, controles de alcoholemia, falta de alguna documentación en algunos vehículos, secuestro de vehículos. Por eso es que se ven muchas comisarías llenas de vehículos: le pedían al propietario que no retiraran los vehículos hasta tanto no pagaran las multas».
«Un ejemplo: tenés una multa de 800 mil pesos, pero vos ibas al Juzgado Contravencional 1, arreglabas por 500 mil pesos y te liberaban el vehículo», clarificó Vargas. La cuestión estriba en que de la recaudación por multas y otros mecanismos de punición fiscal llevadas a cabo por ese juzgado jujeño no hay rendición ninguna, y en eso se centra la investigación el MPA, a cargo del fiscal Diego Funes.
Según la investigación preliminar, la falta de rendición de cuentas ascendería por sobre los 500 millones de pesos, y el MPA tiene 48 horas para sostener con pruebas la denuncia.
En Jujuy la noticia corrió rápidamente y decantó en la presentación de la renuncia de Ustárez Carrillo el martes, pero Funes lo imputó.
Las repercusiones del caso: poca sorpresa y variadas responsabilidades
Desde centrales sindicales de trabajadores de la administración pública como CTA y ATE salieron a dar su versión de las cosas, en tanto también hay funcionarios de distintas áreas de fiscalización involucrados, además de una secretaria y otros empleados del juez imputado.
Fernando Acosta, de la CTA, sostuvo al respecto: «El juzgado fue utilizado para castigar, perseguir, recaudar… Y de paso, financiar campañas. Una caja enorme a disposición del Ejecutivo provincial. A veces se decía que el dinero iba para compras genéricas, pero jamás se supo qué se hacía exactamente con nada». Según los investigadores y los sindicalistas, no se conocen constancias de que el Juzgado Contravencional 1 haya informado alguna vez sobre la transferencia de fondos hacia el Poder Ejecutivo provincial.
El abogado constitucionalista local René Vicente Casas explicó al medio Jujuy al Momento que si bien son juzgados, los Contravencionales están en la esfera administrativa y no judicial, y que por ende «en la cadena de mando hay un secretario de Seguridad, un ministro de Seguridad y un Gobernador de la provincia, quienes no han dicho nada».
Juan Manuel Pulleiro, el secretario de Seguridad, al asumir en su cargo junto al gobernador Carlos Sadir.Sin embargo, el mismo martes en que Ustárez Carrillo presentó su solicitud de renuncia, el secretario de Seguridad provincial, Juan Manuel Pulleiro, explicó que la licencia fue aprobada por el gobernador Carlos Sadir, dado que «es de sentido común que un juez no pueda seguir ejerciendo funciones mientras tenga una imputación abierta en su contra”.
Por su parte, el Juzgado Contravencional 1 de Jujuy quedó bajo subrogancia temporal.
