Diario HOY | Bachi sobre cuentas de Abdo: “Las instituciones tienen que funcionar”

El senador colorado, Bachi Núñez, fue consultado sobre el millonario monto que Abdo Benítez tiene en un paraíso fiscal del exterior,según una investigación periodística firmada por el periodista Luis Gasulla, y cuyo monto no figura en sus declaraciones juradas.

“Como todo funcionario o exfuncionario, en este caso expresidente, las instituciones tienen que funcionar, todos podemos ser investigados y una vez que se cerciore que es cierto, la justicia tiene que actuar”, opinó.

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Consideró que, de ser cierto, el hecho es gravísimo y que debe ser investigado, pues, de haber sucedido lo mismo con Santiago Peña, las reacciones a estas alturas ya habrían sido un verdadero escándalo.

El expresidente Mario Abdo Benítez desmintió que tenga una cuenta en un paraíso fiscal y responsabilizó a los medios de Nación Media de la difusión de los datos, cuando en realidad, un medio argentino fue el que realizó la investigación.

Consultado al respecto, el abogado Ricardo Preda explicó que, si un expresidente tiene más de 20 millones en el exterior que no están consignados en su declaración jurada, amerita una investigación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y posibilidad de cohecho, ya que ejerció un cargo público.

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Una investigación realizada por el medio argentino Periodismo y Punto reveló la existencia de una millonaria suma de dinero a nombre de Mario Abdo Benítez y su esposa Silvana López Moreira en cuentas offshore.

La suma, que asciende a unos USD 21 millones, se encuentra distribuida entre dos cuentas bancarias de las islas Seychelles, a nombre de dos firmas distintas:

1- Star Capital Financial Services Ltd. (en el Credit MCB International Services Ltd.), abierta en noviembre del 2022.

2- Exchange Contracts International Finance Ltd. (en el Al Salam Bank – Seychelles Limited), abierta en septiembre del 2023.

Los documentos filtrados revelan que las cuentas están registradas a nombre de estas empresas, siendo los beneficiarios finales (beneficial owners) el expresidente paraguayo y la exprimera dama, quienes también figuran como únicos firmantes autorizados.

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La trazabilidad del dinero que forma parte de estas cuentas levanta ciertas suspicacias, que acrecientan aún más el manto de dudas sobre el origen del dinero. En tal sentido, se destacan las siguientes transferencias realizadas en ambas cuentas:

Cuenta 1 – Star Capital (entre noviembre 2024 y mayo 2025):

*USD 1.7 millones (Winward Brokerage LLC)

*USD 1.4 millones (Consultancy Limited)

*USD 1.0 millones (Sports Marketing Plus Ltd.)

*USD 850.000 (Capital Holdings Limited)

Cuenta 2 – Exchange Contracts (entre octubre 2024 y marzo 2025):

*USD 900.000 (Capital Corporate Services Ltd.)

*USD 600.000 (Capital Corporate Services Ltd.)

*USD 820.000 (Heyue Investments Ltd.)

*USD 750.000 (Contract Consultancy Corporation)

*USD 950.000 (Contract Consultancy Corporation)

La investigación del medio argentino detalla que las entidades emisoras están vinculadas a paraísos fiscales o estructuras jurídicas de baja trazabilidad, dificultando así determinar con precisión la procedencia de los fondos.

Un aspecto relevante a considerar es que las cuentas de Abdo Benítez recibieron grandes transferencias de dinero, sin embargo, no registran movimientos de salida, consumos ni inversiones detectables, por lo que estarían siendo utilizados como “reservas de capital”.

Este tipo de cuenta es habitual en esquemas de ocultamiento patrimonial, donde se fondea la cuenta y el dinero permanece allí, inmóvil, o se cambia por bonos soberanos de bajo riesgo, como los del Tesoro de Estados Unidos.

Otro punto a considerar es el lugar en que fueron abiertas estas cuentas. Seychelles, como otras jurisdicciones ‘offshore’, ofrece opacidad estructural, ya que no exige revelar públicamente los beneficiarios reales y tampoco coopera de forma automática con investigaciones periodísticas ni judiciales extranjeras.

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Desde el Gobierno de Estados Unidos ya habrían tomado intervención en el caso, poniendo en el radar estas cuentas registradas a nombre del exmandatario, conforme a datos manejados por los autores de la investigación periodística.

Tal es así que las cuentas de Star Capital y Exchange Contracts tendrían una alerta de las agencias norteamericanas y serían catalogadas como “WARNING”, nomenclatura de advertencia ante posibles actividades sospechosas.

El objetivo de EE.UU. sería llevar a cabo la trazabilidad del dinero y obtener información sobre los beneficiarios reales, en el marco de sus programas contra el lavado de dinero y la corrupción transnacional.

La Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) días atrás culminó con éxito la Operación Mbaracayú III, desarrollada en coordinación con la Fundación Moisés Bertoni, dentro de la Reserva Natural del Bosque Mbaracayú.

Tras varios días de incursiones aéreas y terrestres, los agentes antidrogas lograron erradicar unas 25 hectáreas de cultivos ilícitos de marihuana, además de desmantelar 3 campamentos narcos.

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Haciendo una contabilización de los anteriores procedimientos llevados a cabo por el ente estatal, ascienden a 134 hectáreas de plantaciones de cannabis destruidas hasta la fecha dentro de la reserva natural.

Asimismo, se lograron anular más de 416 toneladas de la droga en lo que va del 2025, como resultado de las operaciones Mbaracayú I, II y III, detalla el informe.

Se calcula que el perjuicio económico a las estructuras del narcotráfico alcanza los USD 11 millones, teniendo en cuenta el valor de referencia en el mercado brasileño.

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La expansión narco en la Reserva Mbaracayú es un tema de suma preocupación para las autoridades, razón por la que la SENAD, en conjunto con la Fundación Moisés Bertoni, deciden impulsar una serie de acciones coordinadas en el lugar.

De acuerdo con las estimaciones de impacto forestal, para habilitar las 134 hectáreas detectadas se derribaron entre 90.000 y 100.000 árboles nativos dentro de esta zona boscosa protegida.

La fiscal Diana Gómez, de la Unidad de Delitos Informáticos, acusó formalmente a Luis Augusto Montanaro Bedoya y pidió que enfrente juicio oral.

Según la acusación, Montanaro habría difundido, sin consentimiento, imágenes y videos de contenido íntimo que pertenecían a su entonces pareja, accediendo a dichos archivos durante la relación sentimental que mantuvieron.

Los materiales fueron presuntamente compartidos mediante el servicio de mensajería WhatsApp a terceros, lo que fue advertido por personas cercanas a la víctima.

El caso fue denunciado en julio de 2024, y desde entonces se recabaron diversos elementos que sostienen la acusación presentada por el Ministerio Público.

La conducta atribuida está tipificada como una vulneración al derecho a la imagen y a la intimidad, protegidos por ley.