En un giro inesperado dentro de la prolongada disputa judicial por la expropiación de YPF, Burford Capital presentó este lunes un escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el que cuestiona duramente al gobierno de Estados Unidos por su reciente intervención en el caso como amicus curiae en respaldo de la posición argentina.
La firma de financiamiento de litigios con sede en Londres, que adquirió los derechos del juicio iniciado por Petersen Energía, solicitó formalmente al tribunal que no admita el escrito del Departamento de Justicia estadounidense, al que calificó de «sumamente inusual» y basado en «premisas erróneas».
El reclamo de Burford se enmarca en un momento clave del proceso: la Corte deberá decidir esta semana si suspende o no el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones de YPF como parte de pago de la sentencia por USD 16.000 millones, cifra que ya supera los USD 17.500 millones con intereses.
En su presentación, Burford acusó al gobierno de EE.UU. de actuar con desconocimiento y sin fundamentos sólidos, al tiempo que denunció que los fiscales norteamericanos no respondieron a los intentos de la empresa para mantener una reunión previa. «La prisa y el desconocimiento del gobierno quedan patentes en su escrito», indicaron desde el estudio.
Además, criticaron que el respaldo de Washington a la postura argentina podría perjudicar a los inversores internacionales y debilitar el respeto a los fallos de tribunales federales estadounidenses, lo que -según afirman- contradice los principios que tradicionalmente defiende la Casa Blanca. «Cuesta entender cómo se benefician los objetivos de política exterior de Estados Unidos al alentar a países extranjeros a perjudicar a los inversores y desoír fallos judiciales», señalaron.
El escrito de Burford también cuestionó el impacto que tuvo la intervención estadounidense en la Argentina. «La prensa y funcionarios públicos interpretaron el apoyo como una señal de que el país no tendrá que pagar la sentencia», lo que, según la firma, complica cualquier posibilidad de negociación.
Del lado del gobierno argentino, la Procuración del Tesoro que encabeza Santiago Castro Videla celebró el respaldo. «No se trata de un apoyo menor ni debe naturalizarse», afirmaron desde el organismo, recordando que en 2019, bajo los gobiernos de Mauricio Macri y Donald Trump, el gobierno norteamericano había apoyado la posición contraria, rechazando la inmunidad alegada por Argentina en otro tramo del mismo caso.
La intervención actual, firmada por Jay Clayton y Sean Buckley del Departamento de Justicia, solicita la suspensión del fallo de Preska bajo el argumento de que su ejecución podría causar un «daño irreparable» al país, comprometiendo su posibilidad de recuperar las acciones si la apelación resulta favorable.
El nuevo capítulo judicial vuelve a tensar las relaciones en el caso YPF, que ya lleva más de una década de litigio y cuyas repercusiones podrían tener impacto no solo económico, sino también diplomático.
